El Grupo Socialista tiene previsto defender el próximo jueves, 24 de marzo, en el Pleno del Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) para reclamar a la Junta «un paquete de medidas de apoyo social a las personas desplazadas y refugiadas de la guerra en Ucrania», así como iniciativas de apoyo económico.
En concreto, el PSOE-A quiere que el Parlamento inste a la Junta, entre otras cuestiones, a «formalizar un ‘Pacto municipal por la Solidaridad ante la guerra de Ucrania’ con la FAMP –Federación Andaluza de Municipios y Provincias– y las Diputaciones Provinciales», y a «crear un fondo de contingencia para los ayuntamientos andaluces, diputaciones provinciales y entidades locales autónomas, de al menos 450 millones de euros, para articular medidas de protección social, económicas y de empleo».
Así figura en el articulado de la iniciativa, que también apuesta por que el Parlamento inste al Ejecutivo andaluz a poner «a disposición del Gobierno de España para dar acogimiento a las personas refugiadas procedentes de Ucrania, las plazas de los albergues de Inturjoven, las correspondientes a la red de Residencias de tiempo libre y las viviendas disponibles del parque público de viviendas titularidad de la Junta de Andalucía para atender a personas y familias refugiadas».
Otra petición de esta PNL relativa a ‘medidas sociales y económicas para paliar el impacto de la crisis provocada por la invasión de Ucrania’ tiene que ver con emplazar a la Junta desde el Parlamento a «garantizar la atención a los menores no acompañados, para que puedan convivir con familia extensa residente en nuestra comunidad autónoma o, en su defecto, con familias acogedoras, agilizando los expedientes en los servicios de menores, a fin de evitar el ingreso en centros de acogida».
Asimismo, el Grupo Socialista quiere que el Parlamento inste a la Junta a «crear un servicio de apoyo y asesoría para atender las necesidades y requerimientos de las personas refugiadas con un sistema de traducción adecuada que favorezca su primera instalación en nuestra comunidad y que sirva para resolver los problemas de inserción», con «muy especial atención a la infancia y a las personas con un mayor grado de desprotección y riesgo de exclusión».
«Adoptar medidas en relación con la previsión de plazas escolares y académicas de todos los niveles, incluido el universitario, para atender la demanda de personas refugiadas», es otra de las demandas que el PSOE-A quiere que el Parlamento traslade al Gobierno andaluz, prestando «especial atención a la enseñanza obligatoria y a la educación infantil a partir de cero años, garantizando la bonificación del 100% del coste plaza de las escuelas infantiles para personas acogedoras de niños de cero a tres años».
De igual modo, el PSOE-A plantea que el Parlamento inste a la Junta a «adoptar medidas que favorezcan la inserción social de las personas refugiadas y, en concreto, la adopción de medidas para favorecer el aprendizaje de español, utilizando los medios públicos tales como las escuelas oficiales de idiomas o los distintos centros de idiomas de las universidades públicas de Andalucía».
Además, el paquete de medidas sociales que reclama el PSOE-A en esta iniciativa a la Junta pasa también por «incorporar, en la Ley 5/2021 de 21 de octubre, de tributos cedidos de la comunidad autónoma de Andalucía, una deducción autonómica por acogida para contribuyentes que acojan en su domicilio a personas refugiadas procedentes de Ucrania, durante los períodos impositivos que se produzca el hecho».
MEDIDAS DE APOYO ECONÓMICO
Por otro lado, la iniciativa socialista quiere que el Parlamento inste al Consejo de Gobierno a «poner en marcha un paquete de medidas de apoyo económico para paliar las consecuencias directas que la situación de guerra provoca en nuestro tejido productivo».
En particular, el PSOE-A quiere que el Parlamento emplace a la Junta a «crear una convocatoria, con publicación inmediata durante el segundo trimestre del presente ejercicio, de una línea de ayudas directas para los autónomos, pymes y cooperativas del sector del transporte de mercancías para reducir el impacto negativo de la subida de costes en el sector, así como para los autónomos y empresas del sector del transporte público discrecional y transporte regular de personas viajeras por carretera y del sector taxi por una cuantía de al menos de 30 millones de euros».
También quiere el PSOE-A que el Parlamento inste a la Junta a «crear una convocatoria de una línea de ayuda a empresas especialmente afectadas por las consecuencias económicas de la situación de guerra para el mantenimiento del empleo asalariado, sobre todo para empresas afectadas por ERTE en Andalucía ante la posible aplicación del Mecanismo RED, por importe de al menos 400 millones de euros, así como medidas extraordinarias de ayudas para compensar la pérdida de rentas de las personas trabajadoras por cuenta ajena, afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo y de las personas trabajadoras fijas discontinuas beneficiarias de la prestación extraordinaria, articuladas en el marco del diálogo social, que sean un complemento a la prestación extraordinaria de ERTE y no un pago único, por importe de al menos 200 millones de euros».
«Crear una convocatoria, dentro del Plan Crece Industria 2021-2022 y en el segundo trimestre de 2022, una línea extraordinaria de incentivos industriales con una cuantía de 200 millones de euros, para amortiguar los costes energéticos que ponen en riesgo miles de empleos en Andalucía, la estabilidad industrial en esta comunidad autónoma y la solvencia empresarial», es otra de las reivindicaciones que el PSOE-A dirige a la Junta en esta PNL.
Asimismo, la iniciativa llama al Gobierno andaluz a «crear medidas específicas, de acuerdo con las principales organizaciones agrarias, para el sector de la agricultura, ganadería y pesca, que contribuyan al mantenimiento de las rentas ante el incremento de los costes y suministros mediante líneas de ayudas en aplicación a los fondos comunitarios del marco 2021-2027 y la aceleración en la convocatoria de incentivos para la extensión de las energías renovables», así como a «eliminar las nuevas tasas y precios públicos y revertir el incremento de las ya existentes previstas en la Ley 10/2021, de 28 de diciembre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que perjudican al sector agrario y ganadero».
Igualmente, el Grupo Socialista quiere que el Parlamento emplace al Gobierno andaluz a «poner en marcha, en el segundo trimestre de 2022, ayudas al sector turístico andaluz para amortiguar el impacto del efecto de la crisis de Ucrania, por importe de, al menos, 150 millones de euros».
Por último, el PSOE-A pedirá el jueves que el Parlamento inste a la Junta a que «las propuestas que la Comunidad Autónoma de Andalucía va a trasladar al Gobierno de la Nación sobre el Plan Nacional de Respuesta a las Consecuencias de la Guerra en Ucrania sean acordadas con todos los grupos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía, los agentes sociales y económicos, centrales sindicales y empresariales de mayor representación» en la región.
EL «RETO» DE LA ATENCIÓN A REFUGIADOS
En su exposición de motivos, el Grupo Socialista subraya el «primer reto inmediato» que Andalucía tiene de «atender a las personas de Ucrania que se han visto obligadas a abandonar su país», que «deben sentir el apoyo y la solidaridad» del pueblo andaluz, y «las instituciones y la sociedad civil» han de «dar respuesta a las cuestiones que demanda el actual contexto».
Además, el PSOE-A remarca que la comunidad autónoma debe «atender, en el ámbito de nuestras competencias, a los retos que en materia económica está provocando la situación» en Ucrania.
