El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Justicia, el Proyecto de Ley por el que se modifica el Código Penal para la transposición de directivas europeas y perseguir fraudes realizados a través de medios de pago digital o a través de criptomonedas.
Según ha explicado el Departamento dirigido por Pilar Llop en una nota informativa, el objetivo de estas modificaciones es «cumplir con los compromisos normativos adquiridos con la Unión Europea» y adaptar la regulación a las «nuevas formas de delincuencia» para contribuir a la armonización de los ordenamientos jurídicos de los diferentes Estados de la Unión.
En concreto, el Proyecto de Ley transpone al ordenamiento jurídico español tres directivas comunitarias. La primera es la Directiva sobre lucha contra el fraude y falsificación de medios de pago distintos del efectivo, que busca frenar el crimen organizado y la ciberdelincuencia, especialmente la que se refiere al fraude digital, así como el uso fraudulento de medios de pago digital o de monedas virtuales.
En segundo lugar, se perfecciona la transposición ya efectuada de la Directiva sobre la lucha contra la corrupción económica, especialmente contra las prácticas contrarias a la competencia. Entre otras conductas, esta Directiva castiga el abuso de mercado que se produce mediante el uso de información privilegiada, lo que se conoce como ‘insider trading’, una práctica que atenta contra la transparencia y la seguridad de los mercados financieros.
ANTECEDENTES PENALES Y REGISTRO DE MENORES
Por último, la tercera transposición es la de la Directiva por la que se modifica la decisión marco en lo que respecta al intercambio de información de antecedentes penales de nacionales de terceros países y el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS).
«Con esta trasposición se avanza en la interoperabilidad de bases de datos con otros países de la Unión Europea, particularmente en lo que se refiere a los registros de antecedentes penales, con el objetivo de promover y agilizar la cooperación jurídica entre los países», recoge la nota de Justicia.
La Directiva dispone que en los certificados que se transmiten entre los países se incluya la imagen facial y huella dactilar con el fin de favorecer la retransmisibilidad de condenas entre Estados miembros de la Unión para luchar de manera efectiva contra la delincuencia organizada y el terrorismo.
Al hilo, el Ministerio creará un Registro de Menores y llevará un Registro Central de sentencias, medidas cautelares, requisitorias y rebeldías dictadas o acordadas en todos los procesos tramitados con arreglo a la Ley Orgánica.
El acceso a los datos de ese Registro se ajustará a lo establecido en la normativa que regule el Sistema de Registros Administrativos de apoyo a la Administración de Justicia y el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos.
Según ha precisado el Departamento dirigido por Llop, está previsto que el Registro Central de Menores entre en funcionamiento en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica.
