Ciudadanos considera que sería «un escándalo» que el Gobierno y el PP volvieran a pactar los nombres para la renovación de la Agencia Española de Protección de Datos, saltándose su elección en una convocatoria pública, y avisa de que, tras la decisión del Supremo de suspender el procedimiento puesto en marcha por el Gobierno, insistir en un acuerdo de ese tipo podría incluso interpretarse como «prevaricación».
«Si perseveran en el intento de volver a repartírselo igual hasta tenemos que cambiar de jurisdicción, entrar en la jurisdicción penal y empezar a hablar de prevaricación», advierte Bal en una entrevista.
El dirigente ‘naranja’ recuerda que el auto del Supremo es muy «contundente» y que el tribunal ha recurrido a una figura que «rara vez utiliza» para directamente suspender el proceso abierto por el Gobierno, como es la denominada técnicamente «apariencia de buen derecho».
«El Supremo dice claramente que no existe esta apariencia de buen de derecho y que lo que parece es que esto es una ilegalidad manifiesta», sentencia Bal, recalcando que lo que deja claro ese auto es que «no se pueden anunciar los dos candidatos y después amañar un concurso para que salgan los dos que previamente has elegido».
Y es que el Gobierno y el PP pactaron que Belén Cardona, a propuesta de los socialistas, presidiría la Agencia de Protección de Datos y Borja Adsuara, a instancias de los ‘populares’ sería su adjunto. Pero anunciaron los nombres antes de que el Gobierno convocara el concurso público del que, según la ley, deben salir los máximos responsables de este órgano.
Después el Congreso debe ratificar la elección tras examinar a los aspirantes, pero el Gobierno remitió al Congreso no un candidato para cada puesto sino una terna para la Presidencia y otra para la Adjuntía. «Encima le pasaron la pelota al Congreso para que el Gobierno no se manchara las manos», denuncia Bal.
«UNA SINVERGONZONERÍA»
El asunto llegó al Supremo porque Leonardo Cervera, uno de los aspirantes a la Presidencia, recurrió al considerar vulnerado su derecho fundamental al acceso a cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad ante el hecho notorio de que el nombramiento estaba decidido antes de convocarse el proceso selectivo.
Bal sostiene que Gobierno y PP ya no pueden volver a pactar candidatos después de que el Supremo suspendiera el proceso por considerar que estaba viciado de raíz y concluyera que el concurso estaba «amañado», incluso con unas bases «ad hoc» para que salieran los elegidos.
«Fue una sinvergonzonería», protesta el dirigente ‘naranja’, quien incide en que la importancia de que asuman estos puestos los más cualificados y no «los amiguetes de los políticos de turno» y recuerda que a la Agencia de Protección de Datos se encarga de velar por la privacidad de la ciudadanía y de preservar sus datos del uso que de ellas puedan hacer empresas o los propios partidos políticos.
DEBERÍAN PENSÁRSELO
En este contexto, Bal deja claro que Ciudadanos no cederá en la presión al Gobierno y al PP para que «de verdad pongan en marcha un concurso de valoración real de mérito y capacidad». «Deberían pensárselo y no perseverar en la infracción de las normas», añade.
Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Héctor Gómez, se ha comprometido a «revisar» el acuerdo con el PP y a hablar también con el resto de grupos parlamentarios para buscar una «salida» que «garantice la estabilidad» de la Agencia de Protección de Datos. «En este caso concreto estamos dialogando para seguir avanzando, en el sentido de actualizar el funcionamiento de las instituciones», ha indicado.
Gómez se ha limitado a señalar que «hay que analizar el escenario» tras el auto del Supremo, y «ver en qué posición se encuentra el PP». El dirigente socialista está convencido de que se alcanzará una solución de consenso, pero de momento no da pistas de cuál será el siguiente paso para la renovación de la agencia.
