El PSOE tiene una serie crisis interna porque, pese a lo que diga el CIS de Tezanos, los datos que manejan no son buenos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no las tiene todas consigo para revalidar su estancia en la Moncloa y la maquinaria de Ferraz ya se ha puesto manos a la obra para buscar la estrategia electoral más adecuada para conseguir el máximo número de votos. Mientras que otras formaciones como el Partido Popular se centrarán en señalar con luz y taquígrafos la mala gestión del Gobierno (subida histórica del IPC, nuevos impuestos, desgaste de la pandemia…) el PSOE tiene claro dónde está su principal nicho de voto: los pensionistas. Hablar de este colectivo es referirse a nada menos que 8,9 millones de españoles. Solo teniendo en cuenta que el Partido Socialista obtuvo el 10 de noviembre de 2019 6.792.199 votos, queda claro que es un colectivo importante al que intentar seducir. Prueba de ello es que este mes de enero el Consejo de Ministros ha aprobado subir las pensiones un 2,5%. Y habrá que esperar a 2023, donde la subida será «mucho mayor», si cabe.
Evidentemente, el PSOE considera que cuenta con esos seis millones de votos, pero es consciente de que referirse a pensionistas, parados y funcionarios supone ya una buena cantidad de votantes. En total, estos colectivos que dependen de prestaciones públicas suman unos 14 millones de personas. 8,9 son pensionistas, 2,7 son funcionarios que dependen del Gobierno central y 1,8 son parados con una prestación por desempleo. Es decir, que el Ejecutivo sufraga los salarios de nada menos que 13,4 millones de españoles a los que el Gobierno puede llegar a través de su cuenta corriente. Y no es casualidad que se haya empezado directamente por los pensionistas; el más grande de estos tres grupos. Aún así, el PSOE no quiere dejar tirados a los funcionarios y a los parados. Todo se andará, pero mejor cuanto más cerca estén las elecciones y cuando se cuente con el dinero de los fondos covid procedente de Europa.
Lo que cuentan las fuentes de Ferraz es que el PSOE planea una subida importante de los sueldos de los funcionarios y de los pensionistas. Ya esta semana se ha anunciado tras el Consejo de Ministros que las pensiones se revalorizarían un 2,5%, algo que costará a las arcas públicas nada menos que 10.745 millones de euros al año, tras aplicarse esta subida. Estas fuentes detallan que lo de este mes de enero es para calmar los ánimos de quienes han visto cómo el IPC ha subido más de un 6% en poco tiempo.
Lo «gordo» vendrá, tal y como detallan las fuentes, en enero de 2023. Con la recuperación encarrilada y con los fondos covid previsiblemente entrando en las arcas del Estado, el Gobierno socialista prevé seducir a este colectivo con una de las mayores subidas de las pensiones de la historia. La idea es que el 2023, un año claramente electoral dado que se celebran todos los comicios de golpe, los pensionistas lo encaren con una subida más que notable de su pensión. Poco le importa al Gobierno de dónde sacar ese dinero. Se habla de más impuestos a la gasolina, de peajes o de la regularización de las criptomonedas, pero lo que importa es que los pensionistas podrán gritar que el PSOE les cuida mucho más que cualquier otro partido del elenco parlamentario. Sobre los funcionarios, la estrategia es similar, aunque no verán que sus salarios crecen de forma muy abultada. La idea del Ejecutivo es otra más rentable a nivel electoral: crear más puestos.
En 2021, el Gobierno lanzó la mayor oferta de empleo público de la historia. El Consejo de Ministros acordó en verano de este mismo año aprobar una convocatoria para nada menos que 30.445 plazas, un 8,5% más que el año anterior. Hay que tener en cuenta que desde 2018 se han ofrecido más de 109.718 puestos públicos. Esto no es casualidad ni una tendencia que el Gobierno pretenda frenar. A más funcionarios, más potenciales votantes. Y cuando se anuncie una subida del sueldo de este colectivo, mejor que mejor. La idea que tiene el PSOE también este año es anunciar nuevas plazas de empleo público. Muchas más.
UN PAÍS ¿SOSTENIBLE?
La única forma de que las cuentas le cuadren al Estado para mantener a las personas que depende del dinero público es que las paguen los trabajadores del sector privado. En España existen actualmente entorno a 14,1 millones de personas que dependen de la hucha de las administraciones, entre los que se encuentran los funcionarios públicos, pensionistas y personas en situación de desempleo. Unos número que es necesario observar comparándolos con los 16,5 millones de personas que trabajan en el sector privado y que sustentan los salarios, pensiones y las prestaciones al desempleo con su dinero. Que la cifra de personas en cada sector sea muy similar es toda una suerte para la administración y así lo privado mantiene a lo público.
El gasto que supone mantener a funcionarios, pensionistas y personas en situación de paro es un problema para los fondos de las administraciones. El número de empleados del sector público asciende a 3,4 millones de personas distribuidos entre todas las dependencias que se sostienen con las arcas públicas. Así, dicha cifra de trabajadores se reparte entre la Administración Estatal, Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Administración de Justicia, Consejería y sus organismos autonómicos, Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares. Es decir, estos empleados se distribuyen entre los organismo estatales, autonómicos y locales.
