Toda la trama de corrupción y estafa que se tejió en torno a la aplicación móvil Shasta, creada por el venezolano Leonardo Montbrun y el español Alex Sicart y que ahora es investigada por las autoridades en España, debió haber hecho saltar todas las alarmas dentro de la banca española, que al parecer no se percató de lo que sucedía y permitió que entrara al sistema financiero dinero proveniente de Venezuela, sospechoso de lavado.
Si bien en cierto que inicialmente la aplicación era para que los venezolanos pudieran hacer llegar remesas a sus familiares en Venezuela, cuando Shasta comenzó a operar en ese país, permitía que se enviaran hasta 10.000 euros mensuales a cuentas en España, a través de la intermediación de la compañía Easy Payment & Finance. De esta manera el dinero salía de Venezuela sin mayor justificación que la que les pedían en Caracas para hacer el depósito o el registro en la app, que en todo caso solo era un documento de identidad.
Esto hecho, sin duda alguna tuvo que haber hecho saltar las alarmas dentro del sistema bancario, porque de acuerdo con la legislación española, los bancos tiene la potestad de solicitar mayores elementos que permitan la identificación de los clientes y verificar el origen en de los fondos, cuando se hacen transferencias por más de 3.000 euros por trimestre natural.
De momento, es muy poca la información que se ha filtrado sobre la investigación que llevan a cabo las autoridades en el país, pero se sabe que en la Audiencia Nacional hay denuncias formuladas por víctimas que perdieron importantes cantidades de dinero, al hacer uso de la aplicación. Además, se sabe que por lo menos Leonardo Montbrun está solicitado y que desde Interpol constantemente solicitan información a Venezuela, pues se presume que el cofundador de la aplicación móvil podría estar escondido en su país de origen.
La triangulación de los fondos que salían de Venezuela se hacía supuestamente a través de la cuentas del Banco Nacional de Crédito (BNC), donde Shasta y sus fundadores disponían de 26 cuentas bancarias para movilizar todo el dinero que las personas depositaban a través de la app o depositándolo en efectivo en las sucursales del banco o la sucursal de Shasta, ubicada en Caracas.
Cuando se hizo el lanzamiento en Venezuela, los fundadores de Shasta dijeron que solo en España ya tenían más de 10.000 personas suscritas para hacer uso de la herramienta que les permitía enviar a Venezuela remesas a sus familiares.
En Venezuela nunca se ofrecieron detalles sobre el por qué se habían suspendido las operaciones de Shasta Technologies sucursal Venezuela. Simplemente se dijo que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) detectó una serie de irregularidades en la administración de acceso a la plataforma, según la resolución 056.21 con de fecha 28 de julio de 2021, apenas un año y un mes después que se le otorgó a la empresa la operación en Venezuela.
En la nota de prensa de Sudeban, en ese momento, lo que se señaló eran las debilidades de la plataforma a nivel tecnológico, pero nunca se hizo referencia al tema de la debilidad para fiscalizar el origen de los recursos que salían de Venezuela a través de la herramienta.
Sin embargo, es evidente que hay muchas más probabilidades de que se haga justicia en España y que en algún momento trascienda información sobre quiénes habrían sido las personas afectadas por la plataforma y quiénes estaban detrás de las operaciones que realizaba Shasta Technologies en este país, pues la jurisprudencia de la Audiencia Nacional y del Supremo español permite que se investigue los delitos de corrupción y blanqueo de capitales precedentes, que se cometan fuera de España, siempre y cuando haya una empresa española implicada en la trama y en este caso, más allá de las denuncias que pudiesen haber formulado las víctimas, hay un hecho cierto y es que se movieron recursos desde Venezuela, con la intermediación de una compañía española.
En cuanto al seguimiento que se la hace dentro del sistema financiero a este tipo de transacciones, una vez que se realiza la transferencia, por un monto establecido por la legislación, el banco receptor está en la obligación de notificar los detalles de esta operación al Banco de España; posteriormente es el Banco de España que se encarga de trasladar la alerta a la Agencia Tributaria del Ministerio de Hacienda y es desde ese organismo que se inicia la investigación y se piden las explicaciones a quién haga la transferencia.
En principio, habrá que indagar sobre la cantidad de víctimas de la red de estafa de Shasta y la cuantía del dinero que quedó en manos de Leonardo Montbrun cuando desapareció, pero lo más importante que podrían hacer las autoridades españolas es rastrear todos esos fondos que salieron desde Venezuela, con destino a sistema financiero español, procedente de actividades irregulares cometidas por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.
