La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria en la carrera fiscal, ha ganado las elecciones al Consejo Fiscal, donde estaban en juego nueve asientos, ampliando su mayoría en un vocal hasta sumar seis, mientras que la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ha perdido la mitad, cayendo a dos, y la Asociación Profesional Independiente (APIF) ha logrado entrar en el órgano asesor de la fiscal general, Dolores Delgado, según las fuentes consultadas.
De acuerdo con los resultados provisionales apuntados por dichas fuentes, de los nueve vocales electivos, seis serían para la AF, dos para la UPF y uno para la APIF. A ellos se suman los vocales natos del Consejo Fiscal: el teniente fiscal del Tribunal Supremo y el fiscal inspector jefe, cargos que ahora ostentan María Ángeles Sánchez Conde y María Antonia Sanz, respectivamente.
Los vocales elegidos a propuesta de la AF, conforme a dichos resultados, serían Jorge Andújar, fiscal anticorrupción dedicado en los últimos meses a la investigación del ‘caso Villarejo’; Isabel Gómez, fiscal en Cuenca; Eva Más, de la Fiscalía de Sevilla; Miguel Rodríguez, de la Fiscalía de Asturias; Roberto Valverde, fiscal de criminalidad informática en la Fiscalía de Barcelona; y Beatriz Sánchez, de la Fiscalía de Las Palmas.
Por su parte, la UPF, de la que forma parte la propia Delgado, habría conseguido situar en el Consejo Fiscal a Santiago Mena, fiscal superior de Castilla y León; y a Yolanda Ortiz, delegada de medio ambiente en la Fiscalía de Sevilla.
Otra de las novedades de la jornada electoral que se vivió el miércoles en la carrera fiscal sería la irrupción de la APIF en el órgano consultivo, con un asiento que ocupará su portavoz, el fiscal del Tribunal Supremo Salvador Viada.
De confirmarse, estos resultados cambiarían la composición surgida de las urnas en 2018, que actualmente configuraba un Consejo Fiscal con cinco vocales electivos propuestos por la AF y cuatro por la UPF, sin que la APIF estuviera presente.
LAS FUNCIONES DEL CONSEJO FISCAL
El Consejo Fiscal, siempre presidido por el Fiscal General del Estado (FGE), tiene entre sus principales funciones la de asesorar a la FGE en cuantas materias ésta le someta, informar las propuestas pertinentes respecto al nombramiento de los diversos cargos, elaborar los informes para ascensos de los miembros de la carrera fiscal, y resolver los expedientes disciplinarios y de mérito que sean de su competencia, así como apreciar las posibles incompatibilidades.
También debe resolver los recursos interpuestos contra resoluciones dictadas en expedientes disciplinarios por los fiscales jefes de los distintos órganos del Ministerio Fiscal; instar las reformas convenientes al servicio y al ejercicio de la función fiscal; conocer los planes anuales de la Inspección Fiscal; conocer e informar los planes de formación y selección de los fiscales; y dirigir a la FGE cuantas peticiones y solicitudes relativas a su competencia considere oportunas.
Asimismo, el Consejo Fiscal se encarga de elaborar los criterios generales en orden a asegurar la unidad de actuación del Ministerio Fiscal, en lo referente a la estructuración y el funcionamiento de sus órganos. Y, en consecuencia, se ocupa igualmente de informar los proyectos de ley o normas reglamentarias que afecten a la estructura, organización y funciones del Ministerio Público.
‘STAMPA’ Y LOS NOMBRAMIENTOS
Esta renovación llega en un momento de tensión entre la FGE y la asociación mayoritaria, la AF. En febrero, se conoció que los vocales electivos de la AF en el Consejo Fiscal presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el anuncio de que recurren por la vía de lo contencioso-administrativo la decisión de Delgado de no facilitarles el expediente disciplinario relativo al que fuera fiscal anticorrupción en el caso ‘Villarejo’ Ignacio Stampa.
Fue en noviembre, cuando el caso ‘Stampa’ llegó al seno de este órgano consultivo para analizar la investigación abierta contra él por una supuesta revelación de secretos, que los vocales de la AF interesaron poder ver todas las diligencias y expedientes sobre Stampa. Ante una primera negativa, en diciembre reiteraron por escrito, esta vez ante la Inspección Fiscal, que deseaban poder tener acceso a esa documentación.
Además, el pasado 5 de abril la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo anuló el nombramiento de Eduardo Esteban Rincón como fiscal de Sala jefe de la Unidad Coordinadora de Menores del Ministerio Público, al entender que se dio una falta de motivación para que Delgado le propusiera para el cargo, respondiendo así a los recursos presentados contra ese nombramiento por la AF y uno de los aspirantes al puesto, el fiscal José Miguel de la Rosa.
