martes, 17 mayo 2022 22:45

El Gobierno enviará «lo antes posible» a las Cortes el Convenio 189 de la OIT que protege a las empleadas del hogar

El Gobierno enviará «lo antes posible» a las Cortes Generales el Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) para su ratificación y abrirá consultas en el ámbito del Diálogo Social, ante la discriminación de las mujeres que prestan sus servicios en el ámbito del hogar.

«El Convenio 189 se enviará a las Cortes lo antes posible para que proceda a su ratificación y, a partir de ahí, habrá que estudiar, y nosotros ya lo hemos hecho exhaustivamente, qué supone eso para el desempleo de las trabajadoras del hogar y para otras condiciones de trabajo afectadas por ese convenio y por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea», ha precisado el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez, este lunes en rueda de prensa para presentar los datos del paro.

Según ha añadido, realizarán «las consultas en el ámbito del Diálogo Social» pero tendrán que «combinarlo» con la «rapidez y premura» de las medidas que exige tanto el convenio como la sentencia.

«Lo veremos todo en el marco del Diálogo Social teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de avanzar rápido en esta materia una vez que ha sido proclamada la discriminación de las mujeres que prestan sus servicios en el ámbito del hogar», ha subrayado.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció la semana pasada que el Gobierno, «con carácter casi inmediato» va a ratificar el convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras domésticas, ya que los trámites para ellos se «han culminado».

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado martes, Díaz adelantó esta información aprovechando que el 30 de marzo se celebraba el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.

Según indicó, la ratificación se encuentra en la actualidad «en la antesala de Exteriores» con el objetivo de que sea trasladada «a las Cortes Generales».

En este sentido, Díaz recordó que España estaba obligada a cumplir esta medida tras la sentencia sobre este tema dictada por el Tribunal de Justicia Europeo.

La vicepresidenta segunda enmarcó esta medida dentro del plan de choque del Ejecutivo de medidas económicas y sociales tras el inicio de la guerra en Ucrania y en la que, según señaló, se incorporan iniciativas que mejoran la situación de los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran las mujeres.