El secretario general de Junts, Jordi Sànchez, ha presentado este lunes una querella ante el Tribunal Supremo en la que acusa al presidente del Partido Popular (PP), Pablo Casado, de un delito de calumnias con publicidad por sus declaraciones de diciembre en las que sostuvo que alguien –por Sànchez– que había destrozado un coche de la Guardia Civil y que había instigado con un megáfono a la violencia contra las administraciones del Estado no le iba a dar lecciones de legalidad ni de democracia.
La querella, fechada este 31 de enero, señala que Casado pese a ser diputado en el Congreso «no goza del privilegio de inviolabilidad previsto en el artículo 71.1 de la Constitución Española» en relación con la conducta incorporada en el escrito porque la doctrina jurisprudencial señala que ese privilegio «tiene por finalidad garantizar la autonomía y funcionamiento regular de los órganos parlamentarios». Se presenta después de que no fructificara el acto de conciliación entre ambos.
Recuerda que en una sentencia del Constitucional queda reflejado que «tal protección decae cuando los actos hayan sido realizados por su autor en calidad de ciudadano (de político incluso), fuera del ejercicio de competencias y funciones que le pudieran corresponder como parlamentario».
Indica la querella que esa doctrina la ha seguido la Sala de lo Penal del Supremo reiteradamente y recuerda que los hechos objeto de esta querella ocurrieron el domingo 19 de diciembre de 2021, cuando el PP publicó en su cuenta de Twitter un vídeo de Casado en Zaragoza donde acusó a Sànchez de instigar a la violencia.
Esa reacción de Casado se producía después de que desde Junts anunciaran otra querella previa por un delito de odio contra Casado después de que sostuviera que en las escuelas de Cataluña los profesores tenían instrucciones para no dejar ir al baño a los niños que hablaran en castellano.
Tras el vídeo de Twitter, el propio Casado en su cuenta compartió el siguiente mensaje: «El mundo al revés: un delincuente condenado a 9 años de prisión por dar un golpe al Estado y destrozar patrullas policiales denuncia a quien exige cumplir la ley y la convivencia. No nos callarán ni los que alientan el odio a España y atacan a niños, ni sus cómplices de Moncloa».
CONSCIENTE DE LA FALSEDAD
Por eso, Sànchez considera que Casado ha incurrido en un delito de calumnias difundidas con publicidad porque le atribuyó «hechos constitutivos de graves delitos como los de odio o de enaltecimiento al terrorismo». Y añade en la querella que el líder del PP era «plenamente consciente de su falsedad» porque cualquier residente del Estado español mínimamente atento a la actualidad política y judicial sabe que las declaraciones «contradicen los hechos probados» en la sentencia del ‘procés’.
Recuerda al hilo que Casado es licenciado en Derecho, por lo que se le presupone capacidad y conocimientos jurídicos «muy por encima de la media». Y apunta que en la página 380 de la sentencia del Supremo «se concluye que los vehículos de la Guardia Civil fueron dañados por algunos manifestantes no identificados, pero en ningún caso por el Sr. Jordi Sànchez».
Sobre la afirmación de que instigó a la violencia, le recuerda en la querella que «desde el inicio de las primeras manifestaciones multitudinarias en Cataluña a favor de la independencia, el 11 de septiembre de 2011, el movimiento independentista catalán se proclamó categóricamente pacifista».
«Poner en duda el carácter pacífico del Sr. Jordi Sánchez i Picanyol en su condición de líder civil del movimiento independentista catalán supone para el querellante uno de los mayores ataques imaginables a su honra. Cuestionar sucompromiso con el pacifismo constituye una deformación insoportable de su persona como forma de auto-proyección en la sociedad», comentan.
ACUSACIONES «DELIRANTES»
Tras esto, la querella de Sànchez indica que están ante «acusaciones de delitos gravísimos, absolutamente delirantes y sin ningún tipo de contacto con la realidad», y añade que «la falsedad de las imputaciones es tan flagrante que cualquier intento de demostrar que no son ciertas resulta indigno».
Entienden que Casado no se puede amparar en la libertad de expresión y recalcan que si bien los políticos deben estar expuestos a la crítica, el TC no avala la pérdida del derecho al honor, y fija los límites en que las manifestaciones problemáticas tengan interés público, sean necesarias y proporcionales.
Recuerda que «las ofensas vertidas contra la persona de Jordi Sànchez» por Casado no se enmarcaban en un debate político de interés general y son completamente «gratuitas», además de que los hechos «son manifiestamente falsos». Y apunta que en caso de que no sea constitutivo de un delito de calumnias, serían en todo caso calificables de injurias. Tras esto, interesa en la querella la declaración de Casado.
