El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado incorporar al sumario de la pieza 9 de ‘Púnica’, dedicada a investigar si hubo una ‘caja b’ en el PP de Madrid, un informe elaborado por la Agencia Tributaria en 2020 que aprecia anomalías en algunas de las facturas emitidas por las obras de reforma de la sede regional.
Según fuentes jurídicas consultadas, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 ha accedido a lo planteado por la Fiscalía Anticorrupción, que había solicitado incorporar dicho informe, entre otras diligencias.
En el informe, fechado el 13 de marzo de 2020, la Unidad de Apoyo a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada analiza una serie de facturas de la reforma efectuada entre 2005 y 2010 en la sede del PP de Madrid, sita en la primera planta del cuartel general de los ‘populares’ en la calle Génova.
El magistrado, en un auto de 2019, solicitó al PP madrileño que aportara los contratos firmados para la remodelación de la sede regional, pero el partido contestó que no los había encontrado, por lo que remitía al juzgado la documentación que sí había localizado en relación con esas obras, esto es, una relación de pagos y varias facturas.
DE 25 A 350 METROS CUADRADOS
Los autores del informe, echan en falta dos facturas emitidas por la empresa INDECOR, «la responsable del mayor coste de la obra», que sí aparecen mencionadas en la relación de pagos.
Además, indican que en septiembre de 2005 consta una factura por 30.248,35 euros por la demolición de muros de fábrica de ladrillo de 35 metros cuadrados de superficie y el suministro y la colocación de una mampara acristalada de 25 metros cuadrados de superficie.
No obstante, esa factura también abarca la colocación de un parquet de 350 metros cuadrados, «con lo que, al menos, esa es la superficie de la primera planta», deducen los peritos.
Por eso, manifiestan a renglón seguido que «con tal superficie se antoja muy escasa la superficie de demolición de muros y de colocación de mamparas de cristal, salvo que en las facturas que faltan aparezcan o que en realidad se mantuvieron muchos de los muros o mamparas ya existentes».
También llaman la atención sobre una factura emitida por otra empresa, Erin South, en mayo de 2010 por 1.000 euros en concepto de trabajos realizados con las mamparas, pero «muy anteriormente, en el año 2008», que se pagaron al contado.
Destacan respecto a esta segunda empresa que los inspectores de Hacienda de Andalucía y Madrid reflejaron en sendos informes emitidos en 2014 y 2015 que Erin South «podría formar parte de una cadena de facturación irregular».
INVESTIGACIÓN FINALIZADA
Cabe recordar que la investigación de esta pieza separada de ‘Púnica’ llegó a su fin el pasado 29 de enero. Así lo acordó García-Castellón, en línea con la Fiscalía Anticorrupción, que ya avanzó que no solicitaría nuevas prórrogas de la fase de instrucción.
La 9 es la pieza separada de mayor trascendencia de ‘Púnica’ por cuanto el juez intenta determinar si existió una ‘caja b’ en el PP madrileño que sirvió para costear las campañas electorales de 2007, 2008 y 2011.
Una de las personas imputadas es la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre porque, según expuso el magistrado en su momento, hay «indicios racionales» de que sería «quien ideó la búsqueda de recursos que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba».
Las pesquisas sobre ‘Púnica’ arrancaron en 2014 tras el hallazgo de una agenda de su ex secretario general Francisco Granados, considerado el ‘cabecilla’ de la trama, en la que pueden leerse unas siglas, que corresponderían a donantes, junto a unas cantidades de dinero.
En un primer momento, fueron detenidas más de 50 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios, como miembros de una trama de corrupción que habría otorgado contratos públicos por valor de 250 millones de euros al menos desde 2012 en la Comunidad de Madrid.
De un lado, los responsables políticos y administrativos hacían las adjudicaciones ‘a dedo’ y, de otro, los empresarios beneficiados por ello les pagaban comisiones ilegales que se blanqueaban mediante un entramado societario, de acuerdo con el relato judicial.
El entonces juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investigó los hechos como un todo hasta que en 2015 decidió trocear la causa para profundizar en los actos delictivos diferenciados que fue observando.
