La Mesa del Congreso ha frenado el intento de Cs de que la Cámara llamara a comparecer al director de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, para dar explicaciones sobre la filtración de datos fiscales relativos al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que salieron a la luz a raíz de la polémica por los contratos que una empresa de un amigo de la familia suscribió con el gobierno regional.
En concreto, la formación naranja pretendía que Gascón aclarara al Congreso si la Agencia Tributaria ha abierto alguna investigación interna para determinar si alguien se hizo con esa «información fiscal privada» sin autorización y, además, la envió a terceras personas.
Pero, según han informado fuentes parlamentarias, la Mesa del Congreso, de la que forman parte diputados de PSOE, PP, Unidas Podemos y Vox, ha acordado por unanimidad inadmitir la solicitud del partido naranja.
SÓLO EN COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
El órgano de gobierno de la Cámara ha tomado esta decisión en aplicación del artículo 95 de la Ley General Tributaria que es, precisamente, el que determina que «los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones tienen carácter reservado».
Esa información, continúa el artículo, sólo puede ser utilizada para la aplicación de los tributos y la imposición de las sanciones que proceda, y no puede ser cedida o comunicada a terceros, salvo que la cesión tenga por objeto «la colaboración con una comisión de investigación parlamentaria».
Es decir, la Mesa recuerda a Ciudadanos que sólo podría solicitar la comparecencia del responsable de la Agencia Tributaria para hablar de datos fiscales concretos de alguien en el marco de una comisión de investigación.
A CAMBIO DE LA RENOVACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
La formación naranja solicitó comparecencia de Gascón haciéndose eso de una información de ‘Libertad Digital’ que apuntaba que el ex secretario general del PP Teodoro García Egea pactó la renovación del Tribunal de Cuentas con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a cambio de que el Ejecutivo le pasara información sobre los contratos que la empresa vinculada al hermano de Ayuso cerró con la administración madrileña.
Cuando estalló la polémica sobre el posible cobro de comisiones por parte de su hermano, la propia Ayuso deslizó que la información sobre aquellos contratos sospechosos había llegado a ‘Génova’ procedente de La Moncloa.
De su lado, el presidente del partido, Pablo Casado, reconoció que él tuvo acceso a documentación que incluía «datos fiscales y bancarios» por lo que se podía inferir que la información «venía de alguna institución pública».
Tanto el Gobierno como el ex secretario general del PP Teodoro García Egea desmintieron que ese dossier saliera de Moncloa y el ex dirigente ‘popular’ negó también que el acuerdo sobre los nuevos consejeros de Cuentas se sellara a cambio de esa información.
Pero Cs, no sólo pidió la comparecencia del director de la Agencia Tributaria, sino que también anunció una batería de preguntas escritas para que Gobierno aclarase «si el mercadeo en el Tribunal de Cuentas obedeció a negociaciones políticas».
REGISTRO INFORMÁTICO
En este contexto, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, defendió que Hacienda debe investigar cómo y quién accedió a la Declaración Informativa anual de operaciones de terceras personas (el conocido como modelo 347) relativa al contribuyente Priviet Sportive SL, la empresa del amigo del hermano de Ayusó que contrató con la Comunidad de Madrid.
Según Ciudadanos, el acceso a esa información fiscal «debe dejar el correspondiente registro informático» y sólo pueden haberla obtenido bien «personas autorizadas para ello» o «terceros sin autorización» es decir, de manera ilegal, como también lo sería la transmisión de esos datos a otras personas.
