El Pleno del Senado ha tumbado una proposición de Ley presentada por el Grupo Popular para proteger las construcciones tradicionales que están situadas en la línea de costa que ha sido incorporadas al dominio público marítimo terrestre y que, de acuerdo con la ley vigente, tendrán que ser demolidas una vez que les llegue el fin de su concesión.
La iniciativa ha obtenido 118 votos a favor, los del PP, Teruel Existe, Cs, Partido Regionalista de Cantabria, Agrupación Socialista de la Gomera, Más Madrid, Adelante Andalucía, Vox, Navarra Suma, Compromís, Més per Mallorca y el del senador socialista de Canarias Santiago Pérez, que según han informado fuentes socialistas, ha votado a favor por error.
No obstante, la proposición ha sido rechazada al encontrarse en contra los votos de los senadores del PSOE, PNV, Partido Aragonés y la abstención de Esquerra, EH-Bildu, Junts per Cataluña y Geroa Bai.
La iniciativa pretendía salvar determinados núcleos urbanos costeros que tienen características culturales, históricas y etnológicas de «valor esencial» y que se han visto incluidos en el dominio público marítimo terrestre.
Se trata de proteger, según ha defendido en el pleno de la Cámara alta, el senador popular Vicente Martínez Mus, a estos núcleos conformados por edificaciones de baja densidad, «muy identificadas con el entorno paisajístico de donde se ubican y asociadas a un modo de vida marinero».
Es el caso del poblado marítimo de Torre La Sal en Cabanes, les casetes de la Mar de Nules, de Almenara o de Xilxes (Castellón); Puntas de Calnegre, Cabo de Palos y Los Nietos (Región de Murcia), las ‘Casetes de Vorera’ en Menorca; Punta Larga y El Faro en Fuencaliente (Isla de La Palma); El Altillo, Casas Quemadas o La Barranquera (Gran Canaria) o, en el municipio de Telde (Gran Canaria), los municipios de Tufia y Ojos de Garza.
El senador ha pedido el voto a favor de la iniciativa para «ayudar a la gente» y teniendo en cuenta el interés público de proteger estas casas y la forma histórica en la que los pueblos costeros y la sociedad se han relacionado «históricamente» con la mar.
Con ello, defendió que se protegería a la población y el patrimonio etnológico y cultural y se reconocería la existencia de un problema en la ley de costas vigente que debe abordarse con esta propuesta de Ley que contribuirá a hacer flexible dicha norma.
En concreto, la iniciativa proponía añadir una Disposición Adicional Tercera a la ley de Costas de 1988 en la que se consideraran núcleos urbanos con especiales valores etnológicos los conjuntos de edificaciones residenciales o comerciales que acumulen valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados.
Esos valores tendrían que ser acreditados por el Ayuntamiento en el que se ubiquen y solicitarlo al Ministerio con competencia en costas junto con un dictamen favorable de la comunidad autónoma.
De este modo, se trataría de salvar estos municipios que están integrados en el entorno costero de forma que su demolición o supresión suponga una pérdida de patrimonio cultural, histórico o turístico.
No obstante, estos municipios tendrían que haber existido antes de ser incluidos en el dominio público marítimo terrestre. De ese modo, los catalogados por la Administración del Estado como núcleos urbanos con especiales valores etnológicos en los términos previstos en el apartado anterior serán excluidos del dominio público marítimo terrestre mediante la práctica de un deslinde que los excluya y se regirán por el régimen de los terrenos incluidos en zona de servidumbre de protección.
