El Grupo Popular del PP en el Congreso y el Senado ha solicitado la comparecencia de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para que explique los motivos que han llevado al cambio de la estación de Atocha a la de Chamartín como estación término para los AVE que conectan la Comunitat Valenciana con la ciudad de Madrid y que, han denunciado, «supone un nuevo castigo a los intereses de la Comunitat».
En este sentido, los diputados Macarena Montesinos, César Sánchez y Agustín Almodóvar han solicitado al Gobierno una documentación para analizar las causas que han motivado este cambio y que traen «enormes perjuicios» para la Comunitat, ha informado el partido en un comunicado..
«Queremos conocer de primera mano los informes justificativos y otros documentos que han llevado al Gobierno a tomar esta decisión y que supone un nuevo castigo a los intereses de la Comunitat Valenciana, porque aumenta el tiempo de llegada y los costes para los usuarios al estar alejados del centro de Madrid», ha criticado Montesinos.
La diputada ha declarado que el PP «quiere conocer si hay algún estudio realizado por parte del Gobierno que determine el enorme perjuicio que esta decisión ocasiona a los usuarios del AVE». Asimismo, ha criticado la «falta de interés» del Ejecutivo por la Comunitat Valenciana, que «nuevamente, vuelve a ser perjudicada en sus decisiones, como ocurre con la financiación, las cercanías o el agua que necesitamos».
Por su parte, la secretaria del Grupo Popular en el Senado, Salomé Pradas, ha señalado que también han solicitado la comparecencia de la presidenta de ADIF, María Luisa Domínguez. «No vamos a permitir que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nos siga ninguneando, porque la Comunitat Valenciana es importante para el conjunto de España», ha remarcado, al tiempo que ha lamentado que «esta situación empieza a ser preocupante y desde el PP vamos a seguir defendiendo los intereses de esta tierra».
Finalmente, Montesinos ha preguntado al Gobierno «las razones por las que se paralizó la inversión de 423 millones de euros que fue anunciada en marzo para ampliar y mejorar las condiciones de gestión y explotación de la estación de Atocha.