La consellera de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, Tània Verge, ha anunciado la apertura de una investigación a una cadena multinacional de moda que opera en Catalunya por vender sólo tallas pequeñas, las que corresponden a la S y XS, tras recibir una denuncia por posible discriminación por apariencia física a través del formulario web que el departamento pone a disposición de la ciudadanía.
En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha explicado que es una de las primeras medidas que prevé el plan de acción para combatir la presión estética que ha aprobado este martes el Govern, que también pone en marcha una comisión interdepartamental para su elaboración y seguimiento.
El plan tiene como objetivo combatir la presión estética para dar «una respuesta política a la violencia de los cánones estéticos que provocan y perpetúan los esteorotipos y las discriminaciones de género y raciales», entre otras cuestiones.
La denuncia recibida relata como la ropa de esta tienda para mujeres, cuyo nombre no ha trascendido, son piezas «que sólo se pueden poner mujeres con complexión de niña», y que la ropa tampoco sería adecuada para éstas últimas porque incitaría a una sexualización del cuerpo.
Según Verge, no pueden revelar el nombre de esta multinacional porque deben preservar su confidencialidad en esta fase inicial de investigación, cuyo resultado podría derivar en un expediente sancionador, ha puntualizado.
Así, las acciones abiertas por el departamento buscan determinar la posible discriminación por apariencia física en que puede incurrir la empresa, ya que excluye a las personas que utilizan tallas medianas o grandes, y consideran que los documentos que avalan la investigación ofrecen «indicios de que los hechos denunciados podrían contravenir el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación y atentar contra la dignidad de las personas y contra el libre desarrollo y la libre expresión de la propia personalidad y de las capacidades personales».
«La presión estética que viven constantemente les mujeres debe dejar de ser normal ya que provoca una insatisfacción permanente con el cuerpo durante toda la vida», ha reclamado la consellera, que ha detallado los cuatro ejes que prevé el plan de acción para combatirla: publicidad, consumo y alimentación; redes sociales; cultura y medios de comunicación, y ámbito social.
ACCIONES PREVISTAS
Entre las acciones que se desarrollarán está la inclusión de contenidos sobre la presión estética y sus efectos en las escuelas e institutos en el marco del programa ‘Coeduca’t’; el diseño de una campaña de sensibilización en las redes sociales, dirigida especialmente a la gente joven, sobre el uso de filtros y retoques fotográficos, y la adopción de acuerdos sectoriales con el mundo de la publicidad y la moda para que la representación de los cuerpos sea «más diversa y se ajuste mejor a la realidad».
Además, se realizarán otras actuaciones en relación con el control de las tallas, como la petición a la Agència Catalana de Consumo de que examine cómo se está aplicando en la práctica la regulación europea de tallas en las tiendas de ropa.
La ropa que está etiquetada con el distintivo EUR debe cumplir una clasificación de tallas basada en las dimensiones del cuerpo en centímetros, con lo que una talla M o L con este distintivo deben tener siempre la misma medida, sea cual sea la marca.
CAMBIOS LEGISLATIVOS
También impulsarán cambios normativos en la legislación propia, como la reforma de la Ley de igualdad efectiva de mujeres y hombres, para incluir «expresamente la presión estética y para fortalecer el marco sancionador» de la norma.
Está previsto también modificar el Código de Consumo para que integre todos los ámbitos de discriminación que establece la Ley de igualdad de trato y no discriminación, así como incluir el abordaje de la presión estética y las diversas formas de discriminación sexista en el proyecto de ley del audiovisual de Catalunya, fortaleciendo las competencias del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) en estas materias.
En paralelo, se instará al Gobierno a que, a través de un cambio normativo, obligue a los ‘influencers’ a indicar si están utilizando algún filtro en sus fotografías o si las han editado, tal como ha hecho ya Noruega y Reino Unido.
