España y Marruecos van a reunir en los próximos días a la comisión para la delimitación de sus aguas territoriales en la fachada atlántica, uno de los acuerdos alcanzados durante la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Rabat el pasado 7 de julio. Ambos países buscan así resolver una de las cuestiones pendientes pero tienen ante sí un complicado obstáculo, las aguas del Sáhara Occidental.
La necesidad de delimitar las aguas territoriales se hizo más acuciante a raíz de que Marruecos aprobara a principios de 2020 dos leyes por las que procedía a delimitar su mar territorial hasta 12 millas náuticas y la zona económica exclusiva (ZEE) de 200 millas náuticas, así como su plataforma continental, «hasta el borde exteriordel margen continental o hasta 200 millas».
Ambos textos chocaban con la delimitación de las aguas territoriales españolas en Canarias, si bien hasta el momento dichas leyes no han sido aplicadas, a falta de un reglamento para su ejecución. En todo caso, ya entonces el Gobierno español aseguró que los dos países querían resolver la cuestión de mutuo acuerdo y conforme a la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar.
La declaración conjunta tras el encuentro en Rabat entre Sánchez y Mohamed VI viene a poner negro sobre blanco dicha voluntad. En ella se anuncia que se va a reactivar «el grupo de trabajo sobre delimitación de espacios marítimos en la fachada atlántica con el objetivo de lograr avances concretos».
Esta semana, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, confirmó en el Senado que este grupo de trabajo, creado en 2001 y que no se ha reunido desde hace 15 años, mantendrá su primera reunión en los próximos días y aseguró que Canarias podrá participar en el proceso, dado el interés particular que esta región tiene en el resultado de la negociación.
¿SE INCLUIRÁN LAS AGUAS DEL SÁHARA?
Lo que no aclaró Albares, como le había preguntado un senador, es si en esas discusiones también están incluidas las aguas del Sáhara Occidental, que Marruecos considera como propias aunque el Tribunal General de la UE ya le advirtió el pasado septiembre en un fallo histórico de que esto no era así, al tumbar el acuerdo pesquero entre el bloque y el reino. Dicho fallo, no obstante, ha sido recurrido.
«España no puede negociar un tratado con Marruecos que incluya las aguas territoriales del Sáhara porque estaría violando el Derecho Internacional, ya que es un territorio no autónomo», advierte en declaraciones Juan Francisto Soroeta, profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la UPV.
En su opinión, «es impensable que España negocie un tratado de esas características con Marruecos» pese a que el Gobierno haya dicho que el plan de autonomía marroquí para el Sáhara es «la base más sólida, realista y creíble» para resolver este contencioso. La carta en la que Sánchez trasladó este posicionamiento del Gobierno «no tiene consecuencias jurídicas», subraya Soroeta.
Con ello, acota, no se cambia el estatus del territorio. En este sentido, subraya que España no ha llegado tan lejos como lo hizo Estados Unidos con Donald Trump al reconocer la marroquinidad del Sáhara. «Esa decisión fue también un brindis al sol ya que tampoco tiene consecuencia jurídica alguna» y por tanto el Sáhara sigue siendo un territorio a descolonizar.
Si España llega a algún acuerdo con Marruecos de delimitación de las aguas territoriales en el que se incluyera a la antigua colonia «sería perseguible ante los tribunales internacionales», insiste el profesor de la UPV, que por ello se muestra convencido de que el Gobierno no llegará tan lejos.
«Otra cosa es que negocie con Marruecos sus fronteras marítimas excluyendo las aguas jurisdiccionales del Sáhara Occidental de la negociación», subraya, mostrando sus dudas de que Marruecos acepte dejar fuera unas aguas que considera como propias.
PROCESO DE NEGOCIACIÓN
Dejando el Sáhara al margen, las negociaciones para la delimitación de las aguas territoriales no siempre son sencillas. La Convención de Ginebra sobre Mar Territorial y Zona Contigua, de 1958, contemplaba la posibilidad de dirimir las diferencias mediante acuerdo o, a falta del mismo, optar por la equidistancia a la hora de delimitarlas.
Sin embargo, con la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982, de la que tanto España como Marruecos son parte, se suprime esta segunda opción, quedando solo la posibilidad del acuerdo o la no delimitación de las aguas, como ocurre en estos momentos entre los dos países.
Ese acuerdo es el que intentará buscar ahora el grupo de trabajo de España y Marruecos. De no ser posible alcanzarlo podrían explorar otras vías, como una solución diplomática, no vinculante, y buscar por ejemplo una figura que ejercciera de mediadora, aunque no es algo frecuente, reconoce la profesora de Derecho Público Internacional Elena Conde, de la UCM. Esta solución «no es jurídicamente vinculante» por lo que de ella «no se derivan obligaciones jurídicas, salvo que lo acordado culmine con la aprobación de un tratado internacional», precisa.
Lo más normal ante una controversia de este tipo es acudir a un arbitraje. También aquí hay distintas opciones, desde un tribunal arbitral o una figura elegida por las partes para buscar una solución, pasando por el Tribunal Internacional de Derecho del mar, creado en virtud de la citada Convención y cuyo cometido es precisamente dirimir este tipo de controversias, y llegando a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), la encargada de resolver contenciosos entre estados.
La clave en el caso del arbitraje, subraya Soroeta, es que cuando se acude a él las dos partes deben estar de acuerdo en que «acatarán la solución que se emita». «Aquí la solución es derecho, norma jurídica, por lo que si se incumple existe una responsabilidad internacional», puntualiza la profesora de la UCM, que incide en que «en la mayoría de los casos de los procesos de delimitación terminan en un tratado o una decisión jurídicamente vinculante».
PROSPECCIONES DE MARRUECOS
Por otra parte, el debate sobre la delimitación de las aguas se ha visto acompañado por la polémica suscitada por los planes de Marruecos de llevar a cabo prospecciones de hidrocarburos frente a sus costas y cerca de Lanzarote y Fuerteventura, que ha generado críticas e inquietud en Canarias.
A este respecto, Albares ha asegurado que el Gobierno velará por los intereses del archipiélago y que él sigue día a día esta cuestión y por el momento los datos que hay es que las prospecciones son en aguas territoriales marroquíes. En cuanto al temor de Canarias por el impacto medioambiental que esto pueda tener en las islas, el ministro ha indicado que es uno de los temas que puede tratar el grupo de trabajo.
Sin embargo, Conde no cree que hay mucho que el Gobierno pueda hacer en esta cuestión. «Marruecos puede hacer a priori lo que quiera, dentro de lo estipulado por la Convención sobre Derecho del Mar, en su plataforma continental y su Zona de Exclusión Ecónomica (ZEE) aunque con algunos límites y en función de las obligaciones que haya asumido internacionalmente, especialmente en lo relativo a la protección del medio ambiente», explica la profesora de la UCM.
Si durante las prospecciones se produjera «un derrame o un accidente existen posibilidades de satisfacción e indemnización», reconoce la experta en Derecho Internacional, pero advierte de que en general estas dependen «de los acuerdos que las empresas que hacen las prospecciones hacen con las aseguradoras y los Estados que conceden los permisos».
