La Fiscalía y las acusaciones particulares han presentado este miércoles los informes finales en el juicio con tribunal de jurado contra Miguel G.R., acusado de asesinar a su hermana y a su sobrina en agosto de 2020 en Soutomaior, y han mantenido sus peticiones de penas (44 años de cárcel el ministerio público y 52 años las acusaciones particulares), alegando que el procesado las mató sin que tuvieran posibilidad de defenderse, y que luego «inventó una historia» sobre un supuesto ataque para justificar una legítima defensa y un miedo insuperable.
En su informe presentado en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra (con sede en Vigo), la fiscal ha mantenido que el 21 de agosto de 2020 las víctimas, Genoveva de 62 años y de edad y su hija Noelia, de 26 años, acudieron a casa de Miguel a recuperar una escalera y que el acusado les disparó un tiro a cada una, a poca distancia, afectándoles en órganos vitales, y sin que ellas tuvieran «la más mínima posibilidad de defenderse».
También ha señalado que tuvo tiempo, antes de que llegara su vecino Alfonso, de colocar los cuerpos, ponerles cerca una azada y un machete para simular que esos aperos eran de ellas, y tuvo «la frialdad» de «inventarse una historia» sobre una supuesta agresión por parte de las víctimas para justificar que les había disparado en legítima defensa. «Creó un escenario ficticio del crimen (…), pero su historia hace aguas por todas partes, se cae como un castillo de naipes», ha señalado la representante de la acusación pública, que ha añadido que «Miguel no las mató por miedo, las mató porque quiso, porque estaba harto de ellas, como él mismo reconoció».
A ese respecto, no ha dado crédito a las explicaciones del acusado, y ha recordado que las víctimas no pudieron entrar en su casa y agredirle porque no se encontró su ADN en la vivienda. Además, tampoco había rastros biológicos de Miguel en la azada ni en el machete con el que supuestamente lo atacaron (pero sí de ellas, en unas muestras de sangre).
Por otra parte, ha señalado que el acusado, al escuchar que se aproximaba su vecino, detonó la pistola otras tres veces, y salió a su encuentro alegando que acababa de dispararles, cuando en realidad las mujeres ya estaban muertas desde momentos antes. Con todo, reconoce que admitió su crimen y se entregó a la Guardia Civil, por lo que estima la aplicación de la atenuante de confesión.
«DOBLE ASESINATO VIL Y CRUEL»
Mientras, las acusaciones particulares, que representan a familiares y allegados de las víctimas, también han mantenido sus conclusiones y petición de penas, y han subrayado que Miguel G.R. no solo asesinó a su hermana y su sobrina, sino que «alteró» el escenario del crimen para trata de «eludir su responsabilidad».
Precisamente por esa manipulación deliberada, creen que no debe aplicarse la atenuante de confesión, y han subrayado ante el jurado que, «prueba tras prueba se ha ido desmontando su versión». «Fue un doble asesinato vil y cruel, él mismo lo reconoció, que les disparó ‘pum, pum'», han señalado los letrados, en alusión a la declaración del acusado, el primer día del juicio.
Estas acusaciones, al igual que la Fiscalía, también han incidido en que, según los informes forenses, Miguel G.R. no mostró nunca arrepentimiento, actuó «con extrema frialdad» y sabía en todo momento lo que hacía, porque sus capacidades no están afectadas ni por una patología psiquiátrica, ni por un miedo insuperable. También han coincidido en recalcar que las víctimas no pudieron atacar al acusado.
Uno de los letrados fue más allá y pidió a los miembros del jurado que no se dejaran «llevar por la pena» porque Miguel «no merece lástima ni compasión». «Estaba muy tranquilo, no mostró arrepentimiento. Mató a sangre fría, a modo de ejecución», ha censurado.
LIBRE ABSOLUCIÓN U HOMICIDIO COMO ALTERNATIVA
Mientras, la defensa del acusado también ha mantenido su posición y su versión de lo ocurrido: Miguel fue atacado por sus familiares, que acudieron a su casa armadas con aperos de labranza, se abalanzaron sobre él, y le destrozaron las pocas pertenencias que tenía en su infravivienda.
La abogada de Miguel G.R. ha reiterado que éste es una persona «muy vulnerable», que ha tenido problemas con las drogas, que está incapacitado por problemas de salud, y que vio cómo su hermana y su sobrina pretendían que se derribase su vivienda ilegal. «Es un hombre solo, vive aislado, y fue drogadicto, por eso parece que tiene la culpa de todo (…). Tiene una pensión muy pequeña, ¿a dónde iba a vivir?», ha cuestionado.
Tras insistir en que la relación del acusado y las víctimas era «malísima» y en que las mujeres fueron a su casa a atacarle, ha apuntado que Genoveva y Noelia pudieron haber cogido la escalera que supuestamente iban a buscar a la vivienda de Miguel. «¿Por qué no la cogieron y se fueron? ¿Por qué fueron allí con esa azada y ese machete? ¿Qué otra opción tenía Miguel? Se defendió él y lo suyo», ha concluido.
La letrada ha puesto en valor que su defendido «colaboró con la Justicia», que no quiso eludir su responsabilidad, pero ha puntualizado que, si tuviera intención de matarlas, «pudo haberlo hecho antes» (tenía la pistola desde 2018) y «de otra manera, sin exponerse a todo esto». «Es verdad que dijo que estaba harto de ellas. Fue sincero, pero hay que ponerlo en su contexto», ha añadido, antes de insistir en que Miguel «les dio la oportunidad de que se fueran porque no quería problemas».
Finalmente, ha rechazado la descripción hecha de su cliente por las acusaciones, y ha lamentado que «lo pusieron como una persona conflictiva y sin empatía, cuando no es verdad», como demuestra la buena relación que tenía con sus vecinos, e incluso con los hijos menores de éstos.
La defensa ha pedido la libre absolución y, alternativamente, una condena por homicidios, no por asesinatos, con las atenuantes de confesión, y las eximentes incompletas de legítima defensa y miedo insuperable. El acusado, por su parte, ha rechazado hacer uso de su derecho a la última palabra, alegando que su declaración ya estaba grabada desde el primer día del juicio.
Este jueves se ha convocado a los miembros del jurado para las 10,30 horas, con el fin de hacerles entrega del objeto de veredicto, es decir, el cuestionario que deben responder para determinar si los hechos están o no probados. Aquellos hechos que perjudiquen al reo necesitan de 7 votos para considerarse probados (de los 9 que componen el jurado), mientras que los hechos que lo beneficien solo requieren de 5 votos favorables para ser estimados.
A partir de ese momento, el tribunal popular quedará aislado para deliberar, a la espera de que tengan el veredicto. A partir de esa resolución, la sección quinta de la Audiencia Provincial redactará la sentencia.
