La Audiencia Provincial de Almería acoge este martes un juicio contra dos agentes de la Guardia Civil de Níjar (Almería) para quienes la Fiscalía solicita penas que suman 19 y 18 años de prisión tras una operación que permitió desmantelar una banda dedicada al robar marihuana a narcotraficantes y que presuntamente era «dirigida» por ambos.
La vista oral se prolongará inicialmente durante cuatro días en la Sección Segunda hasta el 21 de marzo. El Ministerio Público indica en su escrito, que los dos agentes «se encargaban de planear» las actuaciones delictivas y que, para ello, «se aprovechaban del conocimiento derivado de su función profesional» hasta tal punto que «instruían» al «resto» de miembros del grupo criminal para que «en los vuelcos de droga planeados se hiciesen pasar por guardias civiles».
Así, la Fiscalía precisa que les indicaron a los otros seis integrantes «como es el modo habitual en una intervención policial en la forma de dar las voces en alto o el modo de derribar puertas» y que, incluso, les «proporcionaban prendas de vestimenta oficial».
«Lo hacían para generar confusión entre los terceros víctimas de sus actuaciones», remarca la fiscal, que relata que «se aprovechaban del acceso a las bases de datos» de la Guardia Civil o de «la relación de confianza con otros agentes destinados en su puesto para la obtención» de información «necesarios en la ejecución y aseguramiento de sus planes».
La Fiscalía sitúa en un segundo escalafón a otro de los acusados, quien era el «encargado de mantener el contacto» con los agentes y de proporcionarles «el contacto con terceros» a los que iban a dar el ‘vuelco’ para presuntamente «ganarse su confianza, conocer sus movimientos y, así, facilitar el robo», si bien también participaba en su realización.
«Una vez planeada la acción, esta se ejecutaba conforme a las directrices de los dos agentes y siguiendo las instrucciones» del lugarteniente, quien «aportaba el contacto directo con los otros narcos». El escrito de calificación provisional, detalla cómo se llevaron a cabo en febrero, junio y julio de 2020 tres de estas actuaciones delictivas.
En la primera de ellas destaca como el ‘vuelco’ se realizó presuntamente después de que los dos guardias civiles, «conociendo la ruta y se encontraran prestando servicio», usaran el «vehículo oficial, el uniforme del cuerpo y el arma reglamentaria y demás elementos de uniformidad» para interceptar un camión en la A-7 a la altura de la Venta del Pobre.
Tras orillar el tráiler entre dos naves y hacerse con la marihuana envasada al vacío oculta en el doble fondo de la caja, habrían dado noticia «por cauces oficiales de la pretendida operación policial» no sin antes «dejar voluntariamente en el doble fondo 23 bolsas con 23 kilos de droga para enmascarar los hechos delictivos como una actuación policial».
La fiscal subraya que, al elaborar la diligencia de exposición de los hechos, los funcionarios supuestamente relataron unos que no se correspondían con la realidad «de forma deliberada» y tras ello, estamparon su firma.
En otra de las actuaciones que desgrana el escrito, uno de los agentes acusados, debido al «fracaso de la operación», decidió comunicar supuestamente a otros guardias civiles de Níjar la existencia de marihuana en una nave industrial y que había llegado a tener noticia de que estaban sacándola de su interior, «omitiendo realmente lo acontecido».
La Fiscalía atribuye a los agentes, con la agravante de prevalecerse del carácter público la presunta comisión de delitos contra la salud pública, pertenencia a grupo criminal, dos delitos de robo con violencia, falsedad documental, y un delito de revelación de secretos.
Matiza, no obstante, la pena de prisión en aplicación del artículo 76 del Código Penal no podrá ser superior a 13 años y tres meses. Interesa, asimismo, inhabilitación especial por ocho años, y multa de 16 meses con una cuota diaria de 12 euros.
