El fraude fiscal es un problema en España. Cada año la Hacienda española pierde miles de millones de euros por la evasión de impuestos, por el impago de tributos o por no declararlos y por obtener beneficios fiscales de forma ilegal. La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ya tiene un nuevo plan para combatir el fraude fiscal, pero solo el procedente de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los autónomos. A las multinacionales las deja tranquilas, a pesar de que son el principal foco de evasión de impuestos. Así, Montero ha llamado a filas a los «chivatos» de España, a los soplones, para que sean ellos los que detecten cualquier tipo de anomalías en las cuentas de las empresas pequeñas y los trabajadores por cuenta propia. La ministra ha puesto en su punto de mira a las pymes, quiere tener controladas las facturas, movimientos y transacciones de estas empresas.
El departamento de Hacienda ha puesto en marcha un nuevo sistema para combatir la evasión de impuestos por parte de las pymes, busca controlar al colectivo. Una medida que se incluirá en el Proyecto de Real Decreto del Reglamento que establece los requisitos que deben adoptar los sistemas y programas informáticos o electrónicos. Estos planes son los que soportan los procesos de facturación de empresarios y profesionales y la estandarización de formatos de los registros de facturación. Esta iniciativa pretende implantar, además, una serie de planes para controlar a las pymes y que sean los propios ciudadanos los delatores, los que se chiven cuando los pequeños empresarios lo hagan mal. Es decir, quiere convertir a la sociedad española en unos soplones.
Montero quiere incentivar a los consumidores a que se chiven de los pequeños empresarios
Entre sus novedades se encuentra una especialmente dirigida a los ciudadanos, donde se expone que quieren «incentivar» al consumidor final para que solicite los comprobantes de sus operaciones. Posteriormente, los usuarios podrán remitir «voluntariamente» a la Administración tributaria la información básica de esas facturas para verificar su registro y la exactitud de los datos reflejados en las mismas. Está buscando unos voluntarios que hagan de «inspectores» de Hacienda, pero, eso sí, sin cobrar ni un euro, gratis. Así, Montero se ahorra un dinero en el presupuesto de su departamento y tiene controladas a las pymes y autónomos, un sector que se ha visto muy afectado por las subidas de los precios industriales.
Otras iniciativas que incluye la normativa consiste en reforzar la obligación de emitir factura o justificante de todas las operaciones que realizan empresarios y profesionales. Conseguir que todas las operaciones que se realicen se graben en el sistema informático de manera segura, no manipulable, accesible y con una estructura y formato estándares para facilitar la legibilidad de los registros, el análisis automatizado y la simultánea remisión a la Administración tributaria. Por otra parte, quieren garantizar la integridad, la autenticidad y la trazabilidad de los datos registrados, dificultando la falsificación de los registros de facturación mediante el uso de elementos de seguridad y control en los registros informáticos y en las facturas.
Además, buscan contribuir a una mayor igualdad ante la ley y a un reforzamiento de los principios de equidad y capacidad contributiva en el reparto de las cargas tributarias. Así como a una mayor eficacia en la comprobación tributaria de los órganos que tienen asignada esa competencia. Y, en última instancia, facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, tal y como se ha constatado en aquellos países en que se ha implantado la obligación de remisión de los datos de forma previa, inmediata o posterior al momento de realización de las operaciones.
Las pymes y los autónomos han soportado las graves consecuencias que ha provocado la pandemia como la astronómica subida en la factura de la luz, el elevadísimo precio de la gasolina y, en general, de todos los precios industriales. Estos costes cerraron el año 2021 con un incremento en diciembre del 35,9% respecto al mismo mes del ejercicio anterior. Así, un estudio realizado por el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos en España revela que el 30% de las pymes cerraron el año con pérdidas. Según explican, muchas empresas no han podido recuperar su nivel prepandemia de actividad y más de 700.000 están atravesando serios problemas de liquidez. Además, los pequeños negocios, donde los márgenes de beneficios son muy reducidos, ya que ingresan lo suficiente pagar empleados, el resto de gastos y para cubrir su sueldo, la pandemia ha empeorado mucho su situación.
Además, la nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tampoco ha ayudado a los pequeños empresarios y autónomos. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha situado la cifra en 1.000 euros, es decir, 35 euros por encima de la cantidad que había hasta ahora, que se encontraba en 965 euros al mes. Una cuestión ha provocado el descontento de toda la patronal, quienes se han plantado ante la «chulísima» medida de Yolanda Díaz. Las pymes y los empresarios por cuenta propia están soportando una carga económica muy elevada y, encima, las medidas de las ministras no ayudas. Ahora, además del desembolso que supone el SMI para ellos, también tendrán que soportar las miradas y actuaciones de los «chivatos de Montero».
