martes, 18 junio 2024

El PSC propone crear un servicio de «formación prelaboral» para mujeres en situación vulnerable

El PSC apuesta por crear un servicio de «formación prelaboral» para mujeres en situación de vulnerabilidad que no reúnen los requisitos para acceder a cursos de formación habituales para facilitar su inserción en el mercado laboral.

Los socialistas lo han propuesto coincidiendo con el 8M a través de un Plan de formación para mujeres en situación de vulnerabilidad, elaborado por los diputados en el Parlament Gemma Lienas y David González y que afirma que este servicio podría cubrir en su primer año la formación prelaboral de unas 400 mujeres.

En declaraciones, Lienas ha destacado que las mujeres en situación de vulnerabilidad tiene perfiles muy dispares, pero a la vez comparten características que les impiden acceder a cursos de formación –como carecer de competencias digitales–, por lo que «estas mujeres están en tierra de nadie».

El documento cita como ejemplos de mujeres en situación de vulnerabilidad a víctimas de violencia machista; mujeres de más de 50 años que nunca han tenido un empleo remunerado; migradas sin formación o sin posibilidad de homologarla; mujeres provenientes del tráfico de personas, y mujeres en situación de prostitución, entre otros perfiles.

La diputada ha asegurado que sólo entidades sin ánimo de lucro ofrecen cursos destinados a mujeres en esta situación, cuando es algo «de lo que el Govern se debe ocupar, al menos organizándolo», marcando las directrices para las entidades y evitando una situación de desorden y atomización que Lienas ve en la actualidad.

La también escritora, que prevé interpelar al Govern sobre este asunto en el pleno del Parlament para promover después una moción que voten el resto de grupos parlamentarios, ha advertido de que este servicio no debe contemplarse «como un gasto, sino como una inversión», al facilitar la inserción de mujeres en el mercado laboral.

FUNCIONES

El plan de los socialistas plantea crear una oficina que dependa de la Conselleria de Igualdad y Feminismos y que realice un informe sobre las necesidades laborales en Catalunya, contemplando especialmente los servicios a las personas y los sectores que más se prevé que se desarrollen con los fondos Next Generation.

También incluye entre las funciones de la oficina elaborar un protocolo para detectar a potenciales usuarias del servicio; crear tests de evaluación para situar a las mujeres en la formación que necesitan, y buscar empresas con las que colaborar y universidades con las que establecer convenios para acreditar al alumnado.

Propone también que la oficina cree un mapa de entidades sin ánimo de lucro que realizan formación prelaboral; que impulse programas de competencias básicas para marcar pautas a estas entidades, y que elabore los requisitos para que las entidades pudieran acceder a subvenciones para llevar a cabo tareas de formación.

El plan avisa de que, para llegar a las mujeres en situación de vulnerabilidad y ofrecerles este servicio, se deberían impulsar acciones como un protocolo para detectarlas en espacios como servicios sociales, hospitales y comisarías, así como informar en establecimientos públicos y comercios sobre este servicio mediante una señalización, entre otras medidas.

FORMACIÓN BÁSICA Y ESPECIALIZADA

Propone que sean las entidades las que impartan una formación básica a las usuarias, que incluya refuerzo de la lectoescritura y de la lengua vehicular; competencias digitales básicas; estudio y descubrimiento de habilidades personales; educación emocional, y competencias para desenvolverse en el mercado laboral.

Además de esta formación básica, plantean que las entidades ofrezcan formación especializada a través de cursos dirigidos a ámbitos como el cuidado de personas –como auxiliar de cuidado de ancianos y de niños–; la oficina y comercio –como auxiliar administrativa o de supermercado y dependienta–, y sectores que se impulsarán con los Next Generation.

PRESUPUESTO Y PERSONAL

Los de Salvador Illa calculan en el documento que la oficina requeriría de un equipo de personal de entre cinco y seis personas, con un coordinador, trabajadores sociales, servicio administrativo y un abogado experto en extranjería y subvenciones.

Cifran el presupuesto necesario de la oficina en 1,5 millones el primer año para su puesta en marcha y funcionamiento, con otros 5 millones para la formación tanto básica como especializada, mientras que, a partir del segundo año, calculan que el presupuesto para la oficina pasaría a 900.000 euros anuales, y el de la formación, a 4,5 millones.