La Comisión Europea ha propuesto este miércoles una propuesta de directiva para garantizar que se respeten los Derechos Humanos y el medio ambiente a lo largo de la cadena de suministro que afectará a 12.800 grandes empresas europeas y 4.000 de fuera de la UE.
«Esta propuesta se asegurará de que los grandes operadores del mercado sean líderes en mitigar los riesgos en su cadena de valor mientras apoyan a pequeñas compañías para que se adapten a estos cambios», ha señalado el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, al presentar la propuesta de directiva.
El comisario ha apuntado la complejidad de las cadenas de suministro globales para explicar las dificultades de las empresas para obtener información «fiable» de sus proveedores, que también sufren las consecuencias de la fragmentación de las leyes nacionales que «ralentiza el avance de buenas prácticas».
A través de esta nueva normativa, el Ejecutivo comunitario pretende que los servicios y bienes que se comercialicen en la UE cumplan con los Derechos Humanos. Por ello, solicitará a estas compañías que identifiquen y, en los casos necesarios, actúen para prevenir que su actividad atente contra estos principios, como el trabajo infantil o la explotación laboral, o contra el medio ambiente, como con prácticas que contribuyan a contaminar o a la pérdida de biodiversidad.
La propuesta, que requiere el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo para convertirse en ley, afectará en una primera fase a 9.400 grandes empresas de la UE y 2.600 de fuera de la UE pero que operen en el mercado comunitario que tengan más de 500 empleados y una facturación global de más de 150 millones de euros.
Tras dos años de aplicación de la directiva a grandes empresas, una segunda fase ampliará el grupo de empresas afectadas por esta normativa a aquellas con más de 250 empleados y más 40 millones de euros de facturación, lo que se traduce en 3.400 compañías europeas y unas 1.400 adicionales de fuera de la UE que alcanzan esa cifra de negocio en el mercado único. Sin embargo, las pequeñas y medianas empresas no se verán afectadas por esta normativa.
Una vez adoptada la directiva, los Estados miembros cuentan con un plazo de dos años para trasponer la norma a nivel nacional. Sin embargo, serán los Estados miembros los que decidirán cuáles serán las sanciones en caso de que se incumplan las obligaciones de la directiva y las víctimas serán compensadas, han asegurado fuentes comunitarias.
La propuesta de directiva europea contempla una serie de medidas para que las compañías puedan actuar y mitigar el impacto de este tipo de prácticas en sus firmas subsidiarias y en su cadena de suministro, como por ejemplo incluir la obligación de obtener ciertas certificaciones en sus contratos.
A través esta normativa, Bruselas pretende evitar la fragmentación dentro del mercado único, dar certeza regulatoria a las empresas y establecer un marco en igualdad de condiciones, ha explicado el comisario de Justicia, Didier Reynders, en rueda de prensa.
Para cumplir con estas obligaciones las compañías deberán identificar los potenciales efectos contra los Derechos Humanos y el medio ambiente, prevenir y mitigarlos, monitorizar la efectividad de las medidas puestas en marcha y comunicar públicamente estas prácticas.
Serán las autoridades nacionales las responsables de supervisar la implementación esta nueva directiva y, por tanto, de imponer multas en aquellos casos en los que no se cumpla. Además, las victimas podrán tomar acciones legales por daños que se podrían haber prevenido con las medidas adecuadas.
La directiva establece también la obligación de los cargos directivos de las empresas de garantizar su implicación en el cumplimiento de la normativa e integrarla en su estrategia corporativa. En el caso en que su retribución sea variable se les incentivará para que el plan estratégico contribuya a la lucha contra el cambio climático.
La propuesta incluye medidas complementarias para dotar de apoyo a las pequeñas y medidas empresas afectadas, entre ellas ayuda financiera o el desarrollo de páginas web. Además, el ejecutivo comunitario podría complementar su apoyo a compañías en terceros países.
Además, como parte del paquete para una Economía Justa y Sostenible, el Ejecutivo comunitario ha presentado hoy una comunicación sobre trabajo digno que establece las políticas que interna y externamente implementará la UE con el objetivo de lograr una recuperación sostenible e inclusiva de la pandemia.
