Rodolfo Martín Villa, el exministro de Relaciones Sindicales y Gobernación, lo que hoy en día es el departamento de Interior, ha decidido renunciar a la Medalla de Oro de Barcelona después de que el Tribunal Superior de Justicia de la capital catalana revocase la iniciativa del Ayuntamiento catalán que intentaba quitársela. El acuerdo fue promovido por la alcaldesa de la ciudad condal, Ada Colau, que en el año 2017 decidió retirar la distinción al expolítico. Ahora, tras ganar ganar el proceso judicial gracias a que los juzgados le han dado la razón, Martín Villa ha anunciado que la devolverá al Consistorio el galardón.
Los tribunales de Barcelona dieron la razón al antiguo político a través de una sentencia emitida el pasado jueves. Así, la Sala de lo Contencioso-Administrativos de los juzgados de barceloneses declararon nula la resolución aprobada por el pleno de la capital catalana el 31 de marzo de 2017, en la que acordó retirar la medalla de Oro que la ciudad entregó a Rodolfo Martín Villa en el año 1976. Los partidos que votaron a favor de esta iniciativa para la retirada de la condecoraron al exministro fueron Junts per Catalunya, ERC, PSC y la CUP. Por su parte, el partido liderado por Inés Arrimada, Ciudadanos, decidió abstenerse en la votación, mientras que el Partido Popular emitió su voto en contra.
Los motivos que llevaron al Ayuntamiento a poner en marcha esta retirada fueron por su «responsabilidad en la política represiva de la dictadura». Sin embargo, los Tribunales catalanes consideran que despojar a Martín Villa de dicho reconocimiento supone un nuevo juicio de valor sobre unos hechos que ya se conocían con le otorgaron la medalla. Y es que, el informe del equipo de Ada Colau considera que la acción política de Martín villa se desarrolló «dentro de las estructuras fascistas del régimen, de la Falange Española, de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS) y del partido único de la dictadura, el Movimiento». Además, hacen responsable al exministro de las persecuciones, maltrato, tortura y vejaciones que la policía de la dictadura practicó durante aquellos años.
Tras conocer la iniciativa para despojarle de Medalla de Oro, Martín Villa recurrió y denunció la decisión del Consistorio de quitársela, negándose en todo momento ha devolverla. Además, presentó varias alegaciones en las que explicaba que era merecedor de dicho reconocimiento, y, cuando finalmente el Ayuntamiento de Barcelona suspendió la medalla en marzo del 2017, el expolítico decidió pasar a la acción y recurrió la medida ante los tribunales. En un primer momento la Justicia decidió desestimar el recurso, aunque Martín Villa no cesó en su empeño de recuperar lo que era suyo, e interpuso un recurso de apelación ante el TSJC.
Ahora lo Tribunales han dado la razón al exministro al revocar la iniciativa promovida por el ejecutivo de Barcelona. Y es que, la sentencia considera que es posible retirar una medalla, pero solo sería posible despojarle del distintivo cuando los actos que dieron lugar a la condecoración no se conocieran en el momento que se otorgó la medalla y de haberse sabido no se hubiera concedido la distinción. Tras demostrar que tenía razón y que la Medalla de Oro es un distintivo que le pertenece y del cual es merecedor, Martín Villa ha decidido renunciar a él y devolverlo al consistorio.
Esta no es la primera vez que la Justicia da un mazazo a la edil barcelonesa, ya que actualmente está siendo investigada por presuntamente haber cometido prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. Estos delitos habrían sido cometidos al conceder subvenciones y contratos a empresas afines a su partido político, Barcelona en Comú. El juzgado de instrucción 21 de Barcelona tiene abierto un procedimiento derivado de una querella presentada el pasado mes de diciembre de 2021 por la Asociación para la Transparencia y la Calidad Democrática contra la alcaldesa de Barcelona por los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionario público. Los delitos presuntamente cometidos por la edil barcelonesa atañen a las subvenciones otorgadas de forma directa a varias entidades sociales. Así, los beneficiarios de estas ayudas serían Observatori DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAC), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la asociación Enginyeria Sense Fronteres (ESF).
Unos hechos que, en caso de confirmarse finalmente por los juzgados y declara culpable de estas acciones a Ada Colau, podría salirle caro. Y es que, el Código Ético de Barcelona en Comú es muy específico con estos temas, ya que cuentan con un apartado sobre las medidas para combatir la corrupción. Estas normas son por las que se deben regir todos los integrantes de la formación, entre los que se encuentra la alcaldesa de la ciudad catalana, la cual también debe obedecer dichas reglas. Respecto a la corrupción, la normativa del grupo estipula: «Compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas».
