El parlamentario del PSE-EE Ekain Rico ha calificado de histórico» que se vaya a permitir a España y Portugal poner topes al precio del gas, aunque desde el PNV se ha considerado que se debía haber actuado con «más celeridad».
En un debate en Radio Euskadi, los parlamentarios vascos se han referido al hecho de que la Unión Europea vaya a permitir a España y Portugal poner un tope a los precios de la electricidad.
En este sentido, el parlamentario del PSE-EE Ekain Rico ha afirmado que la guerra de Ucrania ha trastocado el escenario internacional y ha abogado por «alinear las respuestas de todos los gobiernos».
A su juicio, el acuerdo alcanzado este viernes es «histórico», ya que beneficiará a los ciudadanos y es algo que también pedían al Gobierno central los presidentes autonómicos: poder intervenir en los precios de la energía».
«La solución adoptada va a permitir adoptar medidas muy concretas que se establecerán negro sobre blanco. Medidas que van a intentar bajar el precio de la electricidad, los carburantes, apoyando a los vulnerables, a las empresas afectadas, y garantizar los suministros», ha expresado.
Por último, ha defendido que la crisis energética «no puede servir de excusa» para reabrir debates sobre proyectos de extracción de gas en Álava.
Por su parte, la parlamentaria del PNV Leixuri Arrizabalaga ha reconocido que se vive una «situación muy compleja» y ha advertido que se debería haber actuado «con mayor celeridad, coordinación, coherencia y comunicación permanente».
Además, ha recordado que el Gobierno Vasco ya ha dado «luz verde» a diversas «iniciativas de urgencia», así como que el PNV era partidario de desacoplar los precios del gas y la electricidad.
De este modo, y tras la decisión de Bruselas, ha sostenido que se analizarán las opciones que existen para «ayudar desde Euskadi» y ha confiado en que el nuevo escenario «dé un poco de luz y se pueda seguir avanzando».
Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha afirmado que, aunque se quiera vender «como un gran triunfo, es bastante relativo». «La aspiración del Estado era desacoplar el precio del gas del sistema de fijación de precios y eso no se ha conseguido», ha lamentado.
Asimismo, ha sostenido que el Gobierno español ha conseguido que «la pelota esté en el tejado de Madrid al poder topar el precio del gas para la generación eléctrica». «A partir de ahí vienen las incertidumbres. El Estado tenía limitado el precio del gas a 180 euros el megavatio. Si ese tope se va a poner alrededor de esos precios poco vamos a conseguir cuando en 2019 se estaba en los 40-50 euros de media», ha recordado.
Por otro lado, y en referencia a la explotación de gas en Subijana, Otero ha advertido que el problema es que «se vendió una moto que no andaba», ya que el gas que existe en el subsuelo alavés «no es convencional y no se puede extraer con rentabilidad».
«BUENA NOTICIA»
Desde Elkarrekin Podemos-IU Iñigo Martínez ha considerado una «buena noticia» que la Unión Europea vaya a permitir a España y Portugal fijar un tope a los precios de la electricidad.
Así, ha apostado por «poner topes a los precios de la energía entre 25 y 50 euros el kilovatio/hora», así como aumentar los bono sociales y abogar por «un nuevo modelo energético, apostando por energías renovables». Además, ha defendido la necesidad de crear una «gran tasa» para que los 7.000 millones de beneficio de las eléctricas sean los que financien las medidas para bajar los precios de la energía.
Por último, Martínez ha considerado que el ‘fracking’ en el territorio de Álava «no es la solución» a los problemas energéticos que se dan en Euskadi.
Por último, el portavoz parlamentario de PP+Cs, Carmelo Barrio, ha trasladado su decepción por el hecho de que la UE no es capaz de establecer «una posición común en materia energética».
«La segunda decepción es que España llega tarde. Las medidas se debían haber adoptado hace tiempo. No se ha conseguido el desacople del gas y la electricidad y lo que la Comisión ha dicho es que se analizarán las propuestas de España, que son temporales», ha indicado.
Por último, ha afirmado que no se puede tratar a las empresas eléctricas como «a un grupo de delincuentes», ya que se trata de «empresas esenciales, también para la investigación». «Los que no gobiernan no son las eléctricas sino la UE y el Gobierno de España», ha finalizado.
