Quizá para los españoles el nombre de Ricardo Martinelli no sea familiar, pero si se llegase a comprobar que el Gobierno de Pedro Sánchez espió a los independentistas de Cataluña mediante el uso del software israelí Pegasus, tendrán que saber que al mandatario español podría terminar en el banquillo de los acusados, como acabó el expresidente panameño (2009 – 2004) en su propio país.
Pere Aragonés, presidente de la Generalitat, anunció que las conversaciones con el gobierno de Sánchez estarán congeladas hasta que se investigue el supuesto caso de espionaje a los 63 independentistas catalanes y los dos separatistas vascos, llevado a cabo entre 2017 y 2020.
El político catalán advirtió que no descansarán hasta que dimitan todas las personas implicadas en este escándalo de espionaje develado por el medio norteamericano The New Yorker, que reveló que tanto Aragonés como el expresidente Quim Torra y el entorno de Carles Puigdemont se encontraban entre la lista de presuntas víctimas.
Como Antecedente de lo que podría suceder, de llegarse a comprobar que el gobierno de Sánchez ordenó pinchar a los independentistas, debería saber que ya a un presidente latinoamericano lo encarcelaron y juzgaron por un hecho similar. Solo que Martinelli, que en su país es conocido como un magnate de los negocios, con gran poder, logró librarse de la justicia.
Para la época en la que supuestamente ocurrieron las escuchas aquí, el exmandatario panameño era detenido en Estados Unidos. En 2018 fue extraditado a Panamá para ser juzgado por supuestamente haber infectado los móviles de un grupo de 150 periodistas y políticos que le hacían oposición en la época que fue presidente.
Martinelli fue sometido a juicio en dos oportunidades: en el primer proceso fue declarado “no culpable”, mientras que en el segundo las jueces del caso lo absolvieron, porque no se pudo comprobar la compra de Pegasu ni el hecho de que fuera que el expresidente quien dio la orden al funcionario del Consejo de Seguridad Nacional, para que interceptara las comunicaciones. Las víctimas y testigos rindieron declaraciones de que, en efecto, sus teléfonos móviles fueron intervenidos, pero al final no hubo manera de inculpar al expresidente.
Habrá que esperar a que las autoridades españolas se tomen en serio las denuncias e inicien una investigación formal sobre el tema, para que se puedan determinar responsabilidades en este escándalo, que tiene en la mira no solo a España, sino a un grupo de países de la Unión Europea, que también han sido señalados de adquirir el software israelí que solo es vendido a gobiernos y que supuestamente ha sido empleado para espiar a periodistas, activistas y políticos.
La Comisión Europea (CE) se manifestó este martes que está a la espera de que los Estados miembros den curso a la investigación sobre las denuncias por este escándalo de espionaje y advirtió que, de llegarse a comprobar que estas informaciones son ciertas, sería inaceptable.
Johannes Bahrke, portavoz del organismo, dijo que la investigación de estos señalamientos es competencia de cada Estado miembro. La ministra portavoz Isabel Rodríguez salió al paso para defender al Gobierno, advirtiendo que en este país no se espía a nadie, “si no es al amparo de la ley y el derecho”.
La funcionaria dijo que el Gobierno no tiene nada que ocultar; “absolutamente nada”, sentenció.
Entretanto, Aragonés insiste en que toda esta situación podría traer consecuencias políticas, dependiendo de la manera en que decida afrontarlo el gobierno de Sánchez.
¿Dará la cara Sánchez a Aragonés, tal como se lo ha pedido el catalán? Lo cierto es que el jefe del Govern da por cierto y válido el informe del laboratorio canadiense The Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, que fue citado por el reportaje publicado por The New Yorker.
