La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha avanzado este jueves que Unidas Podemos cuenta el «compromiso» de su socio de Gobierno y que han alcanzado un acuerdo para llevar un texto conjunto de la Ley de Familias al Consejo de Ministros en el próximo mes de septiembre.
«Esta va a ser una negociación difícil y necesitamos todo el apoyo que podamos recibir», ha afirmado la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, durante su intervención en el acto ‘Un país para todas las familias’ con motivo del Día Internacional de las Familias en el que también ha participado la ministra de Igualdad, Irene Montero.
Para la ministra Belarra, «dado que es un compromiso del acuerdo de coalición, dado que es un compromiso del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es muy buena noticia» que ya haya un compromiso sobre la fecha para llevar este texto «tan necesario y tan urgente» a la mesa del Consejo de Ministros.
«Yo me siento especialmente orgullosa de formar parte de un país que ha asumido con total naturalidad los cambios en los modelos de familia, que ha asumido con naturalidad que ahora tenemos muchas formas de convivir y creo que ya es hora de que las instituciones seamos capaces de estar a la altura de nuestra gente, de estar a la altura del país que tenemos», ha declarado Ione Belarra.
EQUIPARACIÓN DE PROTECCIÓN PARA FAMILIAS MONOPARENTALES
Entre otras cosas, la titular de la cartera de Derechos Sociales ha destacado que la propuesta de Unidas Podemos para la Ley de Familias es que extienda la protección de las familias monoparentales y que se igualen «de una vez por todas» esos permisos de nacimiento a las de las familias biparentales. «Los niños y las niñas que crecen en una familia monoparental no tienen por qué tener menos derechos que los hijos y las hijas de las demás familias», ha subrayado.
También considera que las familias monoparentales y monomarentales de dos hijos o hijas tienen que equipararse a las familias numerosas «como una manera de ayudar a equilibrar la balanza, y a que haya una protección extra para familias que tienen mucho más difícil criar», y que España tiene que tener una renta crianza de 100 euros al mes por hijo o hija cargo, que se incremente hasta los 125 euros en el caso de que una de las personas que haya la familia tenga discapacidad.
«No queremos familias exhaustas, no queremos familias que pasen más tiempo en la oficina que cuidando de sus hijos e hijas», ha afirmado Ione Belarra, quien defiende la necesidad de una corresponsabilidad entre el Estado y familias, de manera que la conciliación no recaiga «en los brazos de los abuelos y las abuelas, en los brazos de las escuelas». Así, ha agregado que la Ley debe incluir una ampliación de los permisos de nacimiento o adopción hasta las 24 semanas y un permiso de cuidados de 7 días al año que permita cuidar de los niños, parejas, personas mayores y convivientes.
Belarra ha hecho hincapié en que 12.000 millones de euros es lo que deja de invertir España al año en políticas de protección a la infancia y la familia, lo que «explica cifras tan dolorosas» como el tercer puesto de la Unión Europea (UE) en pobreza infantil. «Yo creo que no nos lo podemos permitir como país», ha recalcado, para después añadir que uno de cada dos hogares monoparentales vive en riesgo de pobreza o exclusión, «una situación que es absolutamente insostenible».
Por su parte, la ministra de Igualdad ha clausurado la jornada con una intervención en la que ha asegurado que la norma va a generar «debate social» y que es «profundamente ideológica» y «feminista». Para Montero, la norma es «compleja» y reconoce derechos que «hasta ahora» en España había sido «impensable».
«Es una ley, en realidad, profundamente ideológica, porque con esta ley estamos legitimando, como Estado, como instituciones, el derecho de todo el mundo a ser quien es, sin que por ello tenga que ver mermados sus derechos y el derecho de todo el mundo a formar la familia que quiera», ha asegurado Montero.
MAYOR NÚMERO DE DERECHOS PARA TODAS LAS FAMILIAS
La ministra de Igualdad ha manifestado su intención de llevar «esa negociación hasta el final» para que sea una ley «lo más completa, lo más ambiciosa, lo más valiente posible y para reconocer el mayor número de derechos posibles para todas las familias».
Nacho Álvarez ha declarado que es «tarea» del Gobierno adaptar el marco normativo «a los propios cambios y a la propia evolución que las familias están experimentando en esta España moderna del siglo XXI», así como adecuar el sistema de protección «a esa realidad de familias plurales». «Valga para muestra un botón. Hoy, en nuestro país, el 50 por ciento de las niñas y de los niños que nacen, lo hacen fuera de unidades matrimoniales y, sin embargo, esos niños y esas niñas no tienen los mismos derechos», ha remarcado el secretario de Estado.
El acto también ha contado con las intervenciones de varios representantes de colectivos de la sociedad civil como la directora de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), Amaia Echevarría; la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, Carmen Flores; el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra; el director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera; la activista y presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), Uge Sangil; y la periodista especializada en familias e infancia Diana Oliver.
La directora de la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), Amaia Echevarría, ha afirmado que «es responsabilidad de los poderes públicos asegurar la protección social, económica y jurídica de las familias y por ello es preciso dar respuesta a esa nueva realidad social mediante un marco legislativo que reconozca y equipare en derechos a la diversidad familiar». Según Echeverría, la norma ha de incluir financiación y perspectiva de género.
En esa misma línea se ha expresado la presidenta de la Federación de Asociaciones de Madres Solteras, Carmen Flores, quien también ha defendido esta necesidad. Además, considera que la ley tiene que contemplar la perspectiva de infancia y que los menores no estén «en desigualdad de condiciones, independientemente de la familia de la que formen parte, independientemente del estado civil». «No podemos estar hablando de que haya diferencias entre personas casadas, separadas, divorciadas, solteras, momoparentales», ha reivindicado.
Desde la Plataforma de Infancia, su director Ricardo Ibarra ha manifestado que la organización quiere que esta Ley de Familias dé «un paso significativo» en igualar a España con el resto de Europa y «en garantizar que el bienestar de un niño y una niña no depende de donde nazcan». «Esperemos que esta ley vea la luz pronto y desde las organizaciones de infancia trabajaremos mucho y muy activamente para que sea una realidad», ha declarado.
El director ejecutivo de UNICEF España, José María Vera, ha puesto de relieve la necesidad de un incremento en la inversión en la protección social y en la protección infancia y que «se pueda garantizar una prestación por crianza universal, empezando con el cero tres años, pero que pueda seguir creciendo año a año»; asegurar que los niños y las niñas se pueden desarrollar en un entorno de cuidados; y el reconocimiento legal en el acceso a prestaciones y servicios de todas las familias.
Finalmente, según ha apuntado Uge Sangil, la protección por parte del Estado «de todos los numerosos modelos de familia» es lo que justifica una ley como ésta, que va de «igualdad», «dignidad» y «diversidad». «Es una ley de ampliar derechos», ha zanjado.
