La exjefa de ETA Iratxe Sorzabal ha pedido al Tribunal Supremo que le aplique la ‘doctrina Atristain’, en referencia a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que dio la razón a Xavier Atristain -también miembro de ETA– y condenó a España por vulnerar su derecho a un juicio justo después de que se le privara de un abogado de su elección durante las declaraciones que hizo en sede policial cuando estaba en régimen de incomunicación.
Fuentes jurídicas han confirmado que la defensa de Sorzabal ha presentado ante el Alto Tribunal el recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a la exjefa de ETA a 24 años y medio de prisión por dos atentados en Gijón, Asturias.
Las fuentes consultadas han precisado que el escrito se presentó cuando el fallo del TEDH aún no era firme y el Supremo estaba a la espera de que Estrasburgo se pronunciara sobre si admitía o no el recurso de España que, a través de la Abogacía del Estado, pidió revisar la sentencia.
Esta misma semana, el TEDH ha rechazado los argumentos de los servicios jurídicos españoles, por lo que el fallo que consideró vulnerado el derecho de Atristain ha pasado a ser firme. Ahora, el Supremo deberá pronunciarse sobre el recurso de revisión que presentó el etarra contra la sentencia por la que se le condenó a 17 años de prisión.
Atristain, sin embargo, no será el único esperando respuesta. Fuentes jurídicas han explicado que la defensa de Sorzabal ha alegado ante el Supremo que su caso es equivalente y que tampoco se cumplieron las garantías que establece el TEDH para un procedimiento justo.
La exjefa de ETA ha asegurado que durante cinco días estuvo bajo régimen de incomunicación en una dependencia de la Guardia Civil, donde declaró en varias ocasiones bajo «presiones, coacciones y torturas».
La semana pasada, después de que la Asociación de Víctimas del Terrorismo alertara sobre una posible excarcelación masiva por el fallo del TEDH, la asociación aseguró que el Ministerio de Justicia le había trasladado que si no prosperaba su recurso ante Estrasburgo, la sentencia no se aplicaría a otros etarras.
AVT PIDE NO ATENDER LA PETICIÓN
Ahora, la asociación ha remitido un escrito al Supremo, en el que se pronuncia sobre la petición de Sorzabal y pide al tribunal que la inadmita. Según ha defendido, en el caso de la exjefa de ETA las declaraciones que hizo en sede policial no se tuvieron en cuenta como prueba ni por las acusaciones ni por el tribunal de instancia para enervar su presunción de inocencia.
En el escrito, presentado antes de que la sentencia del TEDH pasara a ser firme, la asociación ha subrayado que ya la Audiencia Nacional concluyó que no había quedado plenamente acreditada la existencia de las torturas y presiones a las que hace referencia Sorzabal.
La AVT ha recordado que el propio TEDH permite la limitación del derecho a un abogado de confianza en aquellos supuestos en los que sea necesario. Así, la asociación ha insistido que se ha demostrado jurídicamente que existe una «red de apoyo y asistencia letrada» a los miembros de ETA que «han actuado como portadores de consignas a los propios detenidos.
24 AÑOS Y MEDIO DE PRISIÓN
La Audiencia Nacional condenó a Sorzabal a 24 años y medio de cárcel por los atentados que ETA realizó el 2 de noviembre de 1996 contra el Palacio de Justicia de Gijón y una farmacia de la ciudad asturiana que pertenecía al marido de una ex secretaria de Estado de Asuntos Penitenciarios.
Los magistrados impusieron a Sorzabal una pena de 17 años de cárcel por un delito de estragos terroristas en grado de consumación por el atentado contra el edificio perteneciente a Justicia, que aún no estaba en funcionamiento.
La organización terrorista colocó la bomba en la puerta principal del edificio de los Juzgados, que no estaba en uso, pero iba a ser inaugurado en fechas próximas. Además de los daños ocasionados al Palacio de Justicia, se produjeron desperfectos en vehículos estacionados en las proximidades y en edificios colindantes. Los daños en la sede propiedad del Ministerio de Justicia fueron valorados en un total de 277.962,64 euros, fijándose en un total de 12.212,96 euros los ocasionados en bienes de titularidad del Ayuntamiento de Gijón.
Por el ataque contra la farmacia, el tribunal le condenó a una pena de siete años y seis meses por el mismo delito en grado de tentativa en relación, puesto que la explosión no causó daños. La Audiencia Nacional, sin embargo, le absolvió del delito de pertenencia a organización terrorista después de que tanto la Fiscalía como la AVT retirasen la acusación por este delito.
