La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) ha criticado que «no se han desarrollado las bases para que la sanidad pública asuma directamente la prestación sanitaria de interrupción voluntaria del embarazo».
A través de un comunicado, lamentan además que la Ley actual ya contempla en su articulado que se primen los centros públicos frente a los centros concertados.
«Sin embargo, dicha disposición no se ha cumplido, entre otras razones porque la Sanidad Pública no ha hecho un trabajo previo que asegure el relevo: no se han creado unidades multidisciplinares integradas por profesionales comprometidos/as con la situación de la mujer, ni formados/as en todos los métodos, capaces de garantizar la seguridad sanitaria, la libertad de elección, la intimidad y el acompañamiento», detallan.
Al respecto, advierten de que la nueva Ley del Aborto sea «una salida en falso que pasa por generalizar el método farmacológico en detrimento del instrumental en los centros públicos, con lo que se garantizaría la accesibilidad, pero evidentemente se perdería calidad y seguridad sanitaria, no pudiendo elegir la mujer el método más acorde con sus circunstancias médicas y personales».
«Si eso ocurre, sin duda estaríamos hablando de un retroceso, ya que las técnicas de IVE deben convivir en beneficio de la salud de la mujer, tal y como establece la Organización Mundial de la Salud (OMS)», insisten al respecto.
Igualmente, observan «con perplejidad» que se apueste por la regulación de la objeción de conciencia como el instrumento fundamental para «llevar a la Pública» la prestación de IVE sin tener en cuenta que esa objeción de conciencia «no es de naturaleza eminentemente moral o ética sino profesional: hacer abortos no suma en mi trayectoria profesional porque no es una práctica normalizada ni desde las carreras de la salud ni desde la especialización». «No considerar esa condición es cerrar los ojos a una realidad generalizada y desenfocar la solución», apostillan.
En cuanto a la decisión de elaborar una nueva ley que derogue la de 2010 para blindar el derecho al aborto y los plazos antes de lo que pueda resolver finalmente el Constitucional sobre el recurso del PP, ACAI considera que «muy probablemente esta decisión no será efectiva, ya que nada nos hace pensar que el Partido Popular y la ultraderecha no vayan a impugnar la nueva norma».
«Por lo que, en todo caso, lo único que se conseguirá es un aplazamiento, una prórroga que alargará la incertidumbre y la inseguridad jurídica para mujeres y profesionales», consideran.
ACAI sí valora «positivamente» que se devuelva a las mujeres de 16 y 17 años la libertad para decidir sobre su gestación, un cambio que «viene a corregir una anomalía que abocaba, especialmente a las mujeres de esta edad en situación de desprotección, a situaciones de riesgo e inseguridad».
La asociación también considera «oportuna» la supresión de los tres días de reflexión y la obligatoriedad de la información previa que «solo servían para alargar un proceso que debe ser corto en los tiempos, toda vez que las decisiones de las mujeres son maduras y meditadas».
También ven «positivo» que se contemple un permiso retribuido tras la intervención. «Si bien nuestra experiencia nos ha evidenciado que la mayoría de las mujeres por razones laborales, personales o motivadas por el deseo de mantener su privacidad quieren incorporarse de manera inmediata a su vida cotidiana», precisan.
