El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, se ha mostrado partidario de realizar una auditoría rigurosa de los contratos de urgencia que se realizaron durante la pandemia para comprar material sanitario y que se lleve a cabo en todas las administraciones públicas.
En este sentido, ha planteado que además, para futuras situaciones en las que se permita hacer adquisiciones con rapidez, debe quedar establecido «automáticamente» que esos contratos serán sometidos a una fiscalización posterior «absolutamente rigurosa», según ha afirmado en una entrevista.
«Lo que menos soporto es que se tome el pelo a la gente, que se utilice dinero público para pelotazos de amigos y familiares, me parece de una indignidad absoluta», ha señalado Lobato después de que la Justicia haya abierto varias investigaciones por presuntas irregularidades en contratos de mascarillas y otros artículos realizados por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de la capital y también los Ministerios de Hacienda y Sanidad.
De este modo ha pedido que se haga «ahora mismo y en todas las administraciones», que se den «explicaciones» y se sepa «con luz y taquígrafos» todo lo que se hizo. También ha indicado que así lo ha exigido en su ámbito de competencias, la Comunidad de Madrid.
«Hemos pedido una comisión –de investigación– para poder entender lo que pasó», ha indicado en referencia a los contratos relacionados con el hermano de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha acusado de irse de «vacaciones parlamentarias» a «esconderse» durante un mes, al día siguiente de que se hiciese público este asunto.
CUANDO ERA ALCALDE, OPTÓ POR LOS CONCURSOS
En esta misma línea ha asegurado que se podría llevar a cabo esta auditoría general a pesar del ingente volumen de fondos públicos a revisar porque hay algunos contratos «muy importantes», según ha sostenido. Sobre el cómo debe hacerse, reconoce que hay distintas maneras pero que el PSOE de Madrid ha decidido proponer una comisión en la Asamblea para pedir la documentación y las explicaciones que consideren oportunas.
Lobato ha subrayado además que al inicio de la pandemia, cuando aún era alcalde de Soto del Real, optó por sacar a licitación este tipo de contratos, a pesar de que no estaba obligado a ello, para que se lo llevase «la mejor oferta» y que por tanto «cualquier administración» podía haber hecho lo mismo. «Si lo hicimos un ayuntamiento de 10.000 habitantes lo podía haber hecho cualquiera. Eso nos costó 72 horas, tampoco era tan complejo», ha apuntado.
Sin embargo, ha recordado que en aquel momento estaba decretado el estado de alarma y había dificultad para conseguir mascarillas y por tanto, está de acuerdo en que se facilitase la contratación, aunque ha insistido en la pertinencia de revisarlo exhaustivamente a posteriori. «Ese es un buen modelo», ha sostenido.
COMUNIDAD Y AYUNTAMIENTO, CASOS PARALELOS
Para el líder de los socialistas madrileños los casos de la Comunidad y el Ayuntamiento son «paralelos» porque en ambos aparecen personas que presuntamente recibieron comisiones. Así, ha afeado el asunto que, a su juicio, «ha reconocido» la propia Díaz Ayuso «en el que es su propio hermano el que se enriqueció con más de un cuarto de millón de euros teletrabajando 10 días sin poner ni un euro de inversión», ha lanzado.
Además, ha resaltado que la persona acusada de haberse llevado una comisión de cinco millones de euros por un contrato de mascarillas, test y guantes con el Ayuntamiento de Madrid, en referencia a Alberto Luceño, «era el administrador de una de las empresas implicadas en Fundescam» hace una década, en un caso de «financiación ilegal del PP de Madrid», tal como ha afirmado.
«Son las mismas personas», ha denunciado. «Esto es lo que no puede ser, aprovechar cualquier momento para enriquecer siempre a los mismos y a unos cuantos», ha añadido.
Respecto a la imputación de tres altos cargos de los Ministerios de Sanidad y Hacienda por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, Lobato espera que, si se plantean preguntas o se piden comparecencias en el Congreso de los Diputados, estas «se analicen» y «se contesten», ha afirmado.
QUE FEIJÓO OBLIGUE A RESPONDER A ALMEIDA Y AYUSO
Lobato ha pedido además al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que obligue a Ayuso y al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida a «dar la cara» asumir «mínimamente» las responsabilidades políticas de responder sobre los casos citados anteriormente, en la Asamblea y en el Ayuntamiento, respectivamente.
Además, ha acusado a Feijóo de acceder al liderazgo del PP con un pacto con Ayuso para «tapar» el caso de su hermano y ha afirmado que «hubo un debate» en el PP sobre si su antecesor en el cargo, Pablo Casado, –«que había destapado un posible caso de corrupción»– debía seguir o no al frente del partido.
«El PP es el único partido que castiga a quien persigue la corrupción, en vez de castigar la corrupción. Ese es el pecado original de Feijóo», ha continuado, antes de recomendarle que levante «todas las alfombras del PP de Madrid» que lleva «17 años» metiendo «casos de corrupción», ha acusado.
Así ha mencionado la última sentencia de la Audiencia Nacional publicada la semana pasada que habla de «organización criminal» y obliga al PP a devolver «cientos de miles de euros que robaron de los impuestos de todos», ha manifestado. «Y eso no se soluciona de la forma en que lo ha hecho Feijóo», ha terminado.
EL CASO DE IRENE MONTERO NO AFECTA AL GOBIERNO
Por otro lado, respecto al caso de las niñeras de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que presuntamente fueron pagadas con dinero público, Lobato cree que «tendrá que dar las explicaciones públicas que corresponda» además de responder ante la Justicia, según ha indicado, aunque no piensa que la reputación del Gobierno sufra por este motivo.
«No creo que sea un tema que afecte al Gobierno», ha explicado, porque no se trata de «una decisión» del Ejecutivo ni tampoco afecta a ningún «ámbito gubernamental», ha sostenido.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 42 de Madrid ha acordado imputar por un presunto delito de malversación a la extrabajadora de prensa de Podemos Gara Santana para esclarecer si, tal y como señaló una exescolta del partido en sede judicial, hizo de cuidadora de los hijos de Irene Montero en 2019, antes de que esta fuese ministra de Igualdad. La mujer deberá comparecer el 10 de mayo a las 10.45 horas.
La decisión tiene lugar después de que el juez instructor estimara la petición realizada por las acusaciones populares ejercidas por Vox y ProLege y requiriese a Podemos que identificara a la persona a la que la exescolta se refirió como «Gara», que habría trabajado en 2018 con el equipo de prensa de Montero.
LA DIPUTADA CARMEN LÓPEZ, APARTADA
Finalmente, Lobato ha explicado que su partido ha decidido «retirarle las responsabilidades en las comisiones parlamentarias» a la diputada socialista en la Asamblea de Madrid, Carmen López, para que «no siga sometida» a los ataques «injustos» de la oposición y en especial del PP, según ha indicado, y para que el partido pueda continuar «su acción parlamentaria y política».
«Es una decisión muy compleja que tiene consecuencias, pero para eso estamos aquí, para asumir responsabilidades y tomar decisiones», ha trasladado. El PSOE-M tomó esta decisión tras conocerse que la hija de la diputada está siendo investigada por una presunta estafa al sindicato UGT. La Fiscalía de la Comunidad de Madrid denunció el 30 de marzo a la hija de López, empleada de UGT, por desviar presuntamente dos millones de euros procedentes del sindicato.
