Los afectados por la talidomida denuncian que al menos 5 víctimas han muerto en los últimos años sin recibir ayudas

El vicepresidente de la Asociación de Víctimas de Talidomida de España (AVITE), Rafael Basterrechea, ha denunciado que al menos cinco afectados han muerto sin recibir una indemnización en los últimos años, ya que el Real Decreto de ayudas a la talidomida, que aún no se ha publicado.

«No sabemos dónde está el Real Decreto, qué lo para. Lleva seis años elaborándose y no sabemos ni dónde está. Qué le hemos hecho las víctimas al PSOE, no lo podemos comprender», ha lamentado este lunes durante su intervención ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados.

Basterrechea ha defendido que AVITE «ha sido siempre una asociación transparente y correcta», que «ha acudido a todas y cada una de las llamadas del Ministerio con seriedad, corrección y honestidad».

«No entendemos esta situación, en este plazo han muerto cinco de nuestros socios que jamás recibirán la ayuda por negligencia del Gobierno que nos ocupa», ha denunciado el representante de AVITE.

Por su parte, la diputada socialista Carmen Andrés Añón ha avanzado que el Ministerio de Derechos Sociales «está trabajando en una nueva regulación para el reconocimiento y abono de las ayudas». «Se ha presentado a los órganos de cooperación necesarios y tiene una calificación de prioritario y urgente. Está encima de la mesa, dentro de la agenda normativa», ha asegurado.

En este contexto, ha mostrado su «respeto y reconocimiento» a la labor de AVITE, así como el «compromiso» del PSOE con las víctimas, quienes «conviven con los daños que la talidomida les causó en su salud y sus vidas».

Andrés Añón ha defendido que el PSOE «está comprometido siempre» con las víctimas de la talidomida, tanto «cuando está en el Gobierno como en la oposición». «Recogemos todas las manifestaciones que ha hecho su representante y por descontado las trasladaremos al Gobierno. Es una situación injusta y grave que mereció ser reconocida desde el primer momento», ha remachado.

Mientras tanto, AVITE ha interpuesto una demanda contra el Estado, al que reclama 400 millones de euros por no realizar el pago de las ayudas a los afectados por la talidomida.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional finalizó la semana pasada las actuaciones, por lo que ahora el siguiente paso es que emita una votación al respecto. AVITE confía en que «cuanto antes» se dicte sentencia estimatoria de su demanda.

La demanda se sustenta en que la Ley General de Presupuestos del Estado 6/2018, en su disposición adicional quincuagésima sexta, establecía la obligación del pago de dos tipos de ayudas a los afectados de la talidomida en España: una con cargo a los presupuestos públicos y otra a la farmacéutica Grünenthal, a la que previamente debía el Gobierno reclamar responsabilidad.

En la demanda se denunciaba la «pasividad palmaria» del Ministerio por «no haber concluido el registro de afectados; no haber regulado la exención fiscal de las ayudas; no haber promulgado el real decreto que ordene la petición y pago de las ayudas; y en definitiva, no haber pagado nada de las ayudas que exigía la LGPE 6/2018».

Los últimos PGE, aprobados hace poco más de un mes, vuelven a contemplar para el pago de las ayudas una «cantidad claramente insuficiente teniendo en cuenta los reconocidos oficialmente», según AVITE.

«Es decir, sigue sin dotarse con presupuesto mínimo el pago de unas ayudas que le ley ordenó que fueran satisfechas a los afectados hace ya cuatro años, infradotación presupuestaria que a su vez impide técnicamente la aprobación del real decreto que ordene el pago de esas ayudas», denuncian.