Gonzalo Boye, conocido por ser el abogado del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, ha presentado este martes una querella por un presunto delito de descubrimiento y revelación de secretos contra NSO, la empresa israelí propietaria del ‘software’ Pegasus, y contra sus tres fundadores, así como contra otras dos mercantiles, por el espionaje del que habría sido víctima.
En un escrito de 109 folios, el letrado ha pedido al Juzgado de Instrucción de Madrid al «que por turno corresponda» que admita a trámite su querella y acuerde la práctica de una batería de diligencias.
Boye denuncia que, conforme al informe emitido poer The Citizen Lab, entre enero y mayo de 2020 y el 30 de octubre de ese mismo año fue víctima de al menos 18 ataques con Pegasus, «a través de mensajes SMS que contenían un enlace ‘malicioso’ (‘malware’), disfrazado de notificaciones de Twitter».
El abogado subraya que «la fecha en la que se produjeron los ataques a través de este programa espía no resultan casuales». Así, detalla que el 28 de mayo de 2020 tuvo lugar la audiencia de extradición del ex jefe de ETA José Antonio Urrutikoetxea, alias ‘Josu Ternera’, al que defiende, y tres días después participó en «dos reuniones importantes» con «el conjunto de la defensa de los líderes independentistas catalanes en el exilio».
El letrado contextualiza este presunto espionaje en «la innumerable cantidad de medidas adoptadas por diversos estamentos del Estado español, especialmente desde las altas instancias jurisdiccionales, así como por parte de radicales sectores dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el fin de reprimir el derecho a la participación política» de Puigdemont y otros líderes independentistas.
Con todo, Boye pide que a través del punto neutro judicial se recaben «todos los datos económicos y bancarios que existan en España respecto a los querellados», es decir, los fundadores Niv Karmi, Shalev Hulio, Omri Lavie, y de las mercantiles querelladas NSO Group Technologies LTD, Q Cyber Technologies LTD y Osy Technologies SARL».
Según indica el abogado en su querella, estas tres empresas forman el conglomerado que ha operado Pegasus y «se han beneficiado de la comercialización de la aplicación». A través de sus cuentas bancarias habrían «pasado los pagos por los servicios prestados, incluidos los correspondientes a los hechos objeto de la presente querella».
También reclama que se solicite al Banco de España informe de «cualquier transferencia de dinero que se haya realizado desde el sistema bancario español» y a favor de los querellados. Asimismo, interesa que se libre comisión rogatoria internacional «con desplazamiento de una comisión judicial a Israel» para que se notifique la querella a los involucrados.
PIDE INTERROGAR A CITIZEN LAB
En este sentido, pide que se requiera a la representación legal de las mercantiles que «aporten la documentación acreditativa de todos los contratos, convenios o cualquier clase de acuerdo que se haya suscrito con el Gobierno de España, el Centro Nacional de Inteligencia o cualquier organismo/empresa pública española o empresa privada para el uso del ‘software’ malicioso de inteligencia cibernética Pegasus en el territorio español».
Así las cosas, solicita que se reclame a las autoridades israelíes acceso a «toda la información bancaria referida» a las empresas israelíes contra las que ha presentado la querella, así como «toda la información de la que dispongan de viajes a España de los querellados». También requiere «cualquier otro dato de movimientos migratorios hacia Israel por parte de ciudadanos españoles que hayan mantenido relaciones comerciales o de cualquier otro tipo con las empresas querelladas».
Boye plantea igualmente que se solicite a las autoridades judiciales de Luxemburgo para que se notifique y tome declaración en calidad de investigados a los representantes legales de Osy Technologies SARL y para que se requiera a las entidades bancarias que operan en ese territorio la información relativa a dicha empresa y a los querellados.
Además, pide que se le tome declaración en calidad de peritos a los «expertos de Citizen Lab» y a los autores del informe pericial que ha adjuntado a su querella. El propio Boye propone comparecer ante el juzgado en el marco de los interrogatorios.
A su vez, reclama que se remita oficio al Parlamento Europeo para que aporte y se incorporen al procedimientos los vídeos del evento organizado por el Partido Popular Europeo el pasado 10 de febrero. Y solicita que se cite a declarar en calidad de testigos a seis personas que participaron en dicho encuentro.
SECRETO DE LAS COMUNICACIONES
Boye insiste en que «la utilización del ‘software’ malicioso de inteligencia cibernética Pegasus afecta de manera esencial al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones». Al hilo, resalta de la posible interceptación de llamadas, mensajes de textos y de mensajería instantánea se podría haber vulnerado su derecho a la intimidad. Y añade que –en su caso particular como abogado– también puede implicar una vulneración del secreto profesional.
En este sentido, recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) establece que «la limitación al derecho fundamental al secreto de las comunicaciones no sólo requiere autorización previa mediante resolución judicial, sino que, además, aquella decisión debe encontrarse suficientemente motivada, dictada por un juez competente, en el marco de un procedimiento judicial de investigación de determinados delitos».
El abogado recalca que incluso las intervenciones solicitadas por el CNI –en las que no se da ese estricto control– han de ser «materializadas por funcionarios españoles y no pueden serlo por empleados de una empresa extranjera».
En el caso de Pegasus, Boye advierte de que, incluso en el caso hipotético de que la finalidad de su utilización se encuentre sustentada en motivos legales, «no resulta compatible con los principios rectores y presupuestos esenciales establecidos por la legislación y por la jurisprudencia para habilitar la limitación del ejercicio del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones mediante medidas de investigación tecnológica».
«PLANTAR» INFORMACIÓN
La querella explica que Pegasus «permite extraer, de forma remota y secreta, información ilimitada desde prácticamente cualquier dispositivo móvil, y a su vez, recopilar, clasificar y transmitir de un modo efectivo e integral los datos recogidos del dispositivo móvil para su ilegal análisis».
Destaca que Pegasus no solo tiene la posibilidad de «tener acceso ilimitado a toda la información de un sistema de información», sino que «también tiene la posibilidad de vulnerar la integridad de esa información, modificándola o contaminándola a su antojo mediante la introducción, incluso, de archivos o datos que nunca estuvieron en dicho dispositivo».
«Esta circunstancia eleva de un modo desmedido el riesgo de que este ‘software’ espía sea utilizado indebidamente por quienes realizan el ataque a los fines de contaminar y/o ‘plantar’ pruebas en los teléfonos atacados», afirma.
Así las cosas, Boye sostiene que la utilización de Pegasus «invalida cualquier investigación judicial contra una persona que haya sido objeto de ataques de este ‘software’ espía en sus dispositivos electrónicos, pues no podría asegurarse con certeza la integridad de la evidencia que se extraiga de aquellos, y por ende, la investigación correría la misma suerte».
