Los socios de Gobierno han reprochado este martes al PSOE que solo quiera agravar las penas por trata con fines de explotación sexual en el contexto de la guerra en Ucrania y no busque aplique el mismo trato a otras refugiadas de otros conflictos que también están en situación de vulnerabilidad.
Así lo han hecho en el Pleno del Congreso, en donde la Cámara ha debatido la toma en consideración de una proposición de ley socialista que plantea una modificación del Código Penal, en su artículo 177 bis.
En concreto, propone incorporar entre los agravantes para la pena superior en grado (una horquilla de ocho años y un día hasta doce años de cárcel) los casos en que «la víctima sea una persona cuya situación de vulnerabilidad haya sido originada o agravada por el conflicto bélico motivado por la invasión del territorio ucraniano iniciada el 24 de febrero de 2022 por tropas de la Federación Rusa».
En su intervención para defender esta iniciativa, la portavoz del PSOE en materia de Igualdad, Andrea Fernández, ha explicado que se trataría de una modificación «temporal» para 18 meses y que se realizaría como «consecuencia» de la «situación grave y excepcional» que viven las mujeres y niños del país ucraniano.
«En 2022 la violencia sexual sigue siendo un arma de guerra», ha denunciado Fernández en la tribuna del Congreso, antes de recordar los «incontables» testimonios de ucranianas que hablan de violaciones y torturas durante la guerra o la presencia de mafias en la frontera del país que «captan» a mujeres y niños que huyen del conflicto para la explotación sexual.
Según ha indicado, esta propuesta de ley viene a «reforzar la batería de medidas» que el Gobierno ha puesto en marcha tras la invasión de Rusia, entre las que, según ha apuntado, «ya hay acciones decididas para prevenir captación de mujeres». Sin embargo, con esta reforma, según ha indicado, se pretende «disuadir» a los agresores y «perseguir con más agilidad» a los que cometen este delito.
AMPLIAR LA COBERTURA
Pero, estas palabras no han convencido a la mayoría de los grupos que, si bien se han mostrado a favor de la puesta en marcha de medidas contra la trata, han discrepado con la postura del PSOE de limitar este cambio a las mujeres y menores desplazados por el conflicto en Ucrania.
Los propios socios de Gobierno de los socialistas le han afeado esta postura. La portavoz de Igualdad de Podemos, Sofía Castañón, ha defendido el criterio de «universalidad» que, a su juicio, debe regir en este tipo de medidas. Además, ha señalado que los ciudadanos no pueden tener la sensación de que se está legislando a golpe de actualidad.
Para ERC, el texto tiene «sesgo segregacionista» y «racista», además de suponer un «riesgo jurídico». Su representante en este debate, Carolina Telechea, ha preguntado al PSOE por qué «no han modificado el Código Penal» ante los conflictos de Yemen o Siria y, en este sentido, ha puesto el foco en el «beneficio millonario» que, a su juicio, estas guerras suponen para España en venta de armas.
¿POR QUÉ 18 MESES?
EH Bildu, por su parte, dice no entender «cómo se puede proponer» un texto que «hace diferenciaciones» entre «unas víctimas y otras». «Todas están indefensas, todas tienen el mismo sufrimiento», ha advertido la portavoz de la formación en esta materia, Bel Pozueta. Los independentistas vascos han relacionado su apoyo a la tramitación de esta medida con el compromiso del Ejecutivo para «ampliar» la propuesta a todas las refugiadas.
También el PNV ha criticado esta limitación pero, además ha rechazado que se busque una aplicación de solo 18 meses y no de una forma indefinida. Al respecto, su diputado Joseba Agirretxea ha anunciado que llevará enmiendas en este sentido durante la fase de negociación en el Congreso. De forma similar se ha expresado la portavoz de Igualdad de Ciudadanos, Sara Giménez, quien ha apuntado sobre la necesidad de hacer «mejoras» en la propuesta de ley en el ámbito jurídico y, también, en materia de extranjería.
«Admitiremos que se tramite, pero queremos abordar ciertas dudas», ha apuntado también el diputado de PDeCAT Genís Boadella, que se ha referido de forma específica a la decisión de que se aplique el agravante 18 meses. Su homóloga de Junts, Mariona Illamola, por su parte, ha señalado que se trata de «una cuestión de derechos humanos», por lo que «todas las víctimas», a su juicio, han de ser tratadas con «igualdad» y sus agresores recibir «las mismas penas», «vengan de donde vengan».
URGEN A APROBAR UNA LEY DE TRATA
Por otra parte, partidos como Ciudadanos o PNV han destacado la falta de una ley de Trata para luchar contra esta situación y han denunciado la situación del Ejecutivo en esta materia: con una ley integral contra la trata anunciada por Igualdad hace más de un año y una norma sobre el mismo tema anunciada por Justicia a principios de este año.
Esta misma situación ha sido recordada por la portavoz del PP en este debate, Marta González. La diputada ha mostrado el apoyo ‘popular’ a la iniciativa socialista, pero ha explicado al principal partido del Gobierno que la «herramienta más eficaz» contra este delito es «una ley» y ha acusado de «dejadez y abandono» al Ejecutivo en esta materia.
«No pueden escudarse en la incapacidad de sus socios de Gobierno», ha criticado González, para señalar al Ministerio de Igualdad, liderado por la ‘morada’ Irene Montero. Para la ‘popular’ esta ley «sobrepasa» las competencias del departamento de Igualdad y, a su juicio, debería ser Justicia o Interior quien liderase dicho texto.
También ha sido muy crítico con el Gobierno Vox, que ha asegurado el PSOE es «el partido de los traficantes y los tratantes» porque toma medidas que les «benefician». La representante de la formación en el debate, Rocío de Meer, ha señalado las política de «fronteras abiertas», el uso de ONG y sistemas de salvamento en el Mediterráneo, o el «discurso multicultural» de los socialistas, como «herramientas» que favorecen la actividad de estos delincuentes.
