lunes, 4 julio 2022 02:52

Oposición y socios cargan contra Albares en el Congreso por el cambio de posición sobre el Sáhara

La oposición en bloque, y no sólo el PP, Vox y Ciudadanos, sino también los aliados parlamentarios tradicionales del Gobierno de coalición, ha cargado en el Congreso contra el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por el cambio de posición sobre el Sáhara Occidental y su apuesta por el plan de autonomía diseñado por Rabat como la mejor solución a este contencioso.

En su comparecencia en la Comisión de Asuntos Exteriores, Albares ha tenido que escuchar acusaciones de “opacidad”, unilateralismo, “mentiras”, ruptura de resoluciones de la ONU, “traición” al pueblo saharaui y temeridad por abrir una brecha con Argelia, principal suministrador de gas natural a nuestro país.

ERC: LOS MISMO PASOS DEL FRANQUISMO EN 1975

Esquerra Republicana (ERC), principal aliado parlamentario del Gobierno, ha subrayado por boca de su diputada Marta Rosique que el ministro está “solo” en esta cuestión, pues no cuenta ni con su socio de Unidas Podemos, pero además se ha puesto en contra a Argelia, suministrador clave de gas natural a España. A su juicio, el Gobierno ha actuado con incoherencia y “opacidad”, repitiendo “los mismo pasos del franquismo” en 1975 cuando dejaron el Sáhara en manos de Marruecos.

Muy duro se ha mostrado Aitor Esteban, del PNV, quien ha hablado de la “pusilanimidad” de Unidas Podemos, ha avisado de que Marruecos no es un socio fiable porque, para empezar, ya “se la ha jugado” filtrando la carta de Sánchez, y usa personas “como arma arrojadiza” y ha afeado al ministro que ahora se sume a la posición de Estados Unidos que el PSOE criticó cuando la asumió Donald Trump.

“Discreción sí, opacidad, no. Usted no nos está contando la cosas como son”, ha puntualizado Esteban, incidiendo en que “España no puede decidir por el Sáhara”, ni dar la razón a Marruecos sin plantear una salida a los saharauis para poder negociar, en su caso, esa autonomía con ciertas condiciones. “Cuando vaya a Rabat, recuerde que no tiene el respaldo del Parlamento”, ha finalizado.

En nombre de EH Bildu, Jon Iñarritu ha cargado contra el Gobierno por haber generado una “triple crisis”: con el Frente Polisario, con Argelia y dentro del Gobierno, poniéndose en una situación “delicada” y encima sin garantías de que sirva para solucionar el “drama” del pueblo saharaui a través de un referéndum que sigue vetando.

Desde el PDeCAT, Sergi Miquel ha cuestionado que Albares hable de buscar soluciones “creíbles y realistas” sobre el contencioso con el Sáhara Occidental para todas las partes para preguntarle si la propuesta marroquí sobre la autonomía de esa región lo es, al tiempo que le ha preguntado cómo puede ser compatible la nueva posición del España con el derecho a la libre determinación que defienden las resoluciones de Naciones Unidas.

DAÑA LA REPUTACIÓN DE ESPAÑA

Similares argumentos ha esgrimido la diputada de Junts Mariona Illamola, quien ha censurado el mutismo del Gobierno sobre el cambio de postura sobre el Sáhara Occidental porque no sólo “mina” la confianza en el PSOE sino también la reputación, prestigio y fiabilidad de España como actor internacional. “¿Cuál va a ser la credibilidad de un país que propone soluciones distintas ante las resoluciones de la ONU o es que tienen alergia a los referéndums?”, ha planteado.

El diputado de la CUP, Albert Botrán, se ha quejado de que España haya “legitimando la posición ilegal” de Marruecos, “chupando rueda” de la “nefasta” política exterior estadounidense. “Todo al precio de enfrentarse con Argelia, dar la espalda a la comunidad internacional y perder prestigio al incumplir su deber con su ex colonia desentendiéndose de ella”, ha censurado.

Más esperadas eran las críticas del PP, cuya portavoz, Valentina Martínez Ferro, quien ha denostado el “oscurantismo” del Gobierno sobre este giro en un asunto “tan vital” como es el Sáhara Occidental, le ha acusado de ir de “contradicción en rectificación y de rectificación en mentira” y le ha culpado de estar haciendo daño “indescriptible” a la credibilidad de España en el exterior. “Vergüenza es un calificativo que se queda corto”, ha llegado a decir.

Martínez Ferro ha tachado de “falso” que la nueva posición de España se enmarque en las resoluciones de la ONU y ha recalcado que España no defiende la misma posición que Alemania o Francia, como ha asegurado el ministro, a quien le ha pedido que deje de “actuar” porque, según ha remachado, “España necesita un Gobierno de más acción y menos actuación”.

De su lado, el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha acusado al presidente del Gobierno de haber entregado “unilateralmente” el Sáhara a Marruecos, una decisión con la que ha “engañado” a sus votantes, al pueblo saharaui, a Argelia y a “todo el mundo” y que augura que no sólo será “uno de los mayores lastres” de la legislatura sino que, además, acabará con Albares fuera del Ejecutivo.

Con todo, Espinosa de los Monteros ha recalcado que considera que esta postura sea una política de Estado y que, por tanto, no va a condicionar a Vox ni debe vincular tampoco a los españoles, al tiempo que ha advertido de que con Marruecos sólo funciona la firmeza y no la “sumisión” o la “debilidad” que considera que el país vecino ve en España.

EL CASO GHALI

Desde Ciudadanos, Carmen Martínez Granados ha avisado de que el Gobierno ha cambiado “180 grados” la posición española y lo ha hecho unilateralmente y tratándolo de justificar con “declaraciones bochornosas”, todo ello en un contexto de crisis energética y con el riesgo de que Argelia tome represalias en el suministro de gas natural. “Nosotros siempre estamos dispuestos a hablar pero ese diálogo no existe por parte del Gobierno”, se ha quejado

El diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha achacado el giro del Gobierno al hecho de que el juez del ‘Caso Ghali’ ha señalado a la Presidencia del Gobierno como urdidora de la operación sobre la entrada secreta en España de líder del Frente Polisario, Brahim Ghali y ha protestado porque, a su juicio, se ha “ninguneado” a las Cortes en una “cuestión de Estado” que se ha “trastocado irresponsablemente”.