viernes, 13 diciembre 2024

Un millar de personas marcha en Valladolid ante el «temor» del «retroceso» en derechos con un Gobierno PP-Vox

Un millar de personas ha marchado este sábado en Valladolid para reivindicar la «causa feminista» ante el «temor» generado por las declaraciones «amenazantes y misóginas» manifestadas por la «nueva alianza de gobierno» del PP y Vox y el «retroceso» en derechos que supone la política «ultraderechista».

La portavoz de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, Nina Infante, ha explicado que las diferentes plataformas se han unido porque «existe temor» por la futura composición del gobierno de la Comunidad con PP y Vox, si bien han advertido de que no permitirán «que se vaya atrás en materia de derechos que tantos años ha llevado conseguir».

«Parece mentira que en pleno siglo XXI se esté hablando de retrocesos, porque se sabe qué pasa con la violencia, con 22 muertas en lo que va de año y con menores siendo asesinados, por lo que ni la violencia ni la pérdida de derechos conseguidos se va a tolerar», ha sentenciado Infante, y es por ello por lo que se que se han organizado este sábado.

La concentración, que ha reunido a plataformas de toda Castilla y León, ha surgido de la «desaprobación y total condena» a las palabras de los representantes políticos que secundan la idea de retroceder «en los derechos de las mujeres», según se desprende del manifiesto leído tras la marcha que ha empezado en Fuente Dorada y ha concluido en la Plaza Mayor de la ciudad.

En relación con las medidas que plantea el ejecutivo autonómico en diferentes materias sociales, el documento asegura que «toda política ultraderechista es, por definición, un asalto a la democracia y, por lo tanto, a la igualdad ciudadana y a la igualdad entre hombres y mujeres. Sus políticas ahondan en la desigualdad, alimentan el odio contras ellas y disminuyen su libertad y derechos. De manera que la política «machista que propone Vox, negando la historia de violencia sufrida por las mujeres y que todavía hoy se mantiene muestra el espíritu más rancio y agresivo del género masculino».

LEGISLACIÓN FAMILIAR

El movimiento feminista de Castilla y León considera que el objetivo de la «derecha» y la «ultraderecha» al legislar sobre la violencia intrafamiliar «no es abordar la violencia que se produce dentro de las familias, sino que no se hable de violencia de género».

En este sentido, el colectivo critica a Mañueco por su postura al «asumir, otorgar y callar» de una manera «que ofende», es por ello que el manifiesto reitera la «necesidad» del lema de la marcha –‘¡Ni un paso atrás!’– ante los «ultraconsevadores y los fascistas», ya que considera que estos tienen un «objetivo claro», «declarar la guerra al feminismo y a los valores que repreenta la igualdad en la Comunidad, primero, y en todo el Estado, después».

Asimismo, ha recordado a Mañueco que las mujeres son la mitad de la ciudadanía en la Comunidad Autónoma y que siguen «sufriendo diariamente violencia machista, algo que, cuando avanza la ultraderecha y accede a los gobiernos, atenta contra la democracia al poner en tela de juicio los derechos de las mujeres con su ideología impregnada de rechazo a la igualdad».

EXIGENCIAS

Los organizadores han abordado durante la marcha temas como la explotación sexual, la explotación reproductiva y la pornografía, que hoy en día suponen una «mercantilización de las mujeres, que socavan sus derechos y que apuntalan la feminización de la pobreza».

Es por esta razón que han esgrimido una lista de reivindicaciones o exigencias entre las que destaca que el nuevo gobierno «no se atreva» a «restringir ni dejar en un cajón» el anteproyecto de la Ley de Atención Integral a las víctimas de violencia de género en la Comunidad; que se dote la mencionada ley de una partida económica «suficiente»; que se legisle contra la prostitución; que se ponga coto a la pornografía; que se garantice el derecho al aborto libre, seguro y gratuito fuera del Código Penal; empleos dignos, estables y seguros para las mujeres, así como responsabilidades en relación con la gestión de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género.