El Ministerio de Igualdad ha abierto este martes la puerta a sacar de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual, conocida como Ley de ‘solo sí es sí’, las medidas que el departamento había incluido contra la prostitución y también a debatir si estas mismas son las más adecuadas para luchar contra esta violencia.
Así lo ha asegurado la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez, durante su comparecencia ante la Comisión del Congreso que hace seguimiento del cumplimiento del Pacto de Estado contra esta lacra.
Tras hacer un repaso sobre las medidas que el departamento que dirige Irene Montero ha tomado a lo largo de esta legislatura, en el contexto del Pacto de Estado, Rodríguez también ha enumerado los cambios legislativos y las políticas que prepara el Ministerio para cumplir con el acuerdo, entre las que se encuentra una Ley Integral de Trata.
La secretaria de Estado ha indicado que esta norma, tal y como se la plantea Igualdad, debe ser «pionera en el marco europeo» y dar respuesta, principalmente a «dos cuestiones»: no exigir la colaboración activa sobre sus tratantes para que las mujeres puedan ser identificadas y acceder a sus derechos y dar respuesta a las mujeres víctimas de trata que se encuentran en situación irregular y que, según los datos que ha dado Rodríguez, son el 92% de las víctimas.
Del mismo modo, se ha referido a las medidas que se han incluido en la Ley de ‘solo sí es sí’ sobre este tema –la recuperación de la tercería locativa, la modificación de los tipos penales de proxenetismo y la inclusión de penas accesorias relacionadas con la propia tercería locativa– que ha generado las críticas de varios grupos parlamentarios, al considerar que no es el texto en el que debe incluirse.
MEJOR DENTRO DE LA LEY DE TRATA
«Nosotras creemos que lo mejor para estos tipos penales es que estuvieran en una ley de trata con fines de explotación sexual», ha declarado Rodríguez ante la comisión, antes de indicar que «tiene sentido» que la lucha contra la industria proxeneta esté en este texto específico. «No tendríamos problema en este sentido», ha apuntado.
Así, ha llamado a reflexionar sobre este tema, así como si «estas son las mejores herramientas para luchar penalmente contra la industria proxeneta». «Estamos abiertas a ello», ha insistido, antes de señalar que, en todo caso, se trata de un «debate urgente» pues la normativa contra la trata y la explotación sexual llega «décadas tarde».
Del mismo modo, la secretaria de Estado ha recordado se está poniendo en marcha un Plan de inserción laboral y que en la actualidad saldrá adelante con «20 millones de los fondos europeos» pero, según ha reconocido, según los datos del INE sobre mujeres en situación de explotación sexual y si se quiere ayudarlas en los próximos 3 años, esta cifra debería alcanzar los «1.175 millones» de financiación.
Es por ello, que otra de las denuncias que ha hecho Rodríguez: una financiación mayor, permanente y más flexible. Aunque ha recordado que sobre este aspecto se ha llegado a un acuerdo en la sectorial de Igualdad, también ha llamado a los partidos firmantes de la renovación del Pacto, el pasado 25 de noviembre, a reflexionar para que este problema quede resuelto en un marco legislativo.
CAMBIO EN LA EDUCACIÓN
Como ejemplo, ha puesto el aprovechar la reforma de la Ley de Violencia de Género, para incluir todas las violencias sobre la mujer, para blindar la financiación de las autonomías que, según ha explicado, ahora plantean problemas a la hora de utilizar sus presupuestos en la lucha contra violencias que no sean la que se produce en el entorno de la pareja o expareja que es la que se incluye en la norma.
Por otra parte, la secretaria de Estado ha destacado la necesidad de un cambio en la educación y, en concreto, apuesta porque en la educación obligatoria se enseñen materias relacionadas con la igualdad y la salud sexual y reproductiva. «No es un adoctrinamiento», ha advertido la ‘número dos’ de Montero.
En este sentido, ha destacado unos datos que ha considerado «preocupantes» y que, a su juicio, muestran la importancia de la educación en este sentido. Según ha indicado, del 2013, último año en que se impartió una asignatura sobre este tema, hasta el 2019, se ha pasado de 3.315 a 12.359 casos de infecciones de transmisión sexual.
Para Rodríguez la LOMLOE que ha entrado en vigor este último curso avanza en este sentido, pero llama a que esta educación sea «obligatoria» para todos los niños «independientemente de quiénes sean sus padres».
CRÍTICAS DE VOX Y PP
Esta medida ha sido criticada por la portavoz de Vox en la comisión, Carla Toscano, que ha considerado que plantear a los niños «que la violencia de género está mal» es «un delito de odio». «No sé qué se cree que son los hombres y los niños», ha apuntado, antes de apuntar que el Ministerio «despilfarra» dinero en «cargos» y «chiringuitos», mientras que las «mujeres maltratadas» están «abandonadas».
Rodríguez ha celebrado, tras la intervención de la diputada, que Vox reconozca que existe la violencia machista y le ha emplazado a dialogar para saber «hasta qué punto Vox está dispuesto a poner medidas en esta materia». En concreto, le ha pedido explicaciones sobre por qué no está de acuerdo en que educar a un niño en que la violencia de género está mal o que se eduque a los menores en igualdad.
También la portavoz del PP ha sido muy crítica en su intervención. Su representante, Marta González, ha reprochado que Unidas Podemos se abstuviera en la votación del Congreso del Pacto de Estado de 2017 y el pasado 25 de noviembre prepararan «un solemne acto» para que los grupos firmaran «un documento de folio y medio».
A su juicio, esta puesta en escena solo se ha buscado para «ocultar» la «incompetencia» e «inactividad». De hecho, según González, los avances que ha puesto en marcha Igualdad en esta materia surgen de la «presión» de la oposición y de los socios de Gobierno de Podemos y se realiza a «trompicones».
Ante estas declaraciones la secretaria de Estado ha lamentado que la diputada «ridiculice» un acuerdo sobre política de Estado que han firmado todos los partidos del país y, a su juicio, esta actitud del PP es consecuencia de que, durante sus gobiernos no se haya hecho nada en esta materia. Así, ha recordado que hace una década, con mandato ‘popular’, se destinaba a la violencia de género 23 millones de euros, frente a los 284 millones actuales. «No han hecho nada», ha criticado la representante de Igualdad.
VIOLENCIA DIGITAL
Por otra parte, la portavoz de Igualdad de Ciudadanos, Sara Giménez, entre otras medidas, ha cuestionado a Rodríguez por la sumisión química, una medida por la que, según ha indicado la secretaria de Estado comparte su preocupación y que a su juicio, demuestra que es necesario legislar en la Ley del ‘solo sí es sí’ sobre el consentimiento.
Del mismo modo, Rodríguez ha propuesto la puesta en marcha de un Plan Estatal para prevenir y combatir la violencia en línea contra las mujeres y niñas que analice materias como el control en el acceso a dispositivos, la manipulación de información, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, el desprestigio o la trata y explotación sexual que se hace a través de esta herramienta.
La secretaria de Estado ha dado cifras de la ONU de hace «poco tiepo» que determinan que el 52% de mujeres han sufrido violencia en linea y el 23% de las europeas.
