Diputados y senadores del Partido Popular (PP) han advertido al Gobierno de que el opositor venezolano Rolando Figueroa, reclamado por una presunta estafa, podría «correr peligro» si es extraditado a su país porque las acusaciones en su contra «se deben más a una persecución política que a un hecho delictivo», al tiempo que han preguntado al Ejecutivo qué garantías tiene de que recibirá un juicio «justo».
Así lo han plasmado los diputados María Valentina Martínez Ferro, Pablo Hispán y Belén Hoyo y los senadores Miguel Lorenzo Torres y Pilar Milagros Rojo en sendas preguntas registradas el pasado lunes en ambas cámaras y para las que exigen respuesta escrita del Gobierno.
«En estos días hemos tenido conocimiento de que Rolando Figueroa, afincado desde hace años y plenamente integrado en la ciudad de A Coruña, junto con su esposa coruñesa y sus dos hijos gallegos, y con la solicitud de nacionalidad española en trámite, ha tenido conocimiento de que le ha sido denegado por las autoridades españolas su solicitud de asilo político», exponen.
Señalan que «Venezuela lo reclama por un procedimiento que se inició dos años después de su salida del país, cuando ya se encontraba residiendo en España y que presuntamente se debe más a una persecución política que a cualquier hecho delictivo».
Los parlamentarios del PP alertan de que, «debido a que Venezuela es un país que no respeta los Derechos Humanos, ni la presunción de inocencia, ni existen las garantías judiciales mínimas que garanticen un proceso justo, sobre todo cuando se trata de una persona reconocida por su militancia de oposición al régimen de (Nicolás) Maduro, que tuvo que salir del país debido a las amenazas sufridas sobre él y su familia, (…) su integridad física podría correr peligro».
En este contexto, quieren saber si «va el Gobierno a conceder la extradición de Rolando Figueroa conociendo las circunstancias que se dan en Venezuela, país que no respeta los Derechos Humanos y carece de garantías jurídicas, y la persecución que se sigue contra los opositores políticos».
Y, «en el hipotético caso de que se conceda la extradición», cuestionan «qué garantías tiene el Gobierno de que se va a respetar la integridad física de Rolando Figueroa y de que va a tener un proceso justo».
PENDIENTE DE LA EXTRADICIÓN
En realidad, la extradición del miembro de Voluntad Popular –el partido de Leopoldo López– quedó aprobada en julio de 2020 pero, por problemas logísticos relacionados con la pandemia, no llegó a materializarse. Un año después se reactivó, aunque volvió a suspenderse después de que Figueroa formulara una segunda petición de asilo.
El pasado 12 de abril, el Ministerio de Interior volvió a negarle el asilo por las mismas razones que la primera vez, esto es, por entender que era un militante de base cuya labor de oposición no era lo suficientemente destacada como para ser víctima de persecución por parte de Gobierno de Maduro.
Esta segunda negativa podría reavivar el proceso de extradición de Figueroa, si bien sus abogados, del despacho Ismael Oliver, que lleva la causa ‘pro bono’, preparan ya un recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.
Venezuela pidió la extradición de Figueroa en 2018 por, supuestamente, haber estafado a una mujer que había contratado varios tratamientos médicos con una empresa de productos sanitarios. La presunta víctima habría pagado más de 200.000 dólares sin recibir tratamiento alguno.
«MI DELITO HA SIDO PENSAR DISTINTO»
En una entrevista, Figueroa se declaró «totalmente inocente», asegurando que solo era un asesor legal de la empresa que habría consumado la presunta estafa. Así, achaca la acusación en su contra a una persecución política impulsada por la presunta víctima, Mayerling Rojas, una antigua compañera del Ministerio de Interior y Justicia que le tachó de «traidor a la patria» por no acatar las órdenes que llegaban desde el oficialismo.
Figueroa, que lleva viviendo en España desde 2017 junto a su mujer y sus dos hijos menores –los tres de nacionalidad española–, afirma que la verdadera razón de que Venezuela le reclame es su tarea de oposición. «Mi delito ha sido pensar distinto», dice.
Además, advierte de que «esto es un tema de vida o muerte». «De ser metido en un avión, al pisar Venezuela yo soy torturado (…) No se sabrá más nunca nada de mí», sostiene sin ninguna duda. Por ello, pide a las autoridades españolas que revisen su caso, mostrándose dispuesto a aportar toda la documentación necesaria para respaldar sus palabras y conseguir el asilo.
EL DEFENSOR DEL PUEBLO PIDE FRENAR SU ENTREGA
Figueroa se reunió la semana pasada con la adjunta primera del Defensor del Pueblo, Teresa Jiménez-Becerril, que ha solicitado «paralizar» su extradición hasta que haya una resolución judicial firme sobre la denegación del asilo, «teniendo en cuenta las circunstancias» que concurren en su caso y «la situación actual de los Derechos Humanos en Venezuela».
El opositor venezolano también se dirigió a la Defensora del Pueblo gallego, María Dolores Fernández Galiño, que en un escrito del pasado lunes, le indicó que remitía su caso al Defensor del Pueblo, por tratarse de la institución competente.
No obstante, Fernández Galiño plasmó que ya apuntaba al Defensor del Pueblo que «existen fundados indicios» de que la acusación contra Figueroa «podría tratarse de una denuncia instrumental, escasamente fundada y promovida por una persona que sigue ocupando altos cargos en el régimen».
«Lo que tratamos parece dirigido a lograr la extradición de un opositor político que en su momento ocupó un alto cargo en el régimen, pero que al poco tiempo se desvinculó del mismo y por ello se vio obligado a huir del país junto a su familia», alertó la Valedora do Pobo.
