Esquerra Republicana, Junts, Bildu y la CUP han instado este lunes al Gobierno a actuar ante el espionaje a políticos independentistas y le han avisado, en palabras de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, de que si no lo hace será «cómplice». Así lo han hecho aprovechado la presencia en el Congreso de Óscar López, jefe de Gabinete del presidente del Gobierno, que ha comparecido en su condición de secretario general de Seguridad Nacional.
«Se ha marcado un Rajoy, haciendo como que no pasa nada cuando está pasando, y mucho», ha arrancado la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, una de las diputadas espiada, quien ya ha avanzado que su formación no apoyará la Ley de Seguridad Nacional porque en este «Watergate español» se ha «espiado sin límite» a personas que profesan una ideología perfectamente «legítima».
Nogueras ha avisado al Gobierno de que, o esto se investiga y se depuran responsabilidades o serán «cómplices» y ha destacado que todo esto ha puesto en evidencia que la mesa de diálogo sobre Cataluña «no ha sido más que un engaño y una farsa» porque con el beneplácito de ERC ha servido para transmitir que ya no había «conflicto político» cuando no esa así.
JUNTS, CONTRA LA MESA DE DIÁLOGO
En este contexto, Nogueras ha saludado que la Generalitat haya «congelado» sus relaciones con el Gobierno y ha instado a ERC a hacer lo propio en el Congreso para que se pueda «volver a camino» del que sus socios nunca debieron salir: «el camino de la independencia». «Nosotros ya dijimos que no queríamos ser sus socios y el tiempo nos ha dado la razón, quienes creen que con ustedes se puede llegar a soluciones del conflicto político cada vez son menos», ha apostillado.
La diputada de ERC, Montserrat Bassa, ha exigido a López que diga quién está detrás del espionaje, quién controla si el CNI se ajusta a la legalidad, y quién controla los gastos. Además, ha hecho especial énfasis en el espionaje a abogados de los implicados en el proceso independentista y ha preguntado si la información recabada en esas escuchas se pasó a la Fiscalía o la Abogacía del Estado.
«¿Cuántos años de cárcel les van a caer a quienes se saltaron la ley?», ha planteado, antes de reclamar una comisión de investigación sobre todo este asunto, como también han hecho los demás partidos independentistas y Unidas Podemos.
En nombre de la CUP, Mireia Vehí ha exigido a López que aclare si el espionaje tiene que ver con la «amenaza de la unidad territorial de España y la defensa de los principios constitucionales», si tiene su origen en el mandato de Mariano Rajoy y si las escuchas se hicieron con autorización judicial.
«Si no la hay, el escándalo sería aún más grave y si la hay ¿cómo se justifica ese espionaje masivo a personas que nada tiene que ver con la criminalidad? ¿Cuántos derechos cuesta la unidad de España? ¿Su proyecto de Estado y su forma de resolver el conflicto tiene que ver con acabar con la oposición política?», le ha preguntado, antes de avisar de que «ni todas las escuchas, ni todo el dinero, ni todas las cloacas podrán acabar con el anhelo de independencia» de los catalanes.
MÁS GRAVE QUE EL WATERGATE
«Parece que aquí no ha pasado nada, están ustedes escurriendo el bulto», se ha quejado el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, también objeto de estas escuchas, y para quien este asunto es «más grave que el Watergate». Así, ha urgido al Gobierno a tomar medidas «por duro que sea» porque esto es «intolerable» y está «lastrando la imagen de España».
Tras recalcar que este tema tiene repercusión internacional, que la Comisión Europea ha pedido explicaciones y el Parlamento Europeo va a investigar el uso de Pegasus, Iñarritu ha subrayado que el espionaje político no tiene cabida en la UE y que sólo lo practican los «los Estados no democráticos o dictatoriales». «Estoy preocupado no quiero que el Gobierno acabe, pero no entiendo cómo están ustedes tan tranquilos», ha admitido.
El diputado de Unidas Podemos Ismael Cortés ha mostrado también su preocupación por este asunto que ha vinculado con las «lógicas de construcción de enemigos del Estado» de las que, ha dicho, también ha sido «víctima» Podemos, y que desincentivan la participación de los ciudadanos en la política.
Cortés ha exigido que todo se investigue y que se depuren responsabilidades y ha planteado medidas de control sobre las empresas que venden material para el espionaje masivo y ha reclamado que se sepa si fue un equipo de personas o un programa informático el que decidió con «indicadores de peligrosidad» por el que se espió a políticos, abogados y miembros de la sociedad civil.
POR SUPUESTO, DENTRO DE LA LEY
Frente a las críticas de los independentistas, el portavoz del PP, Juan Antonio Callejas ha expresado su apoyo a los servicios de Inteligencia frente a quienes quieren actuar contra el Estado, que ya lo hicieron y que amenazan con repetir con el lema «Lo volveremos a hacer». «Por supuesto, dentro de la ley», ha remarcado.
A su juicio, es «vital» que el Gobierno no dependa de esos partidos separatistas y que no se les deje acceder a secretos de Estado. Tampoco ve coherente que quienes les secundan, como Unidas Podemos, formen parte del Ejecutivo.
Víctor González Coello de Portugal, de Vox, tampoco ve problema en haber investigado a quienes quieren romper el Estado, siempre y cuando se hiciera dentro de la legalidad, e incluso considera que la existencia de «partidos que atentan contra el Estado es una anomalía democrática» y no oculta su deseo de ilegalizarlos. Y ha retado a Unidas Podemos y a los independentistas: «Si tan indignados están, déjense de hipocesías, suspendan al Gobierno y vayamos a elecciones».
Por su parte, Miguel Gutiérrez, de Ciudadanos, ha dicho no entender que los independentistas «se quejen» de esas supuestas investigaciones del CNI cuando ellos han amenazado con volver a actuar contra el Estado, que tiene sus «mecanismos» para evitar amenazas. Eso sí, ha pedido al Gobierno que no se «humille» ante los independentistas como, a su juicio, ha hecho el ministro Félix Bolaños con su viaje relámpago a Barcelona.
