El juez de la Audiencia Nacional encargado de la instrucción de la macrocausa ‘Tándem’, Manuel García-Castellón, continúa este viernes su ronda de declaraciones en la pieza relacionada sobre los presuntos encargos que realizó BBVA al ahora comisario jubilado José Manuel Villarejo escuchando al exjefe de Seguridad de la entidad Nazario Campo y al exdirector de Red Banca Comercial, Ignacio Pérez.
Fue a finales del pasado mes de marzo cuando el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Joaquín Gadea, fijó la declaración como investigados de sendos trabajadores del banco. Campo comparecerá a partir de las 09.30 horas y Pérez, por su parte, lo hará a las 10.00 horas.
Media hora más tarde, a las 10.30 horas, está previsto que el instructor escuche a una testigo, Alejandra Fernández-Chico, que no pudo comparecer el pasado 18 de febrero en una ronda de citaciones previa.
Este ciclo de comparecencias la cerrará el actual asesor de presidencia del BBVA Juan Asúa Madariaga, quien está citado como investigado para el 4 de mayo. Aunque ya fue convocado en 2019, en aquel momento se acogió a su derecho a no declarar dado que la causa estaba secreta.
SEMANA DE DECLARACIONES
Este impulso a las pesquisas de la pieza número 9 de ‘Tándem’ comenzó el pasado martes con la declaración como investigado del exdirector de finanzas del banco Javier Malagón Navas. Ese mismo día también compareció Germán López Espinosa, autor del informe pericial sobre la contratación, contabilización y pago de las facturas relacionadas con los servicios prestados por CENYT, el grupo empresarial de Villarejo.
Un día después, el miércoles, fue el turno del ex responsable jurídico de BBVA Eduardo Ortega, que aseguró al juez fue él quien decidió denunciar a Ausbanc por el daño que estaba haciendo a la entidad financiera, desvinculando al entonces presidente de BBVA, Francisco González, de este asunto.
Fuentes jurídicas explicaron que su comparecencia en calidad de imputado giró en torno a la denuncia anónima presentada en 2015 contra Ausbanc, cuyo presidente, Luis Pineda, dice que fue el colofón del espionaje al que Villarejo le habría sometido por mandato de BBVA.
Ese mismo día José Manuel García Crespo, otro ex responsable jurídico de BBVA que compareció como imputado, aseveró que la información que manejaba procedía de datos accesibles al público en general.
Además, afirmó que no tuvo intervención alguna en la contratación de CENYT, achacando tal decisión al exjefe de Seguridad de BBVA Julio Corrochano, que le habría explicado que era para sustituir a la agencia de detectives Kroll.
FACTURAS FUERA DEL CAUCE FORMAL
La semana de declaraciones concluyó este mismo viernes con el que fuera miembro hasta 2018 del Comité de Dirección de BBVA Ricardo Gómez Barredo, que explicó que si algunas facturas del comisario no siguieron el cauce formal fue para acabar con el atasco que había en el departamento de Contabilidad cuando llegó al mismo.
A su declaración siguió la del técnico contable del BBVA Gregorio Egea, que había sido citado para que explicara por qué algunas facturas de CENYT se apuntaron en la cuenta de quebrantos en lugar de vincularse al centro de costes del departamento de Seguridad.
El técnico, según las citadas fuentes, puntualizó que no conocía las facturas concretas de Villarejo, para añadir que cuando las facturas se sacan del centro de coste correspondiente para meterse en quebrantos suele ser porque hay elementos que diferencian el trabajo realizado de un servicio ordinario.
