Las organizaciones, Alianza por la Solidaridad-ActionAid, Fundación Cepaim, Médicos del Mundo, Red Acoge y Asociación Rumiñahui, han presentado este jueves un informe que analiza el estado de cumplimiento de los compromisos del Pacto mundial de Migraciones en la política española y en el que han puesto un «suspenso» a España en esta materia.
El informe, respaldado por más de 70 organizaciones, contribuirá a la revisión que tendrá lugar durante el primer Foro Global de Examen de la Migración Internacional entre el 16 y el 20 de mayo, al que, según han explicado, España debe enviar su informe final y aún no lo ha hecho.
Las organizaciones impulsoras esperan que este documento sirva para «reorientar algunos aspectos fundamentales de la política migratoria española, en coherencia con los compromisos adquiridos».
«España sí ha realizado algunas reformas puntuales limitadas; sin embargo, no aborda los problemas más estructurales», ha explicado la directora de Desarrollo Estratégico de Red Acoge, Paloma García. A su juicio, «hay una inacción por parte del Estado a la hora de establecer vías regulares y seguras, y se sigue apostando por una política de cierre de fronteras que hace que la gente se siga jugando la vida».
CONTROL DE FRONTERA VS. DERECHOS HUMANOS
Además, las organizaciones se muestran muy críticas en relación a la legalidad de los rechazos en fronteras, lo que, según han apuntado, demuestra la existencia de una política con «un claro enfoque securitizador, que prioriza el control de fronteras sobre la salvaguarda de los derechos humanos de las personas migrantes».
En esta línea, el informe recoge una serie de propuestas que el Estado español debería implementar en materia de gobernanza de las fronteras para poner en el centro los derechos humanos.
El técnico de Incidencia de Médicos del Mundo, Pablo Iglesias, ha puesto el acento en que apenas se ha avanzado en la implementación de medidas legislativas para asegurar la protección de las personas migrantes, por lo que «una vez llegan a España se les condena a una vida fuera del sistema, con la grave situación de vulnerabilidad que eso conlleva».
Por ello, las organizaciones demandan un «cambio radical», tanto en el enfoque de las políticas migratorias adoptadas hasta el momento, como en la normativa de extranjería vigente, con el objetivo de orientar políticas públicas que garanticen una migración voluntaria y segura, así como la plena participación de la población migrante.
En este sentido, el informe también refleja que, si bien se han producido avances puntuales y de limitado alcance en determinadas cuestiones como la modificación del Reglamento de Extranjería con el fin de garantizar la documentación de todos los menores extranjeros bajo tutela estatal, sigue sin abordarse una reforma estructural de este Reglamento para garantizar vías regulares y seguras para las personas que extranjeras que quieren vivir y trabajar en España; además de otras cuestiones urgentes, como la exclusión sanitaria o la adopción de medidas concretas para acabar con las identificaciones policiales por perfil racial.
«Echamos de menos un Gobierno decidido a la hora de hacer políticas positivas para abordar la situación de vulnerabilidad de las personas migrantes. En vez de invertir en lo social, parece que acabamos por ‘policializar’ la situación sin atacar a las causas», ha incidido el presidente de Rumiñahui, Vladimir Paspuel.
