Un total de 60 de las 506 denuncias recibidas en los últimos dos años en las oficinas de la Iglesia española contra los abusos sexuales a menores, corresponden a casos acaecidos en la década de 2010 a 2020.
Así se desprende de los datos publicados por la Conferencia Episcopal Española (CEE), en el marco de la reunión de las oficinas para la protección de menores y prevención de abusos creadas en las diócesis, que ha tenido lugar este jueves en Madrid.
En concreto, de las 506 denuncias recibidas por las oficinas de la Iglesia desde que abrieron sus puertas hace dos años, 28 casos son anteriores a 1960; 99 se produjeron entre 1960 y 1970; 106 entre 1970 y 1980; 84 entre 1980 y 1990; 41 entre 1990 y 2000; 17 entre 2000 y 2010; y 60 entre 2010 y 2020. Además, en 69 casos no consta la fecha en que se produjeron.
El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha abierto este jueves la jornada para las oficinas de protección de menores en diócesis y congregaciones y ha repasado el camino realizado por la Iglesia española «con humildad y deseo de corrección» frente a los abusos sexuales a menores.
«Que el camino que realice la Iglesia española con toda la humildad y con todo el deseo de corrección y conversión que estamos llamados a vivir, pueda también abrirse y ser un desafío que nosotros compartamos y ofrezcamos a la sociedad española en su conjunto», ha subrayado Argüello.
Así lo ha expuesto este jueves 31 de marzo durante una reunión de las oficinas para la protección de menores y prevención de abusos creadas en las diócesis, las congregaciones religiosas y otras instituciones eclesiales, que ha tenido lugar en el salón S.Isidoro del edificio Sedes Sapientiae, en Madrid.
Según ha informado la Conferencia Episcopal Española (CEE) en un comunicado, el objetivo de este encuentro es «coordinar» el trabajo de estas oficinas a través del Servicio de coordinación creado recientemente por la Conferencia Episcopal.
Estas oficinas comenzaron sus trabajos hace dos años en las diócesis españolas para recibir denuncias y con el objetivo de atender a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia.
Desde que abrieron sus puertas, estas oficinas han recibido 506 denuncias sobre abusos sexuales, tal y como informó el pasado 11 de marzo el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello.
En concreto, Argüello precisó que de los 506 casos, en 103 de ellos el acusado ya ha fallecido. Si bien, los casos se investigan aunque el presunto agresor haya fallecido o aunque el caso haya prescrito.
Precisamente, el portavoz de los obispos desgranó que la mayoría de las denuncias, un total de 300, obedecen a asuntos ocurridos hace más de 30 años.
Todas estas denuncias se han recibido a través de las 202 oficinas abiertas, 60 en las diócesis y el resto en las congregaciones religiosas. Se refieren a sacerdotes (105), religiosos (342) y laicos (61).
«Queremos apartar a personas que son indignas, que no haya lobos que se disfracen de corderos y que no se pueda decir que la Iglesia es un lugar inseguro para los niños», subrayó Argüello en rueda de prensa.
REPARACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO A LAS VÍCTIMAS
Según ha señalado la CEE, cada oficina es «el punto central del esfuerzo que la Iglesia en España está haciendo por la verdad, que es el primer paso para la reparación y el acompañamiento a las víctimas». Además, recuerda que, para su ayuda, se ha creado un Servicio de acogida.
Este trabajo es, según apunta la Conferencia Episcopal, el centro de una estrategia integral en la que junto con el resto de las iniciativas tomadas por la Iglesia, se encuentra la auditoría externa encargada al despacho Cremades & Calvo-Sotelo.
«Esta estrategia reafirma la disposición de la Iglesia a colaborar con cualquier iniciativa que busque la verdad. Todas ellas encontrarán siempre, tanto en las oficinas como en toda la Iglesia, la mejor disposición para colaborar y arrojar luz sobre la verdad, que es el objetivo común», asegura la CEE.
Precisamente, el programa del encuentro incluía la intervención del despacho Cremades & Calvo-Sotelo para presentar el encargo recibido por parte de los obispos para realizar una auditoría sobre los abusos sexuales a menores en la Iglesia y su propuesta de colaboración para conocer los casos, el tratamiento que se ha realizado y los procedimientos seguidos.
También contemplaba la intervención del miembro del equipo asesor de la Conferencia Episcopal Jesús Martínez para presentar el Informe fruto de la información ofrecida por las más de 202 oficinas abiertas para la denuncia y prevención de los abusos y para la acogida y acompañamiento de las víctimas.
Por otro lado, Montserrat Lafuente y María José Díez, miembros del servicio de coordinación y asesoramiento para las oficinas diocesanas han hablado sobre el tema ‘La víctima, su acogida y la identidad de sus heridas’.
María José Díez ha explicado que el trabajo que vienen realizando desde las oficinas «no solo es de atención» a las víctimas sino también «de acogida y acompañamiento» pues «es lo que tiene que diferenciar a la Iglesia de otros servicios».
Sobre los protocolos, ha indicado que una de las dificultades iniciales a la hora de responder a este problema fue «la carencia de líneas de acción operativas que facilitaran una actuación eficaz y diligente ante una sospecha o denuncia».
«Solo el Derecho canónico y algunos documentos pontificios establecían un procedimiento que, orientado exclusivamente al sospechoso, dejaba una importante laguna sobre cómo actuar con los denunciantes sobre las investigaciones», ha precisado.
Otra dificultad, según ha señalado, era «la falta de concreción acerca de cómo tiene que ser el trato con menores en actividades formativas y pastorales dejándolo al sentido común, de manera que podían surgir situaciones de riesgo que era necesario prevenir».
Respecto a las medidas de prevención, ha destacado que estas han de implementarse en todas las instituciones eclesiásticas donde se realizan actividades formativas, pastorales, asistenciales tanto con niños y adolescentes como con personas en riesgo de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad.
Asimismo, ha subrayado que los protocolos tienen que recoger anexos e infografías, así como códigos de buenas prácticas y procedimientos de actuación, por ejemplo, para saber, en el momento de recibir una denuncia, cómo se tiene que recoger esa información y proceder.
Al mismo tiempo, ha indicado que este trabajo de acompañamiento y acogida se va hacer «de forma multidisciplinar y paralela a un posible tratamiento psicológico y psiquiátrico» y a «un acompañamiento de la víctima a través del asesoramiento jurídico» y «una reparación y un acompañamiento espiritual».
También ha precisado que no se puede olvidar a los victimarios con quienes realizarán un trabajo orientado a la «reducción del riesgo de reincidencia, a facilitar apoyos para su rehabilitación y reinserción cuando sea posible», aparte de las medidas judiciales que se hayan podido tomar contra estas personas.
Por otro lado, PPC, San Pablo y Loyola han presentado libros y materiales editados sobre el tema; y el secretario general de la CONFER, Jesús Miguel Zamora, ha moderado la presentación de protocolos y actuación en centros educativos, que presentan congregaciones religiosas.
