El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha planteado la supresión de las sujeciones químicas o mecánicas en las residencias y solo cabrá la excepción de forma temporal y controlada, según han informado fuentes del departamento que dirige Ione Belarra.
Así se refleja en el acuerdo de acreditación y calidad de centros y servicios que el Ministerio está trabajando en el diálogo social con sindicatos y patronal. Según precisan las mismas fuentes, aunque está aún en mesas de negociación, nadie ha manifestado hasta ahora problemas con este punto.
Según la redacción actual del documento, se deberá garantizar una «atención libre de sujeciones» a todas las personas atendidas en centros residenciales, ya sean estas sujeciones «físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas».
Además, los centros deberán tener el compromiso formal respecto a esta atención libre de sujeciones que se acreditará mediante la existencia de un ‘Plan de reducción/supresión de sujeciones’.
De acuerdo con el texto, solo se podrán utilizar sujeciones con «carácter excepcional y temporal» y la decisión de aplicarlas estará sometida, en todo caso, a un «procedimiento documentado» que cuente con supervisión facultativa, consentimiento informado, determinación de tiempos y formato de la sujeción y la valoración de necesidad de comunicación al Ministerio Fiscal, así como con un análisis de riesgos.
Asimismo, precisa que «excepto en intervenciones puntuales de urgencia», no se implantará ninguna sujeción hasta que se haya constatado el «fracaso de otras medidas alternativas», debidamente documentadas y detalladas sobre aquellos intentos alternativos realizados, los motivos de su fracaso y las consecuencias que se hubieran producido.
El procedimiento para la adopción de sujeciones deberá, además, prever un protocolo documental específico para aquellos casos de urgencia en los que exista riesgo de integridad de la persona residente, de las personas cuidadoras o de terceras personas y no se puedan respetar las consideraciones contempladas en el apartado anterior.
Según la redacción actual, la persona residente sometida a sujeciones físicas o químicas será mantenida en «condiciones dignas» y «bajo el cuidado y supervisión inmediata y de forma regular» de personas profesionales del centro.
En todo caso, se insiste en que estas medidas siempre tendrán carácter «temporal» y se plantea, para estas personas, diseñar planes personales de reducción de sujeciones que contemplen la planificación de estrategias alternativas de apoyo positivo.
Finalmente, señala que todos los casos de sujeción física o química quedarán registrados en el historial de la persona residente; serán objeto de reporte a la Inspección cuando ésta lo requiera y se proporcionará formación al personal de atención directa en la atención libre de sujeciones.
Precisamente, el pasado miércoles, el diario El País adelantó que una mujer mayor con alzhéimer había muerto asfixiada por las correas empleadas para sujetarla a la cama en su residencia en el municipio madrileño de Villa del Prado, el pasado mes de junio.
Además, señalaba que este mismo centro de mayores estaba siendo investigado por la Fiscalía por el posible homicidio imprudente de otra mujer en 2019, que salió del centro sola en silla de ruedas y falleció tras caer por una rampa y chocar con un muro.
