La Federación de Asociaciones Unidas Por la Naturaleza y los Animales (FAUNA) ha reclamado la retirada del proyecto de ley de derechos y bienestar de los animales por «falta de criterios científicos» y estar «inspirada en dogmas del animalismo».
FAUNA ha señalado que más de 800 investigadores, colegios veterinarios, asociaciones de comercio o las federaciones deportivas y de caza se encuentra en contra de esta ley y demandan trabajar en una nueva propuesta «centrada en animales doméstico de compañía» con el «apoyo crítico de todos los sectores implicados».
La organización ha arremetido contra los aspecto «más polémicos» del proyecto, que, ha asegurado, sigue las directrices de ‘Eurogroup for animals’ que engloba a entidades como Anima Naturales, de la que el director general de Derechos de los Animales, Sergio García Torres, fue coordinador en Madrid.
Asimismo, ha criticado que la propuesta actual supone la creación de «hasta siete organismos diferentes de dudosa utilidad», así como consiste en la prohibición de venta en tiendas de animales, cría a particulares y cría de animales alóctonos no nativos. «Acabaría con la avicultura, la acuariofilia y la terrariofilia», ha advertido.
FAUNA también ha afeado que ordene implantar el chip obligatorio «hasta a pequeños animales, no solo perros y gatos», y ha censurado la «esterilización forzosa de todos los animales vendidos o regalados».
Igualmente, se ha mostrado en contra de la prohibición de mostrar violencia con animales en medios audiovisuales y el uso de estos seres en publicidad, lo que, a su juicio, supondría el fin de documental y la «apertura a la censura al cine y a la televisión».
«Con la excusa de acabar con el maltrato, se va a acabar con los animales legales en España, ya que no van a dejar de reproducirse, creando una gigantesca bolsa de ilegalidad imposible de gestionar», ha lamentado también sobre la cría.
En este sentido, ha denunciado que limitar «hasta hacer casi imposible la cría en cautividad de aves o reptiles perjudicaría a más de un millón de españoles». «No sólo tendría un fuerte impacto económico y social en nuestro país, sino que además supondría un grave paso atrás para la conservación global de las aves», ha recordado en referencia a críticas de científicos de la estación Biológica de Doñana.
Por último, ha señalado a la «confusión consciente provocada» de la utilización de la palabra «animal» en la ley, que lleva a imponer sanciones de entre 100.000 y 600.000 euros por matar intencionadamente «un animal, ya sean mosquitos, ratas o gusanos intestinales».
