Más de cien colectivos se han manifestado este domingo en 25 puntos de España contra la reforma de la Ley Mordaza cuyo planteamiento consideran «insuficiente» y un «maquillaje», por lo que exigen «la derogación total» y «revertir todo lo perjudicial para los Derechos Humanos».
Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia, Pamplona, Granada, Vitoria, Pontevedra, Toledo, Guadalajara, Castellón, León o Logroño, entre otras ciudades, han acogido sobre mediodía la movilización impulsada por la plataforma ciudadana No Somos Delito, en la que se han agrupado entidades como Amnistía Internacional, Ecologistas en Acción, CGT, CNT, Red Acoge, CEAR, Greenpeace o Defender a Quien Defiende, entre otras.
La protesta se ha desarrolla bajo el lema ‘Ni ley mordaza, ni mordaza maquillada’ y de cara a la reunión el martes 15 de febrero de la ponencia de la Comisión de Interior en el Congreso, donde se prevé que se cierren los acuerdos que marcarán gran parte del articulado de la reforma.
Entre el clamor de lemas como «no más recortes de las libertades» y «Ni desahucios, ni mordaza» y arropado con chalecos y carteles en los que ha primado el color amarillo, como uno de doce por siete metros portado por activistas de Amnistía Internacional, miles de personas han salido a la calle en la protesta en Madrid, que ha concluido en Sol tras partir a las 12.00 horas desde Atocha.
El responsable de campañas de DDHH de Amnistía Internacional España, Carlos Escaño, que la marcha se lleva a cabo en un momento «histórico» y «clave» ante la modificación de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, una reforma en la que, ha demandado, se debe revertir «todo aquello que es perjudicial para los derechos».
«Hay que revertir todo el retroceso que se produjo en el 2015, queremos una ley garantista para el desarrollo de nuestros derechos y libertades», ha aseverado, para lamentar que por el momento la modificación planteada no garantiza el derecho a la protesta, no prohíbe expresamente la «atrocidad» de las devoluciones en caliente o «no establece la prohibición expresa del uso de pelotas de goma por parte de las autoridades, entre tras cuestiones.
Uno de los portavoces de la plataforma Yayoflautas Ovidio Portillo, también presente en la manifestación, ha criticado la legislación como «una ley que impide ejercer los derechos y libertades fundamentales».
«Hay que acabar con ella porque no se puede seguir criminalizando la protesta pacífica y la solidaridad, como pasa con la cantidad de personas que interponen sus cuerpos para que no sean desalojadas otras personas sin solución habitacional. Acaban pagándolo con multas y porrazos», ha afeado.
«El ejercicio de los derechos fundamentales sigue muy amenazado a pesar de tener un Gobierno progresista», ha incidido, para criticar que la reforma solo será una «ley mordaza maquillada, con mejor imagen, pero que seguirá permitiendo abusos policiales y criminalizando la protesta».
Desde la sección de prensa de CNT, Miguel Ángel Fernández ha explicado que el sindicato se ha unido a la movilización porque entienden que la ley es «un ataque fundamental a los derechos como profesionales de la comunicación«.
En este sentido, ha recordado que compañeros de profesión se enfrentan en coberturas a «agresiones» y les es «difícil» hacer «valer» sus derechos a la información y libertad de expresión. «Con esta ley mordaza nos tememos que quede todo en un enjuague, y que los aspectos fundamentales sigan ahí», ha expresado sobre la reforma, para clamar: «Exigimos la derogación total. Toda la ley mordaza es tan lesiva que la derogación debe ser total».
Por otro lado, Miguel Pérez, del grupo de voluntariado de Greenpeace, ha apuntado desde la manifestación en Madrid que la ley «es el mayor retroceso en las libertades». «Nos movilizamos por causas justas y no se nos puede amordazar», ha apostillado, para tildar de «insuficientes» los cambios planteados en la reforma de la ley.
La protesta se ha desarrollado también en Logroño, donde una concentración ha arrancado a las 12.00 horas frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja, donde el portavoz de Amnistía Internacional en la región, Goyo Martín, ha indicado que están «ante la última oportunidad» de acabar con la Ley Mordaza y pide que «no se maquille».
En Andalucía, Cádiz ha sido una de las ciudades donde se ha llevado a cabo la movilización, con una concentración frente al Ayuntamiento donde se ha realizado una performance en la activistas se han amordazado y han «maquillado» sus mordazas en una representación de lo que para ellos significa la reforma, ha explicado Mónica Hidalgo de No Somos Delito.
En Barcelona, la protesta ha tenido lugar frente a la Delegación del Gobierno y se han podido leer pancartas con mensajes como «caza a la Ley Mordaza» o «stop desahucios».
Según la plataforma, la reforma, tal y como la plantea el Gobierno, «no es una derogación, pero tampoco una verdadera reforma» sino un «maquillaje de la ley actual que no elimina los elementos más restrictivos para el ejercicio de derechos».
Ante ello, en la movilización de este domingo han reclamado que «se replantee una futura ley que garantice el libre ejercicio de los derechos y libertades y que se aborde de forma prioritaria la redefinición del concepto de seguridad ciudadana».
UN COMPROMISO POLÍTICO «LEJOS DE CUMPLIRSE»
En este contexto, ha recordado que cuando se aprobó la actual legislación, los partidos que entonces se encontraban en la oposición se comprometieron a derogar o reformar de forma integral esta norma, un compromiso político que «está muy lejos de cumplirse».
Así, los colectivos que componen la plataforma han tachado de «ineficaz» la medida planteada por PSOE y Unidas Podemos para limitar la «presunción de veracidad» de los funcionarios policiales.
Y es que, según No Somos Delito, la propuesta de que el relato policial en las denuncias sea coherente, lógico y razonable, «además de no exigirse a todas las actuaciones policiales, no acaba con uno de los aspectos más problemáticos de la ley, que es que la palabra del agente vale siempre más que la de la ciudadanía, vulnerando el derecho a una defensa justa».
También consideran que está «incompleta» la propuesta de reconocer el derecho de manifestación espontánea ya que, según apuntan, se sigue manteniendo las infracciones que permiten a la Policía determinar quién es la persona convocante de una manifestación que no ha sido comunicada y sancionarla.
Lo mismo sucede, han detallado, con la propuesta planteada para reformar la infracción referente al uso de imágenes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, argumentando que «se seguirá permitiendo que sea el agente quien decida si la persona que ha hecho la foto podría hacer un uso de la misma que suponga un peligro para su seguridad, la de su familia, la del operativo o las instalaciones». «En base a ello, se puede sancionar a la persona autora de la foto por algo que todavía no ha sucedido, como es el uso presunto de la imagen», han lamentado.
Por otro lado, han subrayado que esto mismo sucede con la infracción que más afecta al movimiento Stop Desahucios, la que sanciona la obstrucción a la actuación de comisión judicial, que plantea «dejar a la interpretación del funcionario la decisión de si parar un desahucio es una obstrucción o un ejercicio de derechos fundamentales».
En este mismo sentido, han condenado la redacción propuesta sobre el uso de balas de goma, «donde dejan margen para que sean los agentes quienes determinen si hacer o no uso de las mismas, por lo que no puede considerarse que se establezca su prohibición expresa».
