El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido este martes «ampliar el consenso» político y parlamentario que existe ante la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obliga a los centros educativos a impartir un 25% de las clases en castellano, y evitar así que la decisión llegue de un tribunal.
«Hay que evitar que la orden de un tribunal fije cómo aprenden catalán nuestros hijos. Lo tenemos que decidir nosotros. Lo que no regulemos nosotros lo regularán los tribunales. Hagámoslo nosotros con el objetivo de garantizar el aprendizaje y el uso del catalán», ha reclamado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu.
Lo ha dicho después de que, a finales de marzo, los grupos de PSC-Units, ERC, Junts y los comuns presentaran una proposición de ley para modificar la Ley de Política Lingüística, de la que finalmente Junts se descolgó.
Sin embargo, Aragonès ha asegurado que Junts le ha trasladado que no se han desmarcado del acuerdo, y que lo que quieren es «ampliar el consenso sumando la adhesión de las entidades del sector y resolver algunas dudas».
«Ampliar el consenso es mantener el consenso actual y hacerlo más grande. Es el criterio con el que trabajamos y que estoy convencido que tendremos», ha subrayado el presidente catalán.
Tras constatar que el catalán es la lengua de todos los catalanes, no sólo de los independentistas, ha defendido la necesidad de que haya el máximo número de partidos que participen de este consenso: «Y si son partidos tan importantes como el PSC y los comuns también. Es relevante que estén».
Así, ha reclamado honestidad, realismo y decir la verdad «sin hacer proclamas vacías ni llamar a desobediencias que acaban siendo retóricas» así como a priorizar la salud y el aprendizaje del catalán.
«Durante la presidencia de Quim Torra hubo 13 resoluciones judiciales que imponían el 25% y se cumplieron todas. No hubo ninguna orden de desobedecer», ha sostenido Aragonès, que cree que la modificación de la Ley de Política Lingüística es un paso adelante para recuperar la capacidad decisoria del Parlament, para el despliegue de la Ley de Educación de Cataluña y para sacar las escuelas del terreno judicial.
«REALIDAD MÁS DIVERSA Y PLURAL»
Según Aragonès, es lógico que la respuesta a la sentencia del 25% pueda generar dudas, por lo que ha defendido la necesidad de aumentar la exigencia de la aplicación de herramientas relativas a la lengua y adaptarse «a una realidad más diversa y plural».
«O el TSJC regula cuál es el papel del catalán como lengua de aprendizaje, y ya sabemos cómo quiere regularlo, o lo regulamos desde el Parlament» reforzando la posición de la lengua que está en una situación de más debilidad, ha destacado.
A su juicio, hay que huir de los porcentajes, centrarse en un criterio pedagógico y dar seguridad jurídica a los docentes partiendo «de un gran consenso de país en el que se sienta incluida la inmensa mayoría de la ciudadanía de Cataluña».
Y es que, según Aragonès, en la respuesta a la sentencia del 25% se juegan «la idea de Cataluña como nación, como un solo pueblo», y creen que no pueden renunciar a defender la diversidad, pluralidad y complejidad de la sociedad catalana.
