La titular del Juzgado de Menores de Ceuta ha condenado a un chico de 15 años natural de la ciudad autónoma a un año de internamiento y otro de libertad vigilada como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa con agravante de abuso de superioridad por su participación en la paliza con agresiones de arma blanca que otro joven español de 17 años sufrió la madrugada del pasado 25 de julio en una playa del centro de la localidad española norteafricana, suceso que Vox ha intentado repetidamente atribuir a migrantes marroquíes llegados a territorio nacional durante la crisis de mayo de 2021.
Según el relato de hechos probados recogido en la sentencia, a cuyo contenido íntegro ha tenido acceso Europa Press, el único menor procesado –los adultos deberán ser juzgados por la Audiencia Provincial de Cádiz– se enfrascó en una discusión con la víctima «por la desaparición de un trozo de hachís» que terminó con varias personas propinándole «golpes y patadas con el ánimo de acabar con su vida», el lanzamiento de una piedra y agresiones con un arma blanca y una botella rota.
La magistrada ha dado credibilidad al testimonio de la víctima, que conocía al condenado previamente sin que existiese enemistad entre ambos, por encima de los seis testigos escuchados, que «incurrieron en ambigüedades, vacilaciones y significativas contradicciones, tanto entre sí como respecto a sus anteriores manifestaciones en fase de instrucción».
«Eran nueve o diez contra uno, circunstancia conocida y aprovechada por todos los agresores que se reunieron y concertaron para atentar contra la integridad física de la víctima, aprovechándose así de la casi imposible resistencia que el perjudicado podía ofrecerles», justifica la jueza el agravante aplicado.
Vox aprovechó el suceso, pese a que desde las primeras horas la investigación policial señaló a ciudadanos españoles como presuntos agresores, para culpar del apuñalamiento a «inmigrantes ilegales», y para presentar el caso como «la gota que colma el vaso de la paciencia de la ciudadanía» tras la avalancha migratoria de mayo por supuestamente consentir las autoridades «que todo tipo de maleantes deambulen por la calle increpando, agrediendo y causando infinidad de problemas».
La formación de Santiago Abascal instigó la convocatoria de una concentración ante la Delegación del Gobierno por estos hechos, aunque sus líderes locales evitaron participar en la movilización a última hora, y su Grupo Parlamentario en el Congreso ha seguido preguntando durante meses por «cómo accedieron a nuestro país» los detenidos por la agresión, todos ellos de nacionalidad española.
Una vez desmentida su versión del suceso, el presidente de Vox en Ceuta, Juan Sergio Redondo, ha denunciado la existencia en la ciudad autónoma de «manadas de magrebíes con DNI», y ha remarcado que «para ser español hace falta algo más que papeles», en línea con los calificativos de «promarroquíes» y «quintacolumnistas» del Reino alauita que su partido ha venido dirigiendo a parte de la sociedad local, compuesta en un 50% por españoles de religión musulmana, desde la crisis migratoria del año pasado.
