El Parlament catalán ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra la decisión de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar el escaño al diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa de la Cámara, Pau Juvillà, condenado a seis meses de inhabilitación por un delito de desobediencia. La Cámara ha pedido, como medida cautelar, que no se le retira el acta al dirigente «hasta que la controversia jurídica entre las partes sea resuelta judicialmente».
En el escrito firmado este mismo viernes, los servicios jurídicos del Parlament han impugnado el acuerdo de la JEC del pasado 20 de enero por el que se dejó sin efecto la credencial de diputado de Juvilla al declarar que concurría sobre él la causa de inelegibilidad sobrevenida.
La decisión de la JEC y el recurso ahora presentado tienen lugar a raíz de la sentencia emitida el pasado diciembre por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El dirigente de la CUP fue condenado a seis meses de inhabilitación y a una multa de 1.080 euros por negarse a cumplir las resoluciones que exigían la retirada de lazos amarillos en el ayuntamiento de Lleida en 2019, cuando era concejal.
Tanto Ciudadanos como Vox y el PP reclamaron que se le retirara el acta de diputado y elevaron un escrito a la Junta Electoral Central para pronunciarse sobre el tema. Finalmente, el órgano ha dado un plazo de cinco días a la presidenta de la Cámara, Laura Borràs, para cumplir el acuerdo y retirar el escaño de Juvillà. ERC, Junts y la CUP han reafirmado su voluntad de mantener su acta de diputado.
En el recurso de 14 folios, los servicios jurídicos han insistido en que la decisión de la JEC de dejar a Juvillà sin escaño no solo afecta al dirigente de la CUP, sino que «también afecta al Parlamento de Cataluña». En este sentido, ha defendido que la Cámara aprobó en diciembre una resolución en la que se declaró que no concurría «ninguna causa de incompatibilidad sobre el diputado» ni «ninguna otra circunstancia que afecte a su condición».
«En tanto que dicha resolución del Parlamento se contrapone jurídicamente al acuerdo de la Junta Electoral Central, esta representación defiende que la legitimación del Parlamento no ofrece duda alguna», señalan los servicios jurídicos, que han subrayado que tienen un «interés legítimo» para impugnar el acuerdo de la JEC y que no actúan «por simple interés de preservar la legalidad».
MEDIDA CAUTELAR
En el marco del recurso, el Parlament ha pedido –como medida cautelar– la suspensión de los efectos del acuerdo de la JEC, «puesto que su aplicación puede llegar a frustrar la finalidad legítima del recurso».
Ha insistido en que retirar el escaño a Juvillà «incide de lleno en el derecho de participación política» tanto en el sufragio activo como en el pasivo y que, de hacerse efectivo, «tendría efectos irreparables» por privarle del ejercicio de su cargo y por la dificultad de poderlo recuperar en caso de que de una sentencia que estime el recurso.
Los servicios jurídicos han subrayado que «este es un problema de suficiente entidad como para justificar que, mientras no se resuelva la cuestión de fondo, debe prevalecer el mantenimiento del statu quo que refleja la composición actual del Parlament».
Desde la Cámara han defendido que «concurren todos los requisitos para que deba actuar la tutela judicial en forma de suspensión del acto impugnado». Y han asegurado que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo ha reconocido que aunque la Administración es competente para ejecutar sanciones, «tal posibilidad no es absoluta ni incondicionada».
EL CASO DE QUIM TORRA
En el marco de su acuerdo, la JEC recordó el precedente de la pérdida de escaño de Quim Torra tras su condena por negarse a quitar lazos amarillos. Así, reafirmó que Juvillà debía dejar de ser diputado conforme a la Ley Electoral y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Al hilo de sus alegaciones, los servicios jurídicos han precisado que en este caso, a diferencia del precedente relativo a Torra, «no ha habido una inactividad del Parlamento sino que se ha aprobado un acto parlamentario que se contrapone jurídicamente al acuerdo de la Junta Electoral Central».
El Parlament ha interpuesto el recurso después de que el pleno de la Cámara aprobara el martes presentarlo ante el Supremo. La decisión se tomó con el apoyo de ERC, Junts, la CUP y los comuns; el rechazo de Vox y Cs, y la abstención del PSC-Units, según ha recordado el Parlament en un comunicado.
