El ‘president’ de la Generalitat, Ximo Puig, ha remitido este jueves a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, las casi 40 propuestas de la Comunitat Valenciana para hacer frente a la crisis generada por la invasión de Ucrania, como la ampliación del bono energético para colectivos vulnerables, un fondo de solvencia con ayudas directas para empresas o la agilización de los ERTE en sectores afectados.
Esta batería de medidas surge de las aportaciones de los sindicatos UGT-PV y CCOO PV y la patronal autonómica CEV. En la misiva, Puig advierte que las consecuencias de la guerra amenazan con lastrar la recuperación, lo que «podría suponer el inicio de una nueva crisis económica por un efecto dominó que empieza en el coste de la energía y que puede desembocar en las interrupciones de la cadena de suministro, la presión inflacionista, la posible subida de los tipos de interés y el consiguiente aumento del coste del servicio de la deuda o la contracción de la demanda».
En el ámbito energético, la Generalitat plantea limitar el precio de la energía y revisar del sistema de fijación de precios, mantener la rebaja del IVA y del impuesto especial a la electricidad, ampliar el bono energético para colectivos vulnerables, destinar ayudas financieras y directas a empresas intensivas o utilizar la PAC para amortiguar el impacto de la crisis en la agricultura, junto a un pacto de rentas entre los agentes sociales o limitar las subidas de contratos de alquiler.
También pide incentivos a la inversión en energías renovables, simplificar la burocracia, agilizar y reprogramar los fondos europeos para la transición energética, un plan de ahorro energético de las administraciones, medidas de impulso al transporte público con aumento de frecuencias y rebajas de precios e impulsar el autoconsumo energético.
En materia de obras, el Consell ve necesario modificar el decreto-ley del Gobierno que permite una revisión de precios para actuaciones ya adjudicadas. Propone considerar en la fórmula de revisión todos los materiales y el encarecimiento de la mano de obra, reducir del 5 al 4% el umbral del incremento de precio, aplicar la revisión desde el inicio del contrato, eliminar tasas de dirección de obra, permitir cambiar materiales, incluir como causa de resolución del contrato la imposibilidad de suministro por un plazo ininterrumpido de ocho meses o ampliar el decreto a 2022 con posibilidad de prórroga a 2023.
Paralelamente, el gobierno valenciano ve imprescindible la creación de un fondo de solvencia con ayudas directas para las empresas más afectadas por la crisis, utilizando los remanentes del plan de ayudas que el Gobierno habilitó por la pandemia, junto a otros recursos financieros como los fondos europeos o la sobrerrecaudación obtenida por el Estado a través de impuestos que gravan la producción energética o los hidrocarburos.
En esta línea, solicita la ampliación del marco temporal Covid-19 de ayudas del Estado que finaliza el 30 de junio, así como activar avales ICO a la financiación bancaria a empresas intensivas en el uso de la energía, extender las moratorias de los ICO en empresas con fuertes caídas de ingresos, agilizar los ERTE en sectores vulnerables, establecer una moratoria de los pagos a la Seguridad Social, acelerar la devolución del IVA para reducir los problemas de liquidez.
PROPONE ESTUDIAR REDUCIR RETENCIONES DEL IRPF
Plantea además valorar la posibilidad de aplicar reducciones en las retenciones en el IRPF para aportar liquidez a las familias, apoyar a las empresas altamente dependientes de las importaciones de Rusia o Ucrania mediante bajadas de aranceles a determinadas materias primas o implantar medidas específicas para empresas que sufren caída de ingresos como consecuencia de la pérdida de exportaciones o el descenso de turistas de esos países.
Por otro lado, la Generalitat propone implantar ayudas directas a empresas para mejorar su ciberseguridad en un escenario en el que ha aumentado el riesgo de ciberataques.
Junto a este paquete de medidas, el presidente valenciano ha trasladado a la vicepresidenta Calviño el documento elaborado por la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) sobre los efectos de la crisis en el tejido productivo de la Comunitat.
