La Comunidad de Madrid comenzó el año rodeada de polémica. Durante los primeros días del año la policía daba a conocer la ‘Operación Sana’ que desarticulada un grupo dedicado a la explotación sexual de menores de edad. El centro se sitúa en la capital española y todos pusieron el foco en el Ejecutivo madrileño, acusándoles de que dicho locales se encuentran bajo la tutela de la comunidad. Según ha podido saber MONCLOA.com, en la Comunidad de Madrid denunciación en varias ocasiones la situación de dichos centros mientras, tanto la policía como los tribunales, se quedaban de brazos cruzados.
Las Fuerzas de Seguridad del Estado explicaron que, como resultado de la investigación, habían sido arrestadas varias personas que se dedicaban a prostituir a las jóvenes a cambio de dinero o de droga y las utilizaban para la venta de sustancias estupefacientes. Además, como resultado del dispositivo fueron liberadas 10 víctimas y los agentes pudieron detener a 10 personas como presuntos responsables. Desde la Jefatura Superior de la Policía de Madrid explicaron a MONCLOA.com que cuatro de las menores explotadas estaban, en el momento de la investigación, «relacionadas con centros de menores de la Comunidad de Madrid».
El territorio dirigido por Isabel Díaz Ayuso en octubre de 2021 puso cartas en el asunto para paliar la situación que algunos jóvenes de estos centros estaban viviendo. Así, solicitaron al Ministerio Fiscal la privación de salida una de las menores. La región pretendía proteger a la menor y para ello pidieron que se limitara su salida del centro. Pero, desafortunadamente, en el equipo de Ayuso no obtuvieron respuesta por parte del juez que tenía autorizar dicha actuación de protección para la jóvenes que residía en unos de estos centros de la comunidad.
Esa no es la única vez que la comunidad ha intentado involucrarse en lo que ocurre en estos centros. La región dirigida por Isabel Ayuso Díaz, durante el año 2021, emitió múltiples denuncias ante la pasividad de las fuerzas de Seguridad. El número de requerimientos que emitieron fueron 5.000, de las cuales 84 de ellas afectaban a las menores víctimas de la ‘Operación Sana’. Desde Gobierno de la capital, aseguran que todavía no han recibido respuesta por parte de ningún juez, impidiendo que la comunidad pueda tomar partida en dicha cuestión.
Tras el estallido de la noticia de la ‘Operación Sana’ con el desmantelamiento de la red de explotación sexuales a menores, muchos pusieron el foco en la Comunidad de Madrid, como Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de Podemos. El político compartió un tweet con la noticia y aprovechó la ocasión para deslizar la responsabilizar a la presidenta madrileña, un patinazo de Monedero al acusar a la región de tutelar niñas explotadas. Sin embargo, la Comunidad de Madrid no tardó en desmentir estas acusaciones y, también a través de su cuenta en esta red social, contestó asegurando que se trataba de unas afirmaciones falsas. También explicó que «las menores captadas por la organización y liberadas durante la operación policial no estaban tuteladas por la Comunidad de Madrid«.
‘OPERACIÓN SANA’
En el transcurso de la investigación policial, las fuerzas de seguridad descubrieron que los integrantes de la banda contactaban con las menores a través de las redes sociales. La primera toma de contacto les servía para ir acercándose a las menores y ganarse su confianza poco a poco. Una vez que la primera parte estaba completada, las utilizaban con el fin de ofrecer servicios sexuales a los clientes a quienes suministraban sustancia estupefacientes. En algunos casos, incluso las obligaban a distribuir ellas mismas la droga a bordo de patinetes y, tras haber realizado la entrega, eran agredidas sexualmente por los propios consumidores. En otras ocasiones, la forma de actuar era distinta, trasladaban a las menores a un polígono de Madrid donde, tras realizar las ventas de drogas, ofrecían a los clientes mantener relaciones sexuales con las jóvenes.
Durante la operación descubrieron dos establecimiento clave, uno situado en el barrio madrileño de Usera. Según el comunicado de la Policía, una de las víctimas había permanecido retenida durante tres días en una habitación de un narcopiso situado en dicha ubicación. La segunda localización se encontraba en Puente de Vallecas, barrio donde los agentes hallaron un zulo oculto en una peluquería del distrito. Este establecimiento contaba con agujero sin iluminación y con una cama donde se llevaban a cabo las prácticas sexuales. Además, la policía también descubrió una cámara fotográfica que actualmente está siendo analizada, por si «pudiera contener material pornográfico de las menores». El dispositivo ha concluido con la liberación de las 10 víctimas y con un total de 37 personas detenidas como presuntas responsables de los delitos de agresión sexual, prostitución de menores, tenencia de pornografía infantil, detención ilegal y delito contra salud pública. Además, tras pasar a disposición de la autoridad judicial se decretó el ingreso en prisión de ocho de los arrestados.
