La fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, escuchará este lunes a la Junta de Fiscales de Sala antes de decidir si deja en manos de la Fiscalía Europea la investigación sobre el contrato de emergencia para la compra de mascarillas vinculado a Tomás Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Esta consulta es preceptiva pero no vinculante y en ella se verá el borrador de decreto que ya ha preparado Delgado. De hecho, fuentes fiscales han asegurado que la fiscal general ya tomó una decisión al respecto el pasado 23 de marzo, pero que tuvo que dar marcha atrás al percatarse de que no había pasado por ese órgano consultivo del Ministerio Público.
Así, Delgado debe decidir sobre este asunto a raíz de que la Fiscalía Europea requiriera a la Fiscalía Anticorrupción para que le diese traslado de la totalidad de la investigación que se sigue por ese contrato al entender que se podría haber malversado dinero proveniente de los fondos europeos, fondos Feder.
Pero fuentes fiscales apuntan que esa petición no fue acogida con agrado desde Anticorrupción –el fiscal jefe Alejandro Luzón es quien se encarga de la investigación– porque parte de las diligencias se centran en posibles delitos de corrupción en una administración pública española.
Cabe recordar que fue en febrero cuando el fiscal jefe de Anticorrupción decretó que abría diligencias preprocesales al entender que sí resultaba procedente la práctica de determinadas pesquisas, a pesar de que no se dirigía inicialmente contra personas físicas o jurídicas. De hecho apuntaba que no trasladaba el asunto a la Fiscalía del Supremo, donde es aforada Ayuso, porque de los hechos denunciados no apreciaba de momento indicio verosímil de delito por parte de ella.
NO HAY INDICIOS DE MALVERSACIÓN
Desde la Fiscalía Europea, cuya representante en España es Concepción Sabadell, se ha pedido así avocar las diligencias a un procedimiento que se ha abierto en su seno por malversación y fraude a los intereses de la Unión Europea, habida cuenta de que ese contrato se pagó con fondos europeos y por tanto tienen competencia en esa materia.
Las fuentes fiscales consultadas indican que Anticorrupción ante esa petición no puede negarse a enviar la documentación recabada, a pesar de que advierten de que no ven que haya malversación porque de hecho las mascarillas llegaron a su destino.
Así, entienden que desde la Fiscalía Europea pueden abrir el procedimiento por malversación, algo en lo que no puede entrar el Ministerio Público español, aunque ya desde Anticorrupción les habrían trasladado que no ven indicios porque las mascarillas se pagaron y se entregaron.
DELITOS DE CORRUPCIÓN
Sin embargo, lo que desde Anticorrupción no enviarán a Europa es todo lo relativo a los delitos conexos que se investigan, que nada tienen que ver con la malversación, y que están relacionados con el tráfico de influencias, la posible falsedad en la factura emitida por Tomás Ayuso, la prevaricación y las negociaciones prohibidas a los funcionarios.
Y se niegan porque estos son delitos de corrupción que no tienen nada que ver con los fondos de la Unión Europea sino que se refieren al funcionamiento de una administración pública española.
Por este motivo se planteó un conflicto de competencias que debe resolver ahora la fiscal general tras escuchar a la Junta de Fiscales de Sala.
Sin embargo, otras fuentes fiscales, aseveran que la Fiscalía Europea por de pronto ya ha asumido las competencias de la investigación, y que ya el pasado 23 de marzo la fiscal general decidió sobre el conflicto y lo notificó, si bien su decisión habría quedado sin efecto al día siguiente porque no convocó con carácter previo la Junta de Fiscales de Sala. Estas fuentes indican que hasta que no ocurra ese trámite –la Junta–, la Fiscalía Europea mantiene su competencia.
EL DECRETO DE ANTICORRUPCIÓN
Cabe recordar que Anticorrupción decidió abrir diligencias sobre el contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas al entender que era procedente la práctica de determinadas pesquisas aunque «no se dirija inicialmente contra personas físicas o jurídicas».
En el decreto emitido por Luzón, se indicaba que estas diligencias permitirán «confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados» por los grupos parlamentarios de Más Mádrid, PSOE y Unidas Podemos.
Añadía que la decisión de abrir investigación derivaba de «la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución» y por «la indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias».
Apuntaba además que las denuncias de los grupos de la Asamblea de Madrid se limitaban a solicitar la investigación de los hechos que en ellas se relatan, y por lo que se refiere a la presidenta de la Comunidad de Madrid, aforada ante el Tribunal Supremo, proponían distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios.
El Ministerio Público indicaba no obstante que la secuencia de los hecho denunciados «no permite acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo» de las actuaciones porque no constituyen «indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada», en el sentido que exige la Consulta 1/2005 de la Fiscalía General del Estado, sobre competencias de las Fiscalías para tramitar Diligencias de Investigación que afecten a personas aforadas.
Así, señalaba que a la vista de que los hechos denunciados pudieran llegar a ser constitutivos de delitos que resultan de la competencia de esta Fiscalía Anticorrupción y apreciando en los hechos una especial trascendencia, el fiscal jefe acordaba incoar estas diligencias y asumir la investigación él mismo.
LAS DENUNCIAS Y LO APORTADO POR LA CAM
En su denuncia, Unidas Podemos considera que Tomás Díaz Ayuso –el hermano de la presidenta– medió con el Gobierno regional y que consiguió una «comisión» por ello. El PSOE entiende que con ese contrato para la compra de mascarillas en lo más duro de la pandemia pudo haberse cometido «tráfico de influencias» y «malversación de caudales públicos»; y Más Madrid señala en su denuncia que podría haber «cohecho» y «tráfico de influencias».
Díaz Ayuso aclaró que su hermano cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive no por obtener un contrato con la Administración regional sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario en China y su traslado a Madrid. Y entregó documentación al respecto a Anticorrupción.
