El Ministerio de Justicia está llevando a cabo, en colaboración con otros departamentos, los estudios necesarios para la implementación de la Ley de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, en lo que se refiere a la especialización de los órganos judiciales y los miembros del Ministerio Fiscal. Así lo avanza el Gobierno en una respuesta a una pregunta del diputado del PDeCAT Genís Boadella.
El Ejecutivo precisa que, de esta forma, se dará cumplimiento a la disposición final vigésima de la ley, la cual establece que en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la norma, el Gobierno deberá remitir a las Cortes sendos proyectos de ley para la especialización de los órganos judiciales, de la fiscalía y de los equipos técnicos que presten asistencia especializada a los Juzgados y Tribunales.
El primero de estos proyectos de ley estará dirigido a establecer la especialización tanto de los órganos judiciales como de sus titulares, para la instrucción y enjuiciamiento de las causas penales por delitos cometidos contra personas menores de edad.
Según añade la ley, también se planteará la inclusión de Juzgados de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, así como la especialización de los Juzgados de lo Penal y las Audiencias Provinciales. Igualmente, serán objeto de adaptación, en el mismo sentido, las pruebas selectivas.
Asimismo, la ley establece que el Gobierno deberá remitir a las Cortes un proyecto de ley de modificación de la Ley reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a los efectos de establecer la especialización de fiscales en el ámbito de la violencia sobre la infancia y la adolescencia.
Al mismo tiempo, las administraciones competentes deberán regular en idéntico plazo la composición y funcionamiento de los equipos técnicos que presten asistencia especializada a los órganos judiciales especializados en infancia y adolescencia, de acuerdo con la ley.
