La Comisión Europea ha reclamado este lunes a los gobiernos europeos «abolir» los programas con los que otorgan derechos de residencia o ciudadanía a extranjeros a cambio de inversiones, sistemas que tanto Bruselas como el Parlamento Europeo denuncian como un modo de «comprar» derechos como la libre circulación en la UE con fines ilícitos.
«Los ‘pasaportes dorados’ plantea riesgos serios en materia de corrupción blanqueo, evasión fiscal (…). La Comisión Europea comparte plenamente la preocupación y llama a tomar medidas para abolir estos programas de ciudadanía a cambio de inversiones en todos los Estados miembro y ello lo antes posible», ha indicado el comisario de Justicia, Didier Reynders, en el pleno del Parlamento Europeo reunido en Estrasburgo (Francia).
La Eurocámara tiene previsto adoptar esta semana un informe crítico con este tipo de programas gracias a los que al menos 130.000 personas obtuvieron permisos de residencia o la ciudadanía de un Estado miembro a cambio de inversiones entre 2011 y 2019. Los eurodiputados denuncian los riesgos de seguridad que plantean, piden su abolición y también reglas comunes para el futuro en esta materia.
Reynders ha asegurado que el Ejecutivo comunitario comparte plenamente la preocupación de los eurodiputados y ha recordado que por ello tiene expedientados a Malta y Chipre, además de haber apercibido a Bulgaria, por las ventajas que ofrecen a ciudadanos extracomunitarios a cambio de inversiones «a veces de apenas 5.000 euros», «a veces con inversiones sin efecto en la economía real».
Estos programas son vistos con recelos en Bruselas desde hace tiempo –la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya alertó sobre la «venta» de valores europeos en 2020– pero con la invasión de Ucrania el debate se ha vuelto más urgente, según han avisado los eurodiputados en un debate este lunes antes de la votación.
No en vano, ha alertado la ponente del informe, la liberal holandesa Sophie in’t Veld, un tercio de los pasaportes o visados dorados están en manos de «oligarcas rusos» que ahora pueden «esquivar» las sanciones adoptadas por la UE contra los cómplices de la guerra gracias a que tienen un documento que les concede la ciudadanía o residencia en un país del bloque.
Reynders ha admitido que los inversores que reciben este tipo de pasaportes «compran la ciudadanía» de un Estado miembro de modo que se benefician de la «libre circulación» en todo el territorio comunitario y otros derechos como el del voto en elecciones europeas o locales,
Es algo que la Comisión no puede aceptar y decimos claramente que los Estados miembro deben abolir los programas de ciudadanía por inversión porque afecta a toda la UE», ha indicado Reynders, poco antes de que la comisaria de Interior, Ylva Johansson, asegurara que trabaja en una propuesta legislativa para acotar estos programas porque no es una preocupación puntual por el caso ruso sino más amplio, aunque no ha dado detalles de la línea en la que trabaja.
En la actualidad, Malta, Chipre y Bulgaria conceden la ciudadanía a extracomunitarios que invierten en su territorio, aunque Chipre ha tomado medidas para anularlo tras el expediente abierto por el Ejecutivo comunitario y Malta ha anunciado que los suspenderá para ciudadanos rusos y bielorrusos tras la guerra en Ucrania. Otros doce países de la UE ofrecen permiso de residencia a cambio de importantes inversiones de extranjeros.
