La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha lamentado que la Jurisdicción de Vigilancia Penitenciaria presente un «déficit muy relevante» en relación a su función de «corregir» los posibles «abusos y desviaciones que en el ejercicio del régimen penitenciario puedan producirse».
En un comunicado, la asociación ha compartido las conclusiones de su comisión penal ante los déficits de la Administración y la Jurisdicción Penitenciaria. En concreto, ha valorado el contenido de la jurisprudencia constitucional sobre el deber judicial de investigar las denuncias de torturas y malos tratos en espacios de privación de libertad, así como los Informes anuales del Mecanismo para la Prevención de la Tortura (Defensor del Pueblo) y el Informe del Comité Europeo de Prevención de la Tortura de 2020.
Así, ha concluido que tras 40 años de vigencia de la Ley Orgánica General Penitenciaria y de funcionamiento de la Jurisdicción de Vigilancia Penitenciaria «no se ha atenuado suficientemente el nivel de opacidad de los establecimientos penitenciarios», sobre todo en determinadas actuaciones relacionadas con el régimen disciplinario.
«En esa conclusión, adquiere una dimensión especial la constatación de que la Jurisdicción de Vigilancia Penitenciaria presenta un déficit muy relevante en relación a su función de corregir los abusos y desviaciones que en el ejercicio del régimen penitenciario puedan producirse», ha señalado la comisión.
En este sentido, ha subrayado que los informes analizados -tanto el del Defensor del Pueblo como el del Comité Europeo– «compelen» a los poderes públicos a adoptar las medidas oportunas para mejorar la respuesta judicial ante dichos abusos y desviaciones, «cumpliendo las funciones encomendadas como garantes de los derechos fundamentales de la población penitenciaria».
MEDIDAS «URGENTES»
En el marco del comunicado, la comisión penal de JJpD ha mostrado su «preocupación» sobre el perfil de las personas privadas de libertad. Según ha destacado, en su mayoría son «procedentes de entornos de pobreza y exclusión social, el 80% con problemas de drogodependencias y casi la mitad con alguna enfermedad mental».
Ante esta situación, la asociación ha instado al Gobierno y a las comunidades autónomas a poner fin al «flagrante incumplimiento» de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, de manera que los servicios públicos asuman «de una vez por todas» la prestación sanitaria integral de las personas presas.
Según ha denunciado, la población reclusa en estos momentos recibe una atención «segregada, deficitaria y en condiciones de desigualdad respecto al resto de la población». De ahí que para Juezas y Jueces para la Democracia se trate de una «medida urgente e inaplazable».
Al hilo, ha instado también a que impulsen de manera «decidida» una «modernización» del sistema de respuestas penales que cuente con «otras alternativas a la pena de prisión», como la «justicia restaurativa» que se aplica en otros países.
