La directora del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Noelia Carbo, y el secretario general técnico de Ciudadanía, José Antonio Jiménez, han comparecido este sábado en rueda de prensa para aclarar que la compra de mascarillas que se realizó el 3 de abril de 2020 a un proveedor holandés, para repartir entre todas las residencias de la región, se hizo cumpliendo la normativa vigente en ese momento.
«El material se recepcionó y se entregó a todas las residencias, públicas, privadas, con plazas concertadas, de Zaragoza, Huesca y Teruel», han recalcado.
Los representantes del Departamento de Ciudadanía del Ejecutivo regional han respondido así a la información que este sábado pública el diario ‘ABC’ que dice que la Cámara de Cuentas de Aragón recoge en su informe de fiscalización del año 2020 que no consta la factura del proveedor de ese material, por lo que no ha podido obtener evidencia de que este suministro se entregara.
A este respecto, la directora del IAAS, Noelia Carbo, ha indicado que han convocado esta rueda de prensa porque han considerado «oportuno» dar respuesta a estas informaciones, ya que «este Gobierno se ha caracterizado por dar transparencia en toda su gestión», ha añadido.
Carbo ha contextualizado que esta compra de material de protección individual se realiza el 3 de abril de 2020, al inicio de la pandemia de COVID, en un momento «muy complicado» donde «todas las administraciones públicas buscábamos material de prevención por tierra, mar y aire» para «garantizar la seguridad y protección en los centros residenciales, tanto de personas que atendemos como de todo nuestro personal».
Asimismo, ha continuado que dicho material se recibió «de manera íntegra» y fue repartido por todos los centros residenciales, pertenecieran al IASS o no. «Estamos muy tranquilos con este contrato y volvería a realizarlo una y mil veces si fuera necesario», ha subrayado.
MERCADO «ROTO»
Por su parte, el secretario general técnico de Ciudadanía, José Antonio Jiménez, ha reiterado que en el momento de dicha adquisición había desaprovisionamiento de cualquier elemento de protección, «el mercado estaba roto» y «nuestros esfuerzos, entre otros, iban dedicados a la adecuada protección de los residentes y trabajadores de los centros», ha apostillado.
En ese ánimo, ha contado, encontraron la posibilidad de aprovisionarse a través de un proveedor holandés, con el que «se quiso hacer una prueba»: «Queríamos ver la calidad del producto y la posibilidad de que nos pudiera suministrar de manera constante».
De este modo, se procedió a la compra de 70.000 mascarillas quirúrquicas, un millón de guantes de vinilo, 7.000 mascarillas FFP2 y «se pidieron batas pero no había en ese momento disponibles», ha detallado Jiménez, al tiempo que ha precisado que se trataba de cantidades «importantes» pero «desde luego nunca suficientes para atender la inmensa demanda que había».
PAGOS ANTICIPADOS
El material, según Jiménez, se encargó de acuerdo al decreto-ley que permitía las compras de las administraciones públicas con pagos anticipados y que «contaba con el aval del Estado». Los productos llegaron por vía aérea al aeropuerto de Zaragoza y él mismo, ha relatado, lo comprobó en el despacho de Aduanas. Después, un transitario se ocupó de despachar el total de la mercancía, ha esgrimido.
«Contratamos a un transitario, dimos la notificación en el despacho de aduanas a la Agencia Tributaria, esos documentos constan en el expediente que se remitió a la Cámara de Cuentas y vimos el material, lo incorporamos a un almacén de la DGA y tuvimos la precaución de verificar la calidad del producto».
Finalmente, de todo el material comprado, se comprobó que las 70.000 mascarillas quirúrgicas cumplían la normativa vigente, pero las 7.000 FFP2 no cumplían el estándar para ser usadas en el marco laboral y «decidimos que no se podían repartir y que por tanto quedaban bloqueadas», ha descrito el secretario general técnico de Ciudadanía, que finalmente ha aclarado que esas mascarillas FFP2 se pudieron utilizar como mascarillas quirúrquicas o para hacer la técnica de la doble mascarilla.
En esta situación, ha reconocido, «nos surgió un problema con el proveedor, que quería que le pagásemos más dinero y como no resolvimos esta cuestión, decidimos que no le íbamos a pagar el dinero que nos reclamaba y surgió un problema con la factura».
PROBLEMAS CON LAS FACTURAS
Jiménez ha comunicado que se realizó un pago al proveedor holandés de 244.570 euros. «No estaba incluido en ese importe el coste de transporte pero luego se incluyó en la factura», ha señalado.
Ha justificado que en el informe de la Cámara de Cuentas se avisa de que no hay facturas preceptivas de esta compra porque «hubo un problema»: «Nos pasaron la factura por correo electrónico, que es el procedimiento habitual, y no fuimos lo suficientemente diligentes en tramitar esa factura en formato papel en el momento. Luego cuando pasan los meses hay que tramitarla en formato electrónico y los procedimientos son algo estrictos en ese sentido».
Jiménez ha manifestado que en el periodo de los contratos de emergencia de la primera ola, el decreto-ley «permitía que se tramitaran las facturas por medios manuales, en papel, fuera del formato de la Plataforma de Facturación FACe –electrónico–. En ese momento, ya no tramitamos la factura ni en papel ni en formato FACe por las disputas con el proveedor y ahí se bloqueó la relación con él» y, en otros pedidos posteriores se acudió a otras empresas.
Por último, ha insistido en que las mascarillas llegaron a su destino, se usaron. «El dinero se utilizó adecuadamente y con la finalidad prevista».
